Después del ataque del presidente Javier Milei a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, el médico y fundador de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, Horacio Joffre Galibert, expresó su preocupación por la utilización de la figura de un menor en una disputa política. “Estamos atravesando una realidad muy dura, y esto solo incrementa la sensación de abandono”, señaló, entrevistado en la 750.
El episodio se produce en un momento de alta tensión para las familias de personas con discapacidad. Desde hace meses, asociaciones y centros terapéuticos advierten por la falta de actualización del nomenclador nacional, que regula los valores pagados por el Estado a profesionales e instituciones. Según estimaciones del sector, el retraso supera el 70% frente a la inflación acumulada, y muchas instituciones se ven forzadas a reducir servicios o cerrar.
A estas dificultades se sumaron declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spanuolo, quien habría afirmado en una reunión que “el Estado no tiene la culpa de que hayan nacido con discapacidad” y que eso representa “un problema familiar, no un privilegio a financiar”.
Galibert remarcó que su asociación no responde a partidos políticos, pero sí toma posición ante situaciones que afectan los derechos de las personas con discapacidad. “Cuando se vulnera la dignidad de nuestros hijos, no podemos quedarnos en silencio. No estamos pidiendo favores, estamos reclamando lo que por ley corresponde”, sostuvo.
La crisis también se refleja en lo cotidiano: muchas familias deben recurrir a redes de solidaridad para costear terapias, medicamentos o traslados. “En muchos casos, las organizaciones terminan armando bancos de tiempo, compartiendo recursos, reemplazando lo que debería garantizar el Estado”, explicó.
Además del impacto económico, desde el sector advierten sobre las consecuencias simbólicas de los mensajes oficiales. “Cuando un niño como Ian es señalado públicamente por reclamar derechos, el mensaje hacia toda la comunidad es negativo. Se naturaliza que exigir lo que corresponde puede ser motivo de burla o agresión”, alertó Galibert.
Ante este panorama, distintas organizaciones convocaron a una jornada de visibilización para exigir la actualización de los aranceles, una respuesta del Estado y el respeto a los derechos adquiridos. “La inclusión no puede depender del esfuerzo individual de las familias. Es una responsabilidad colectiva”, concluyó Galibert.
