A través de un comunicado que lleva la firma de todos los obispos católicos de Chubut , la Iglesia Católica volvió a expresar su rechazo por la iniciativa que considera “inconsulta” del gobernador Mariano Arcioni para impulsar la aprobación de proyectos de megaminería en esa parte del país. “Proponemos que todo cambio en el uso de los recursos naturales de la provincia esté generado por un debate que incluya a todos los actores sociales y se proponga como condición necesaria alcanzar la licencia social antes de elevar un proyecto de ley al Poder Legislativo”, dice el texto que lleva la firma de titular de la diócesis de Comodoro Rivadavia, obispo Joaquín Gimeno Lahoz, de sus obispos auxiliares y del obispo prelado de Esquel, José Slaby.

El 20 de noviembre pasado, el gobernador Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto denominado “desarrollo industrial minero metalífero sustentable”,  que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, habilitar zonas de la provincia para la megaminería dejaron atrás una prohibición que rige desde el 2003 por la ley provincial 5001. Según la disposición esa excepción solo podría haberse ejecutado en los 120 días posteriores a la promulgación de la norma. No obstante, Arcioni quiere hacerlo 17 años después, y luego de haber ganado las elecciones con una campaña antiminera. La punta de lanza del extractivismo en Chubut sería permitir la explotación en la meseta para extraer plata, plomo y cobre a cielo abierto.

Las asambleas del “No a la Mina” se manifestaron a través de movilizaciones multitudinarias , y de manera simultánea a la propuesta del gobernador, presentaron en la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar los “baches” de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras.

La manifestación pública de los obispos está motivada ahora por una convocatoria de la provincia a “charlas informativas sobre el proyecto de ley que introduce la posibilidad de la minería a cielo abierto”. En su declaración, la jerarquía eclesiástica de Chubut reconoce la importancia del diálogo que antes fue reclamado por ellos mismos para llegar a acuerdos sobre los proyectos mineros en la provincia, pero advierten que “debatir no es lo mismo que informar; supone distintas metodologías donde no es suficiente una disertación unilateral y luego sólo responder preguntas y cuestionamientos”.

“Estamos convencidos de lo imprescindible que es escuchar la voz de los pueblos originarios de manera representativa, plural, ordenada y sistemática; que busque cumplir con los protocolos de los consentimientos informados y evite las presiones”, sostienen los obispos. Reclaman al mismo tiempo que “este proceso sea previo a la elaboración de cualquier proyecto que cambie la matriz productiva y que los incluya en su elaboración. No es lícito ningún proyecto sin contar con ellos en todo el proceso” y “lo mismo decimos de la asamblea ambiental, de movimientos, etc., que le han dado una enorme riqueza a la reflexión en el trascurso de los últimos años”, agregan.

Desde tiempo atrás los obispos vienen manteniendo una tenaz oposición al proyecto y el 27 de noviembre pasado emitieron un comunicado , en el que no solo dijeron “no al proyecto y no a la metodología para impulsarlo”, sino que se comprometieron a un “no, activo y movilizado, acompañando a miles en las calles”.

El pronunciamiento les valió el rechazo de Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), quien en otro comunicado titulado "Otra vez al frente de la violencia",  acusó a los obispos de “ideologizados, simuladores, sin palabra y sin razón” que “siguen con una Cruzada en que la Verdad, sinónimo de ciencia, es bastardeada” y “en nombre de un Dios que no es el de los buenos católicos, se sienten con derecho a convertirse en censores de la democracia y la constitución”.

En aquella oportunidad los obispos católicos contaron también con el acompañamiento de la Iglesia Evangélica Metodista, que a través de una carta pastoral que lleva la firma del obispo-pastor Américo Jara Reyes,  denunció “el señalamiento y la estigmatización que vienen realizando desde su gestión (la del gobernador Arcioni) sobre ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos”, indicando a su vez que “la convivencia democrática implica necesariamente el diálogo y la búsqueda de consensos con los sectores que piensan de manera diferente”.

En la misma ocasión los metodistas propusieron “la realización de un Plebiscito Provincial Vinculante, donde la población pueda expresarse ampliamente sobre la cuestión minera”.

En el mismo sentido se expresan ahora los obispos católicos. “Nos preguntamos también, por el envío a la legislatura del pedido de una consulta popular; reafirmamos lo expresado en varias oportunidades en la última década: nos asombra que estos pedidos que han entrado a la legislatura cumpliendo todos los requisitos previstos por nuestra constitución, no encuentren el eco necesario para debatirlo”. Y agregan que “al ser el objeto de la iniciativa popular un proyecto antagónico al propuesto por el Ejecutivo, es inquietante que no se le dé igual jerarquía en su tratamiento conjunto siendo que se inhabilitan mutuamente”.

Los obispos católicos dicen hacer pública su posición dado que no han recibido invitación formal al diálogo y que se han enterado de la iniciativa a través de los medios. Por eso, afirman, “hacemos nuestro humilde aporte de lo que entendemos convertiría esta supuesta invitación en un genuino itinerario representativo, republicano y democrático”.

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