El parlamento portugués aprobó la ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades terminales. La decisión de promulgar o vetar la ley ahora está en manos del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, recién electo para cumplir un segundo mandato.
Desde el Palacio de San Bento ubicado en la capital Lisboa y actual sede del Parlamento de Portugal aprobaron la ley de “muerte asistida”. Con 136 votos a favor, 78 en contra y cuatro abstenciones el texto logró ser aprobado. La última vez que se debatió en el parlamento fue en 2018 y no había logrado ser aprobado por cinco votos. El mandatario conservador, Marcelo de Sousa decidirá si la ley será promulgada, sometida a revisión de la Corte constitucional o vetada. De Sousa, conservador y católico -como gran parte de la población portuguesa- logró su reelección como jefe de Estado la semana pasada con un 61 por ciento de los votos.
La ley aprobada por diputados prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una “situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles” o que estén afectados por una “enfermedad incurable” puedan recurrir al suicidio asistido. Asimismo, el texto establece que la “muerte asistida” podrá ser practicada en centros de salud nacionales y privados que estén autorizados para la práctica. También podrá ser en un lugar “elegido por el paciente”, siempre que existan “condiciones clínicas y confort adecuado"
La normativa determina que la solicitud del enfermo deberá ser validada por varios médicos y con un psiquiatra en caso de que existan dudas sobre la capacidad de la persona de elegir “libre y consciente”. En total el paciente deberá con dos informes favorables y un tercero brindado por un médico psiquiatra. Una vez que se cuente con los tres informes un Comité de Expertos será el encargado de emitir el cuarto informe. Por otra parte, una vez llegado el momento, el médico del paciente está obligado a confirmar por última vez la decisión del paciente frente a testigos.
En el caso de que el paciente pierda la conciencia, el proceso se detiene de manera inmediata. Los médicos y enfermeros podrán argumentar objeción de conciencia para no aplicarla, teniendo la obligación de derivar al paciente a profesionales que sí lleven a cabo esta práctica.
La votación de la ley se llevó adelante en tres turnos, esto fue parte de las regulaciones para prevenir contagios de Covid-19. Los dos principales partidos políticos -partido Social Demócrata (PSD) y partido Socialista (PD)- permitieron a sus diputados votar “en conciencia”, esto se tradujo en conservadores que respaldaban la medida (14 parlamentarios del PSD) y socialistas que se opusieron a ella (ocho parlamentarios del PS votaron en contra). Sin embargo, la mayoría de los votos en contra vinieron del partido oficialista con un total de 55 votos negativos.
Portugal aspira a ser el cuarto país de Europa en despenalizar la eutanasia, con una norma que abre la posibilidad a que las personas mayores de 18 años con enfermedades incurables o situaciones de sufrimiento grave soliciten asistencia a un médico para quitarse la vida. Finalmente, el total de votos a favor vino de las siguientes fuerzas políticas: Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, Partido de defensa de los derechos animales (PAN) y de los 14 diputados del Partido Social Demócrata.
La ley abre la posibiidad de que los mayores de 18 años con enfermedades incurables o en situaciones de sufrimiento grave puedan recurrir a un médico para quitarse la vida. Además, contempla por un lado, la eutanasia (cuando un médico administra las drogas al paciente) y por otro lado, la muerte asistida (cuando el mismo paciente se administra las drogas bajo supervisión médica). La normativa también busca poner fin a las penas de entre uno y ocho años de cárcel para quienes asisten a una persona a morir
