Ante el pedido de información sobre los testeos a docentes que hizo el juez Andrés Gallardo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reaccionó diciendo una cosa y haciendo la opuesta. Los dos funcionarios a los que el juez había convocado a una audiencia --la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el de Salud, Fernán Quirós-- respondieron en una conferencia de prensa que no tenían problema en ir a la audiencia y dar toda la información que requiriera el juez. Pero, pocas horas más tarde, recusaron a Gallardo para que no pueda resolver en la causa. Uno de los argumentos del escrito de la recusación fue que "de acuerdo a transcendidos periodísticos, ya tendría decidido suspender el inicio de clases". Es decir, que utilizaron una fake news como argumento para apartar al magistrado. La causa fue a sorteo mientras se define la recusación solicitada por el gobierno porteño.

La causa se inició cuando Gallardo recibió una solicitud de amparo por parte de un representante del sindicato Sutecba, quien, en función del peligro que pueden correr los auxiliares de portería, solicitó que se suspenda el inicio de clases presenciales en caso de que no haya un sistema de testeos organizado. El juez no tomó ninguna decisión, sino que solicitó información al gobierno porteño y citó a Acuña y Quirós a una audiencia la semana que viene. Fue suficiente para que lo recusen.

Durante las horas posteriores a que el juez dictara esa resolución, el martes, algunos portales cercanos al PRO publicaron titulares en los que aseguraban que el magistrado había suspendido el inicio de clases, lo que era una noticia falsa. Otros medios sostuvieron que ya tenía decidido suspender las clases, algo incomprobable. No obstante, el gobierno porteño la iba a usar al día siguiente para fundar su recusación.

El discurso desplegado por los ministros fue contradictorio con esa decisión. En la conferencia conjunta que dieron por la mañana, tanto Acuña como Quirós aseguraron que estaban dispuestos a dar toda la información y hasta a concurrir a la audiencia. Acuña no pudo ocultar su enojo con el juez: "Habría que preguntarle a él cuál es la intencionalidad; la nuestra es que empiecen las clases y vamos a trabajar en ese sentido. Si eso implica volver a generar información para dársela al juez, se la daremos; si eso implica que nos cite a 100 audiencias, iremos a 100 audiencias". Pese a las hipérboles, la estrategia fue la contraria: recusar al juez y no dar ninguna explicación.

Quirós, en un tono más amable, aseguró: "Hasta donde entiendo, el juez pide cuál es la estrategia de testeo. Estamos dispuestos a explicarle a la Justicia en detalle la información técnica, el aval científico y las razones académicas y sanitarias por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva. Si la Justicia requiere información, lo vamos a hacer todas las veces que lo requiera". Sus palabras no explicaron, entonces, por qué --si estaban dispuestos a dar toda la información-- en lugar de eso recusaron al juez.

Quien se ocupó de hablar de esto en público fue el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: "Es nuestra responsabilidad recusarlo en este caso porque está en juego la educación de los chicos, sobre todo después de un año como el 2020, que no se puede repetir. Estamos trabajando para generar la condiciones para que los chicos tengan clases presenciales de manera segura y cuidada", dijo. No sumó argumentos a por qué se recusaba al juez.

Las razones llegaron en el texto de la recusación y algunas de ellas son novedosas. Por ejemplo, el que asegura que "de acuerdo a transcendidos periodísticos acaecidos al tiempo de presentación de la presente recusación, (el juez) ya tendría decidido suspender el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires". El escrito incluso adjunta notas de medios afines al PRO que afirmaron eso. De esta forma, un trascendido en un diario o una noticia falsa pasan a tener valor de prueba para decidir qué juez puede resolver en una causa. Y la afirmación sobre una acción futura no ocurrida que no complacería al gobierno porteño es también un motivo válido.

Otras partes del escrito hacen referencia a cuestiones que serían "claras" o "conocidas por todos", sin mayores fundamentos. Por ejemplo, dice que "es fácil advertir que el Juzgado, en virtud de la clara enemistad que demuestra mediante la resolución, ha comenzado su actuación en un claro perjuicio a la Administración, lo que no sorprende por tratarse de una actitud habitual del Juzgador a la hora de resolver en procesos que hacen a las políticas educativas de la Ciudad". O también: "Es ampliamente conocido el manifiesto malestar que al magistrado le provocan las acciones de gobierno". Lo llamativo: en lugar de presentar alguna prueba de esto, durante 23 páginas hace un largo racconto de las medidas ordenadas por Gallardo que molestaron a la gestión PRO. Es decir, al final del texto, parece dejar probado el malestar que le provocan... al gobierno porteño las acciones de Gallardo. 

Sobre el final, ya en un pico de las hipérboles, el escrito sostiene que "el Dr. Gallardo se convierte ya no solo en parte, sino en el propio Estado". Todo esto, por un pedido de informes sobre el plan de testeos para quienes trabajaran en las escuelas.

En el mismo texto, también se quejan de que no citaron a los fiscales, cuya cabeza está en manos de un funcionario PRO, y de que Gallardo convocó a los gremios docentes por si tenían algo que decir en la causa.

No es la primera recusación que recibe Gallardo de la gestión PRO. Es más: ni siquiera es la número 700. En 2016, Gallardo hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño en la que advirtió que en los ocho años de gobierno de Mauricio Macri había sido recusado en 771 causas. En muy pocas consiguieron la recusación, pero el mecanismo funciona para frenar el expediente. “Afecta mi independencia como magistrado comprometiendo el desempeño de mis funciones”, remarcó en su momento Gallardo. En el primer año de gobierno de Macri, el entonces procurador, Pablo Tonelli, hizo algo inédito: recusó a Gallardo en absolutamente todas las causas que tenía en ese momento (unos 400 expedientes).

Larreta parece seguir sumando a la lista. Con esta recusación, consiguió apartar por el momento a Gallardo de la causa. Un nuevo juez o jueza deberá entender en la materia, mientras se sortea la cámara de apelaciones que resolverá la recusación. En el PRO cruzan los dedos para que sea una de las dos que les fallan siempre a favor.