La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana y Libres y Diverses anunció que formalizará hoy un pedido de información al Ministerio de Salud Pública de Salta en el marco de la reciente aprobación y puesta en vigencia de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostienen que ya están acompañando pedidos de IVE, reclaman que se contrate a personal médico no objetor en los hospitales y centros de salud, sobre todo del interior, para garantizar la práctica. Y además exigen que el personal de las instituciones sanitarias tenga formación en género.
Mumalá anunció que pedirá información pública sobre los protocolos diseñados para la implementación de IVE, los roles del primer, segundo y tercer nivel de salud y los protocolos vigentes para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), autorizado para casos en que el embarazo representa peligro para la vida o la salud de la mujer, o si el embarazo proviene de una violación. También solicitará datos del Registro Público de Objetores de Conciencia, qué mecanismos se implementarán para la derivación de casos y con qué equipos de ginecología y obstetricia que no sean objetores de consciencia cuenta el Ministerio.
"Nos parece importante ver cuál es el mecanismo de la implementación de la IVE, de la difusión de la ley y la capacitación en el sistema de salud", dijo a Salta/12 Malvina Gareca, referenta de Mumalá. También dijo que requerirán conocer cuáles van a ser los "canales de comunicación locales para consultas, información y denuncia de obstaculizaciones en la implementación de IVE e ILE".
Gareca sostuvo que el rol de las organizaciones sociales ahora con la promulgación de la ley de aborto voluntario es el de "monitoreo sobre el cumplimiento de la ley, seguimiento y acompañamiento para que sean menores los obstáculos". Contó que en la organización han recibido consultas por la IVE y que las dudas tienen que ver con el proceso burocrático y el hecho de que se sabe que hay objetores de conciencia en las instituciones sanitarias.
Mumalá también incorporó a su pedido de informe, la pregunta sobre cuáles van a ser las estrategias para la inclusión en el acceso a IVE e ILE de varones trans y demás identidades gestantes.
Otro de los pedidos de Mumalá, es por la "disponibilidad y distribución de anticonceptivos en el territorio provincial garantizados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva".
"Como organizaciones de la sociedad bregamos desde hace años por el cumplimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, en absoluta sintonía con lo dispuesto en convenios internacionales con rango constitucional en Argentina. La ley 27.610 es el fruto de la lucha y el esfuerzo de varias generaciones, su aplicación se verá enriquecida con la activa participación de la comunidad. Ejercicio que sin duda fortalecerá nuestra democracia. Hoy más que nunca 'Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir'", manifestó Mumalá.
Por otra parte, la referenta de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta, Mónica Rodríguez, pidió que la Provincia adhiera al último protocolo de la Nación para las interrupciones legales de embarazos y que del mismo modo adhieran al que se establezca a nivel nacional para la IVE. Contó que las IVE ya se están realizando y que las llamadas a la línea de salud sexual y reproductiva de la Nación con estos pedidos están siendo recibidas en el marco de la ley 27.610. En ese sentido indicó que en las llamadas ya no les solicitan a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que expresen causales, salvo en los casos en que exceden las 14 semanas de gestación.
Rodríguez dijo que en el Hospital Materno Infantil faltan más profesionales, y en particular indicó que en el Hospital Papa Francisco hasta el año pasado le informaron que todos los profesionales médicos eran objetores. Con este panorama, añadió que es necesaria una inversión política para incorporar nuevos profesionales, destacando la importancia de que las pacientes no deban trasladarse de un lugar a otro para acceder al derecho reconocido en la ley 27.610. También señaló la necesidad de que las obras sociales tengan adheridos profesionales médicos no objetores para garantizar la práctica. Otra de sus recomendaciones es la implementación de capacitación de género con la aplicación de la Ley Micaela, para todo el personal sanitario, y que ofrezcan atención con empatía.
Por otro lado Rodríguez, advirtió que Salta es una provincia provida y por ello "van a poner énfasis en que hay que cuidarse y en la educación, pero es necesario que inviertan en métodos anticonceptivos de primera calidad".
En el mismo sentido, informó que siguen militando en consejerías comunitarias de salud sexual y reproductiva, brindando asesoramiento y acompañamiento para que se garantice el acceso a la IVE. "No nos quedamos calladas frente a la violencia institucional y la violencia obstétrica", expresó y señaló que esto también es parte de la lucha que siguen dando.
