Producción: Florencia Barragan

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Alguien tiene que ceder

Por Victoria Giarrizzo*

Un día se reúnen industrias, comercios, productores agropecuarios, exportadores, importadores, empresas de servicios públicos, trabajadores independientes, asalariados, gremios, rentistas, bancos y gobiernos, con una determinación: bajar la inflación. En el encuentro cada parte debe poner sobre la mesa lo que puede ceder y lo que necesita que otras cedan para cumplir. Se miran unos y otros esperando quien decide comenzar. Toman la palabra las industrias y comercios pymes. La mayoría de ellas no forman precios, pero como suelen remarcar para cubrirse según sus expectativas, se comprometen a cambiar esa costumbre si el resto de las partes les garantizan no subir sus costos. Eso involucra a la mayoría de los actores presentes, desde productores de insumos, Estado, bancos, hasta asalariados.

Estos últimos, en algunos casos el eslabón más débil, se predispone a cooperar siempre que su costo de vida se mantenga, que los bancos no abusen con las tasas y cuando corresponde, que los rentistas no suban alquileres. Los gremios avalan esa condición y también dan su palabra de reducir la corrupción interna para que sus reclamos se dirijan solo a la misión para la que fueron creados.

Revisión y compromisos

Los rentistas aceptan dejar los alquileres estables si las empresas frenan los aumentos, el Estado baja impuestos y las tarifas se mantienen. Lo mismo demanda la mayoría de los trabajadores independientes: no suba de costos y revisión del esquema impositivo distorsivo, especialmente en la categoría autónomos.

Pero llega la parte más difícil. ¿Pueden las empresas formadoras de precios cesar sus ajustes? Las que fabrican insumos que cotizan en mercados internacionales se comprometen a desacoplarlos y ceder rentabilidad. Piden a cambio estabilidad fiscal, certidumbre y libertad para girar divisas en el caso de las empresas extranjeras. Este último punto se decide debatirlo al final porque llega el turno de grandes empresas que controlan precios de bienes. ¿Cooperarán? Sí, pero si les dan garantías similares a las empresas anteriores. Reclaman además mejoras en la infraestructura pública y mayor seguridad.

Exportadores y tipo de cambio

En el medio de un debate pacífico, los exportadores hacen su propuesta: no desabastecerán el mercado interno ni subirán los precios cuando los internacionales aumenten o haya escasez. Pero solicitan al Estado impuestos razonables, bajar los costos administrativos de la exportación y crédito a tasas competitivas para financiar envíos al mundo cuando los tiempos de pago del cliente se alargan.

Eso les permitiría mejorar el tipo de cambio real efectivo (que es el que finalmente reciben) sin requerir una devaluación, y ganar mercados. Los importadores ponen su parte si no sube el tipo de cambio y los controles se vuelven predecibles, ágiles y claros.

La pelota queda finalmente en los bancos y el sector público. Los bancos aceptan cesar con los abusos, destinar financiamiento a la producción y ceder rentabilidad. Entre otras cosas, piden libertad para fijar tasas de plazos fijos y mayor bancarización.

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales trabajaran en bajar la presión tributaria, en implementar un sistema impositivo equitativo, no intervendrán en los precios, eliminan el cepo cambiario, terminarán con los privilegios a empresas con mayor poder de mercado, finalizarán con los excesos de gastos políticos, frenarán el crecimiento de empleo público y serán más responsables en el gasto para lograr equilibrio fiscal.

A cambio necesitan: que las empresas inviertan, que creen empleo de calidad para reducir los subsidios, que todos los actores dejen de fugar dólares para mantener el dólar, que termine la informalidad y la elusión de impuestos. El Estado Nacional, a su vez, dejará de financiarse con el Banco Central para bajar el ritmo de emisión, el Banco Central achicará sus exagerados gastos, supervisará al sistema financiero, bajará las tasas y promoverá la inversión productiva.

El encuentro siguió porque faltó la palabra de algunos actores y discutir condiciones y compromisos. Pero eso no invalida la pregunta: ¿es posible esta economía imaginaria?

Como dice el refrán: una golondrina no hace verano. La inflación no es solo monetaria, de costos, de demanda, de expectativa, ni especulativa o de falta de cooperación. Es todo a la vez. Y sin un compromiso conjunto demostraremos una vez más que “sí hay mal que dure 100 años”. O más.

* Investigadora del IIEP-Baires UBA.

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Buscando el ancla

Por Lucia Sánchez Barbieri y Nicolás Hernán Zeolla **

El año arranca con una dinámica de precios más elevada que el promedio registrado en 2020. Como dimensión positiva, se observa que los precios transitaron una trayectoria a la desaceleración desde 2019 (bajó del 52,9 por ciento anual en diciembre de 2019 al 34 por ciento en diciembre de 2020). Sin embargo, diciembre registró un aumento mensual de precios al consumidor mayor que el promedio del resto del año. Y aunque aún no se conoce el número oficial para enero, diversos indicadores permiten estimar que difícilmente sea menor que diciembre, como resultado de mayores aumentos en carnes, frutas y verduras y naftas.

Todo ello marca algunas señales para prestar atención respecto a la velocidad de la trayectoria a la desaceleración de la inflación planteada para este año. Y no tanto por una preocupación por la inflación en sí misma, como plantearía una mirada ortodoxa, sino como contra-tendencia a la recuperación del salario real que apuntale la recuperación 2021.

La visión monetarista de la inflación aporta poco a la comprensión del proceso argentino. Tomemos como ejemplo lo sucedido en 2020: mientras durante ese año la emisión y el déficit más que se duplicaron, los precios se desaceleraron de manera sostenida.

La ecuación de la inflación en argentina se explica por múltiples causas, aunque el dólar es un componente central. En este sentido, además de la devaluación, la reciente suba en los precios internacionales de los alimentos, cuellos de botella sectoriales de actividades que vienen liderando el rebote y cierta recomposición de tasa de ganancia, dan cuenta del mayor dinamismo de los precios de los últimos meses.

El Gobierno pospuso aumentos de tarifas de servicios públicos, se prorrogó el programa de precios máximos y se tomaron medidas específicas en distintos rubros de la canasta básica como maíz y carnes para moderar los aumentos.

Hacia adelante, la cuestión gira en torno a qué variable podría funcionar como ancla en el sendero de desaceleración de la inflación 2021.

Hay que reconocer que los casos exitosos de desinflación lo hicieron de manera paulatina para evitar grandes desajustes en la estructura productiva y la distribución. Sobre todo, si consideramos el contexto actual tan delicado. Tras dos años de recesión más pandemia, el zapato aprieta por todos lados.

Desde la visión ortodoxa, el primer candidato para ancla anti-inflacionaria es el salario. Moderar la suba de salarios implicaría un menor costo para el empresario, que permitiría no tener que aumentar precios. Sin embargo, el salario también es poder de compra, si no se recupera el salario y el consumo, la economía no volverá a crecer.

El segundo candidato es la política monetaria y fiscal. Es decir, administrar la demanda agregada mediante tasa de interés y menor monetización del déficit. Esta fue la estrategia utilizada en 2017 por el gobierno anterior con la implementación de las metas de inflación. Sin embargo, terminó bastante mal. Mientras que para el 2018 la meta de inflación era de 15 por ciento, la inflación terminó siendo del 47 por ciento.

La tercera opción pasa por los costos de producción, especialmente tarifas y dólar. Por ello, la tranquilidad cambiaria resulta una condición fundamental para bajar la nominalidad en 2021.

La cuarta ancla es la del acuerdo, la moderación de la puja distributiva mediante el establecimiento de acuerdos entre trabajadores, empresarios y el Estado, que promuevan una menor nominalidad. A modo de ejemplo, el salario real puede aumentar en 2021 con una inflación del 40 por ciento o con una inflación del 60 por ciento. Pero, una inflación del 60 por ciento tiene consecuencias sobre precios relativos, tipo de cambio real en mediano plazo, etc., que hacen que se prefiera la inflación del 40 por ciento.

El ámbito natural para estos temas podría ser el recientemente lanzado Consejo Económico y Social. En especial, de cara a las paritarias que se inician. Es una tarea ardua pero necesaria. Allí deben buscarse los espacios que permitan la necesaria recomposición del poder de compra de los trabajadores, a la vez que consoliden una menor inflación 2021.

**Economistas. Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE).