El mayor pagadiós de la historia financiera rosarina –el default de Vicentin– sigue dando tela para cortar y murmuraciones en el ámbito bursátil de la ciudad. Esta vez emergió por el lado de una de las corredoras de granos más históricas y que desde febrero se encuentra en concurso de acreedores, luego de zafar de un pedido de quiebra: Guardati y Torti SA. El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, hizo allanar la casa central del Banco de Santa Fe, en busca de una caja de seguridad de un ex director de esa firma de corretaje y agencia de Bolsa, en el marco de la causa "Guardati Torti SA s/ administración fraudulenta". La caja pertenece a Pablo Torti y a Juliana Fernández Chemes, y los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal encontraron allí 333.450 dólares, joyas y "monedas representativas". El fiscal ordenó el secuestro de los billetes.

El allanamiento sorprendió ayer por la mañana al personal del banco en San Martín al 700, y la novedad corrió como reguero en las oficinas y cuevas del microcentro. El fiscal Narvaja fue a por esa caja de seguridad, en el marco de la investigación impulsada por unas 40 denuncias similares, de comitentes de Guardati Torti que acusan a la firma con oficinas en Puerto Norte de haberles birlado sus saldos de cuentas de inversión para volcarlos al negocio granario. Y con el default de Vicentin en diciembre de 2019, la cadena se trabó y Guardati Torti perdió el control de esos manejos no autorizados.

Consultado por Rosario/12, Narvaja explicó: "El procedimiento tuvo lugar en el marco de la investigación que se ha iniciado a partir de la denuncia de más de 40 clientes cuenta comitentes de Guardati Torti SA Agente de Liquidación y Compensación (ALYC). Denuncian que se quedaron con los fondos de propiedad de los clientes. La medida tiene base en la búsqueda de activos q puedan ser el provecho del fraude o q contribuyan a reparar a las víctimas".

Guardati Torti cayó en desgracia en febrero de 2020, cuando Acopio Arequito –que le entregaba cereal regularmente– logró que la Justicia aplique la inhibición de bienes a la corredora, como paso previo al pedido de quiebra. En consecuencia, la firma pidió su concurso de acreedores y así ganó tiempo. Esa instancia todavía transcurre, y según uno de los abogados que litiga en el concurso, culminará en marzo próximo. Las acreencias comprobadas hasta ahora superan los 20 millones de dólares. 

La misma fuente confió a este diario que GyT Plus, el correacopio de la empresa concursada, también cayó el mes pasado en la misma instancia judicial, jaqueado por deudas propias de su actividad. 

Para algunas fuentes que participan del concurso, el allanamiento y secuestro de divisas sin declarar en poder de Pablo Torti fue una sorpresa. Es que este empresario se retiró la firma que su padre –Ángel Torti– fundó en 1978 con Juan Carlos Guardati, y reside en Estados Unidos, dedicado a otros negocios. Ángel Torti fue estrecho colaborador de Alberto Padoán (ex CEO de Vicentin) cuando presidió la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el ámbito bursátil leyeron este allanamiento como el avance hacia el directorio de la corredora y su entorno de inversores.

Desde la empresa concursada, el abogado Claudio Scoponi le dijo al portal Rosario 3 que esa caja de seguridad no tiene relación con la causa penal que se le sigue a la corredora, y confirmó que Pablo Torti hace por lo menos seis años que no tiene vínculo con ella. Según dijo, esta caja de seguridad es la única que Narvaja encontró para allanar, de acuerdo con el informe que le pidió al Banco Central. Los directores actuales no guardan sus dólares de esa manera, o al menos no tienen ninguna a su nombre.