En el FMI barajan dos investigaciones sobre el mega-crédito otorgado a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. Una de ellas está rodando ya hace varios meses y está liderada por el economista noruego Odd Per Brekk. Se trata de un procedimiento de rutina que el organismo encarga para todos los préstamos por montos excepcionales, como fue el crédito de 57 mil millones de dólares aprobado para la Argentina, de los cuales se entregaron 44 mil millones. Tendrá implicancias políticas si se publica antes de la conclusión de la renegociación que está manteniendo el actual gobierno con las autoridades del Fondo. De todas maneras, los antecedentes en esta materia obligan a tener mucha cautela: a pesar del profundo informe del Fondo sobre la crisis de 2001, años después el organismo volvió a una suerte de relación carnal con Mauricio Macri y resultado es, nuevamente, un enorme costo social.

A la investigación del noruego se le podría sumar un informe de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del FMI. La IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022, entre las cuales está la “política de acceso excepcional”, en donde sobresale un “caso particularmente difícil como la Argentina”, admite. Por ahora la IEO dijo que va a avanzar en otra propuesta de estudio, vinculada a la reacción del FMI a la crisis de la pandemia. 

En 2004, la IEO publicó un reporte de 184 páginas sobre el caso argentino 1991-2002 con críticas a la conducción del FMI de aquel momento. Ese escrito incluyó una serie de "lecciones" entre las cuales se destaca que "el nivel de deuda sustentable para las economías de mercados emergentes puede ser más bajo de lo que se había pensado" y que "cuando hay preocupaciones válidas en torno a la sustentabilidad de la deuda y del tipo de cambio, no es razonable prever que los flujos de capital cambien voluntariamente de sentido".

¿La deuda era sostenible?

El 20 de junio de 2018, el directorio del Fondo, liderado en ese momento por Christine Lagarde, comunicó la aprobación de “un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de tres años por 50 mil millones de dólares, equivalente a alrededor de un 1.110 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI”. Por el monto involucrado, se trató de un tipo especial de acuerdo Stand-By denominado de “acceso excepcional”. Desde hace unos meses, el Fondo está llevando adelante una evaluación “ex post” del programa Stand-By firmado con la Argentina en 2018. Es una exigencia interna que aplica para todos los casos de programas de “acceso excepcional” a financiamiento.

La “política de acceso excepcional” fue introducida en 2002. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable. Caso contrario, el Fondo debería exigir al país una reestructuración antes el otorgamiento del crédito. Este punto debiera ser el nudo de la investigación interna del organismo, dado que solo tres meses después del acuerdo, el 26 de septiembre, el FMI modificó las condiciones del crédito y amplió su monto a 57 mil millones, en un contexto de creciente presión cambiaria e incertidumbre económica. Y apenas un año después, en la previa de las elecciones presidenciales, el acuerdo se cayó, ya que el Fondo no otorgó el último desembolso prometido a Macri. Finalmente, en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández y en la previa de la renegociación con los bonistas privados, el FMI admitió que la deuda argentina no era sostenible.

El mejor alumno

Argentina fue protagonista del informe "El rol del FMI en Argentina 1991-2002", publicado en 2004 por la IEO. A lo largo de sus 184 páginas, el organismo analiza cada una de las decisiones tomadas por el Directorio del Fondo de aquel momento. 

"La crisis argentina tuvo devastadoras repercusiones tanto en lo económico como en lo social, e hizo que muchos observadores cuestionaran el papel cumplido por el FMI durante la década precedente, período en el que la institución había trabajado casi sin interrupción en el país por medio de cinco acuerdos de financiamiento sucesivos", describe dicho informe.

"La crisis argentina ofrece varias lecciones para el FMI, algunas de las cuales ya se incorporaron en nuevas políticas y procedimientos", asegura el texto. Entre esas "lecciones", se destaca la que advierte que "el nivel de deuda sustentable para las economías de mercados emergentes puede ser más bajo de lo que se había pensado" y otra que postula que "cuando hay preocupaciones válidas en torno a la sustentabilidad de la deuda y del tipo de cambio, no es razonable prever que los flujos de capital cambien voluntariamente de sentido". Entre las recomendaciones, el informe indica que "la supervisión que ejerce el FMI debería centrarse en la sustentabilidad del tipo de cambio y de la deuda a mediano plazo".

A pesar de aquella autocrítica, en 2018 el Fondo volvió a financiar un programa insostenible y el resultado, es otra vez, es una deuda impagable.

Otros casos “excepcionales”

Desde 2002, el FMI aprobó 21 acuerdos con acceso excepcional a financiamiento, una cuarta parte de todos los acuerdos de fondeo celebrados con países miembros. Sin embargo, el monto mucho más alto de estos acuerdos especiales hace que expliquen más de tres cuartas partes del financiamiento total que brindó el organismo en ese período. Los últimos préstamos de acceso especial son los de Argentina (2018) y Ecuador y Egipto, ambos en 2020, en medio de la crisis de la pandemia.

Una de las últimas evaluaciones publicadas es la de Ucrania, por el préstamo de 2015 por un total de 17.500 millones de dólares (900 por ciento de la cuota parte del país), en medio de la crisis bélica por la península de Crimea. Aunque seguramente el informe más importante hasta ahora sea el de Grecia, que evalúa el préstamo de 28 mil millones de euros (2159 por ciento de la cuota parte) en conjunto con la inyección de 144 mil millones de euros de parte de la Unión Europea, tendientes a salvar al sistema financiero que quedó al borde del colapso luego de la crisis subprime.