"Es ahora, es urgente. Nuestras vidas no pueden esperar". El grito retumbó ayer en las escalinatas de los Tribunales provinciales de Rosario, y en los de todo el país, para exigir "justicia por Ursula y por todes". La convocatoria, que llenó la Plaza del Foro, fue una clara muestra del hartazgo ante los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Por el de Úrsula, sí; pero también porque a diez días del brutal ataque que terminó con su vida en la localidad bonaerense de Rojas, hubo otros cinco casos en el país; y porque "desde el inicio de 2021 en Argentina se cometieron 44 femicidios: uno cada 22 horas", lamentaron desde el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria de Rosario. Úrsula tenía 18 años y 18 denuncias contra su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años de quien no pudo escapar y el 8 de febrero recibió 15 puñaladas. Sus gritos no fueron escuchados por los organismos responsables. Por eso ayer los edificios judiciales fueron escenario del reclamo ante otra muerte evitable.

"Tengo tres perimetrales y me sigue pegando"; "Vaya al otro pasillo, acá no es"; "Justicia, ¿por qué no me contestas?". Frases como esas se repitieron durante una intervención de Actrices Autoconvocadas Rosario en la que una de ellas, vestida de Justicia, tenía los ojos vendados. A pocos metros de esa escena, referentas de organizaciones feministas, sociales, barriales, estudiantiles y sindicales sostenían una bandera que reclamaba "basta de justicia patriarcal", tal el lema de la convocatoria del 17 de febrero. 

"Nos encontramos en una situación complicada, con la necesidad de avanzar hacia una reforma judicial feminista. Lo de Úrsula es lo que nos pasa a las pibas en todos los barrios. Hay que avanzar hacia políticas públicas preventivas y jerarquizar equipos disciplinarios que puedan acompañar este tipo de denuncias de violencia machista", expresó Majo Poncino, del Movimiento Evita y Ni Una Menos Rosario.

Liliana Leyes, de ATE Rosario, sumó que "es por Úrsula y porque este fin de semana hubo cinco víctimas más y dos compañeras que estamos buscando", una de ellas, Silvana Lubini, en Rosario. Nazarena Galantini, de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género planteó que "cada vez que tocan a una nos movilizamos todas. Las denuncias no se toman como urgencia, se subestiman, no se ven como potenciales femicidios". 

"Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries, afros y originarias nos convocamos frente a los tribunales de cada localidad argentina para exigir justicia por Ursula Bahillo", comenzó el documento elaborado por el Comité, que fue leído al unísono. "Hartas de las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, de que quienes tienen que proteger nuestras vidas sean cómplices y ejecutores de la violencia patriarcal y machista", manifestaron.

Entre los motivos de la convocatoria denunciaron "la responsabilidad del Estado en el abandono de Úrsula ante los reiterados pedidos de ayuda". Y repudiaron "la complicidad de la policía con el femicida; y el accionar represivo" sobre quienes se manifestaron al día siguiente del hecho. También reclamaron: "basta de impunidad para los violentos y para quienes desde su deber público no accionan ante las denuncias". 

En ese sentido, exigieron "políticas públicas y medidas urgentes para frenar la violencia machista: declaración del estado de emergencia en violencia contra mujeres, lesbianas, bisexuales, intersexuales, trans, travestis, no binaries, afros y originarias; la tramitación urgente de las denuncias; responsabilidad penal para agentes estatales que incumplen sus deberes ante denuncias por violencia de género; sumario y desplazamiento de funcionarios y agentes que incumplan normativas y protocolos para la prevención y seguimiento de las causas". También, hablaron de una "reforma judicial feminista; unificación de las denuncias; estadísticas de intervenciones estatales y seguimiento de casos; abordaje integral con efectiva articulación entre los niveles del estado; y fortalecimiento de dispositivos para trabajar con varones agresores".

El reclamo incluyó "más presupuesto para fortalecer redes territoriales y promotoras que trabajan en prevención y acompañamiento; para reforzar programas de formación y sensibilización de género". También, por la "implementación de la ley Micaela en todos los ámbitos; protocolo para situaciones de violencia de género dentro de los Ministerios de Seguridad; y registro de antecedentes sobre violencia de género de integrantes de las fuerzas de seguridad".

Además, convocaron a "la sociedad a actuar acompañando a quienes estén en situación de violencia, a ejercer un rol activo y no permanecer indiferentes". Por ello también apuntaron a la necesidad de la "implementación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral".