Después de 10 días, finalmente fueron entregadas las donaciones que la concejala Paola Díaz (Ahora Patria) y la defensora civil Rosa Díaz mantenían en su vivienda particular y que fueron secuestradas en el marco de la causa en la que se las investiga por esta acción. Sin embargo, la entrega no se realizó bajo ningún procedimiento y lamentablemente, primó la suerte. Más de 50 personas se agolparon frente al edificio del Sistema de Emergencias 911, de la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta.
El juez de Garantías de esa ciudad, Nelson Aramayo, hizo lugar ayer al pedido de entrega de los donativos que hiciera en su momento el fiscal penal Rafael Medina en el marco de la causa "administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos" que se sigue contra las hermanas Díaz. Medina actuó como fiscal interino en estos últimos días, pero ayer se conoció que Gonzalo Ariel Vega, Fiscal Penal 1 de Tartagal, continuará interviniendo en la causa.
Desde que se salió a la luz el escándalo porque los donativos que hizo la Fundación Nobles (Santa Fe) no fueron a las comunidades originarias de Santa Victoria Este, más de 50 miembros del Pueblo Wichí, viajaron a Tartagal. Primero fueron al Concejo Deliberante y luego a la Ciudad Judicial, pidiendo durante varios días la entrega inmediata. Cuando finalmente el juez autorizó la entrega, el procedimiento no tuvo organización y se vivieron momentos de indignación, bronca y desilusión.
Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), consideró que hubo "una mala jugada" por parte del juez Aramayo y el fiscal Medina porque "rompieron el compromiso de que a nosotros cuatro referentes nos iba citar y hacer las entregas". "Fue una decepción, porque para nosotros, ellos buscaron la desunión y división, sólo para generar pelea", agregó.
Desde el área de prensa del Poder Judicial de Salta, informaron a Salta/12 que la mercadería y otros elementos secuestrados fueron entregados a cinco referentes originarios, con la presencia de la defensa de ambas imputadas, dos testigos convocados al efecto y el secretario del Tribunal.
Por el contrario, Mendoza aseguró que el acuerdo era que únicamente debían estar cuatro referentes, dos de Tartagal y dos de Santa Victoria Este, pero se sumó, sin su aprobación, un quinto referente de la comunidad de Pacará. "Esto no quiere decir que las donaciones no les correspondieran, porque sí le corresponden, porque es nuestro hermano, pero la desorganización que hizo Aramayo fue para crear conflicto y hacer pelearnos entre hermanos", cuestionó Mendoza.
En la entrega se pudo observar a efectivos policiales, pero sólo intervinieron cuando una mujer cacheteó a otra, frustrada porque no pudo llevarse ninguno de los bultos que pasaban entre las manos. “Estoy sufriendo para comer. No tenemos cosas. Ustedes tienen sus casas lindas, yo necesito las cosas de ahí (por las donaciones). Nunca nos dan cosas. Mi mamá está sufriendo”, expresó la mujer entre lágrimas ante las cámaras del medio local La Cruda NN.
Un hombre sostuvo que no hubo intención de hacer una correcta repartición. "Había unos bidones de agua, ropa usada y solo una cajita con mercadería. Nosotros no esperábamos estas cosas. Esto es indignante (porque) queríamos algo prolijo”, relató.
Efectivamente, los wichí sólo pudieron llevarse bidones de agua, ropa usada y escasa mercadería. Las hermanas Díaz, estuvieron en la entrega a pedido del fiscal Medina, e impieron que una parte de la indumentaria secuestrada fuera entregada. Afirmaron que esa mercadería, que era ropa nueva con etiqueta, pertenecía su madre fallecida.
Citación a las hermanas
Paola y Rosa Díaz están citadas hoy desde las 10 a una audiencia en el edificio del Juzgado de Garantías 1 para resolver su solicitud de consigna policial.
Actualmente, la edil está con prisión domiciliaria, que le concedió Aramayo la semana pasada debido a que una de sus hijas sufrió un accidente de tránsito y se encuentra en terapia intensiva. La semana próxima vence el plazo para que el fiscal pida la prisión preventiva de Paola Díaz, que llegó al cargo por el partido Ahora Patria, del ex diputado nacional Alfredo Olmedo.
En el caso de la defensora civil, continúa el proceso para la quita de inmunidad. El viernes último, el juez Aramayo envío todos los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, que deberá analizar el allanamiento de la inmunidad en el marco de lo previsto por el artículo 160 de la Constitución de la Provincia. No hay un plazo establecido para que Jury tome una decisión.
