Luego de dos años y medio de audiencias, el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA concluyó con condenas para ocho represores. Las penas mayores, de prisión perpetua, recayeron en el oficial naval Carlos Mario Castellví, en el exagente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral y en el expersonal civil de inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército, Miguel Conde. La pena más baja, de seis años de prisión, fue para el exconscripto de la Armada Claudio Vallejos, el único de los acusados que afrontó el proceso en libertad. En el fallo de la causa conocida como “ESMA IV” hubo un beneficiado, el contraalmirante (re) Horacio Luis Ferrari, exmiembro del Grupo de Tareas 3.3.2, quien logró prolongar sus cuatro décadas de impunidad al ser excluido del juicio tras recusar con éxito a dos jueces del Tribunal Oral Federal 5.

La lectura de la sentencia, igual que la mayoría de las audiencias de los juicios de lesa humanidad desde que se desencadenó la pandemia, se hizo mediante la aplicación Zoom y se difundió en vivo desde el canal de Youtube del Consejo de la Magistratura. La encabezó el juez Daniel Obligado, presidente del TOF-5, a quien secundaron las vocales Adriana Palliotti y Gabriela López Iníguez. Lejos de los tiempos en que la sala del subsuelo de Comodoro Py desbordaba y la lectura era seguida por miles de personas frente a una pantalla en la calle, ayer jueces, fiscales, querellantes, defensores e imputados participaron de la audiencia desde sus lugares de trabajo o detención respectivamente, y aparecieron mezclados e indiferenciados en los monitores.

A primera hora hizo uso de su derecho a expresar las “últimas palabras” el exsuboficial salteño Carlos Néstor Carrillo. Con remera blanca y barbijo, desde una sala de la cárcel de Ezeiza, hizo un último intento por cuestionar el alegato en su contra y aseguró que en 1977 no estuvo en la ESMA sino embarcado en la base naval de Puerto Belgrano.

Cuando se reanudó la audiencia un secretario enumeró la larga lista de presentes: los fiscales Leonardo Filippini (titular de la Unidad Fiscal ESMA) y la secretaria Marcela Obetko, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, abogados querellantes como Rodolfo Yanzón, Pablo Llonto o Sol Hourcade, defensores oficiales y privados, y sólo tres imputados: Castellví, Cabral y José Ángel Iturri. El resto tuvo problemas técnicos o de salud, dijeron sus abogados.

Luego Obligado destacó que “del universo de más de 800 víctimas que había en la causa ESMA unificada, en esta hay en concreto 23 nuevas víctimas”, y leyó sus nombres. Repasó también los datos personales de los acusados y la extensa lista de querellantes, que incluye a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, entre otros.

Ya en la parte dispositiva, el tribunal declaró que los hechos juzgados en el proceso “son constitutivos de crímenes de lesa humanidad” y “por ende son imprescriptibles”, aunque rechazó el pedido formulado por algunas querellas de aplicar la tipificación de genocidio. También rechazó los habituales planteos y pedidos de nulidad con los que las defensas demoran los juicios.

El primer imputado en escuchar su condena fue Cabral, que pareció aprobar moviendo la cabeza de arriba hacia abajo cuando el juez dijo “prisión perpetua”. El exoficial de la Policía Federal, que tiene 72 años y goza de arresto domiciliario, integró las patotas de la ESMA con el alias “Tiburón” y fue condenado por más de 400 privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, más de 60 homicidios y 21 casos de sustracciones, retenciones y ocultación de menores. H.I.J.O.S. Capital cuestionó desde su cuenta de Twitter que “el tribunal no nombró a ninguna de las 816 víctimas con nombre, historia, familia, lucha y militancia”. “Por todas, gritamos ¡presentes!”, destacó.

Luego llegaron los 15 años de cárcel para Carrillo y la prisión perpetua para Castellví, que escuchó inmutable desde su encierro hogareño, con la mano en la cabeza. Con el apodo “Lucas”, Castellví integró el sector Operaciones y el área de inteligencia del grupo de tareas, donde actuó como enlace con el Ejército, interviniendo en secuestros, torturas y homicidios, según detalló el fiscal Félix Crous en su alegato a mediados de 2019. La misma pena recibió Miguel Conde, el exPCI que los sobrevivientes recordaban como “Cortez”, quien participaba de los interrogatorios en la ESMA y transmitía la información arrancada bajo tortura a la central de reunión del Batallón de Inteligencia 601.

Penas de 15 años recibieron también los ex cabos Iturri y Ramón Roque Zanabria, el ex suboficial Jorge Luis Ocaranza. La diferencia en las penas se explica porque el tribunal los consideró partícipes secundarios (no coautores) de secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores. Al “Gordo” Vallejos, extraditado desde Brasil en 2012 luego de varios años prófugo, el tribunal le aplicó una pena de seis años de prisión por su participación en el secuestro del diplomático y dirigente radical Héctor Hidalgo Solá, ex embajador argentino en Venezuela, quien permanece desaparecido.

De los diez imputados que se sentaron en el banquillo el 13 de agosto de 2018, no llegaron a escuchar la sentencia el excabo Néstor Eduardo Tauro, apartado por problemas de salud y luego fallecido, y el contraalmirante Ferrari, que ocupó un alto cargo en Operaciones en 1977 y tuvo una larga carrera en la Armada, donde llegó a ser Director de Inteligencia Naval en 2003, designado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Los beneficios del anonimato (no la impunidad) se interrumpieron en 2009, cuando Página/12 informó sobre su pasado en el Grupo de Tareas y la condecoración por sus trabajos sucios que le otorgó el exdictador Emilio Massera.

Patrocinado por el abogado Guillermo Fanego, Ferrari puso en duda la imparcialidad y recusó en agosto 2018 a los jueces Obligado y Palliotti, maniobra que convalidaron Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma desde la Cámara Federal de Casación Penal. El Ministerio Público Fiscal apeló esa resolución mientras el juicio continuaba con el marino como “acusado en queja”, hasta que en noviembre pasado, tras dos largos años, la Corte Suprema con votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda desestimó sin explicaciones el recurso de los fiscales y prolongó de hecho la impunidad de Ferrari, para quien fiscales y querellas habían pedido prisión perpetua. Ferrari sigue impune y deberá ser juzgado por el TOF-5 con otra composición.