Carlos Slepoy Prada no fue cualquier abogado. Sobreviviente de la última dictadura cívico militar, desde su exilio en España trabajó por y para los derechos humanos de las víctimas de los terrorismos de Estado de su tierra natal y de la que le dio cobijo. Carli, como lo conocían todos, fue el impulsor del histórico juicio que en España se llevó a cabo contra responsables del terror en Argentina, debate en el que representó a las víctimas y sus familiares. Trabajó en los procesos de juzgamiento del genocida chileno Augusto Pinochet y del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Pero no frenó ahí: entonces, batalló porque en España o en la Argentina se juzgara a los responsables de los crímenes del franquismo. Falleció en medio de esa faena, a los 68 años. 

Para cuando la Primera Junta Militar se hizo con el poder en Argentina, Slepoy ya acumulaba algunos años de abogado laboralista por los que conoció la persecución y la tortura de la Triple A. Dos semanas antes del golpe de 1976 perdió su libertad. El primer año de la dictadura estuvo preso, en cárceles de trato inhumano. La última antes de alejarse del terror fue la Unidad penitenciaria número 9 de La Plata. A fines de 1977 se exilió en España, donde volvió a ejercer en 1979. 

“No se quedó quieto en su exilio. Por que además de un luchador, él era un sobreviviente del terror”, destacó Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detendios Desaparecidos, quien recordó que “fue la masiva movilización –que tuvo lugar en Argentina– por los 20 años del golpe la que lo convenció de que el pedido de juicio y castigo no era una causa que estaba cerrada, sino que era la única manera de luchar contra la impunidad”. Era década del 90: la cúpula dictatorial condenada en el Juicio a las Juntas había sido indultada y el camino hacia la investigación judicial de los crímenes cometidos durante los años de plomo permanecía bloqueado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó aquel “viaje de tantos a España” –que junto a miembros de ese organismo solía hacer para visitar sobrevivientes e impulsar la búsqueda de los nietos– “en el que Carli nos propuso presentar en España una denuncia contra los militares argentinos por las atrocidades cometidas contra ciudadanos españoles. Finalmente, por la ley de Justicia Universal el juicio integró a todas las víctimas, no sólo a las de origen español”. Slepoy se convirtió en el representante legal de las víctimas y familiares en el juicio histórico que, comandado por Baltasar Garzón, condenó al genocida Adolfo Scilingo a 1000 años de cárcel. 

“Era una joya no solamente para nosotros, los argentinos, sino también para la región, porque luchó por que se enjuiciara a Pinochet y al dictador de Guatemala. Enorme, Carli”, destacó la Madre de Plaza de Mayo y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, Nora Cortiñas. Carlotto se quedó con “la calidad humana, su desinterés, su nivel de entrega completa a la lucha de Madres y Abuelas. Era un indomable”.

En 2010, Slepoy se propuso trabajar por la memoria, la verdad y la justicia en torno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España: más de 100 mil desaparecidos, decenas de miles de bebés robados, torturas, asesinatos. Contactó a sobrevivientes y a familiares de víctimas que residen en Argentina y desde allí emprendió el camino opuesto al iniciado años antes. Abrir una demanda en la Argentina, que tenía por objetivo “lograr que los juicios por esos crímenes se hicieran en España”, remarcó Adriana Fernández, descendiente de españoles republicanos e integrante de la querella que construyó Carli. “Era un luchador, un perseverante, de esas personas que por su insistencia para que el resto no baje los brazos se vuelve imprescindible. Lo vamos a extrañar.”