El juez Luis María Caterina ordenó a la Dirección de Justicia Penal Juvenil que en 30 días presente un plan de adecuación de las condiciones edilicias de la planta alta de la seccional 7ª, donde hay adolescentes detenidas, además de un protocolo para que la institución pueda detectar y registrar casos de torturas, malos tratos, penas crueles y degradantes contra las internas. Para ello, Caterina apuntó a que sea el mismo protocolo que ordenó adecuar al Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR). También rechazó el planteo en relación a cuestiones alimentación y limpieza, porque "no se detectaron falencias sustanciales que impacten negativamente en la salud de las internas".
El 11 de octubre pasado, el secretario de Prevención contra la Violencia Institucional de la Defensoría, Enrique Font, junto a miembros de la dependencia, realizó una inspección sorpresiva para constatar las condiciones de encierro de las adolescentes.
Aquel día, como resultado de la inspección, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa constataron "serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de niñas y adolescentes, que vulneran el ejercicio de sus derechos constitucionales y agravan ilegítimamente su estado de detención". Además, pudo identificarse una situación de tortura, momentos después de producirse el arresto de una joven.
Al día siguiente se presentó en la Justicia el recurso de habeas corpus colectivo y correctivo. El 8 de noviembre se realizó la primera audiencia, donde la abogada del Ministerio Público de la Defensa, Eugenia Mistura, puso en conocimiento al magistrado de la situación.
"No quedó realmente claro en la exposición del director de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker, cómo resolverán el caso de que sea necesario separar a las jóvenes de la celda conjunta. Leicker manifestó que se están haciendo refacciones en el lugar de alojamiento; sin embargo, no refirió ninguna cuestión tendiente a solucionar lo denunciado por la Defensa Pública sobre la inadecuada ventilación y luz natural en la celda del establecimiento", fue el primer reclamo expuesto.
En cuanto al acceso a la educación de las adolescentes, el magistrado resolvió que la institución deberá dejar constancia de cumplimiento, asistencia y negativa de las niñas y adolescentes a acceder a esos espacios en los libros de guardia, presentando los mismos ante el juez dentro de treinta días.
