Cuando se está por cumplir un año del femicidio de Verónica Soulé, cometido en la localidad santafesina de Casas, su familia lleva adelante dos frentes de lucha: por un lado, exigen condena para Lisandro Cabral, acusado por el delito que la dejó con el 88 por ciento del cuerpo quemado; por el otro, reclaman a la Justicia de Familia que les otorgue la guarda de les hijes de la mujer, que están con la familia del imputado. Ayer, lograron uno paso más hacial uno de los objetivos: tras una audiencia de revisión de la prisión preventiva, el juez Héctor Candiotti ordenó que Cabral siga preso. Además, la fiscal santafesina Alejandra del Río Ayala ya presentó acusación por la figura de femicidio y espera fecha para la audiencia preliminar del juicio. "Queremos justicia para mi hermana y que él pague por lo que hizo", sostuvo Andrea, hermana de Verónica. Desde la organización feminista Mumalá también celebraron la resolución judicial. Tras el femicidio, la asociación tiene una sede en Casas, donde residen 500 habitantes. "Cuando pasan este tipo de hechos, las mujeres se movilizan, se organizan y forman redes", dijo Majo Zochi, referenta de Mumalá.

Cabral, de 32 años, quedó en prisión preventiva a mediados del año pasado por el hecho cometido el martes 17 de marzo, apenas tres días antes de que se iniciara la cuarentena por covid-19. Cinco días después del suceso en el que terminó prendida fuego, Verónica falleció en el hospital Provincial de Rosario, donde había sido trasladada para su atención, ante la gravedad de las heridas. 

Por esos días hubo una lucha incansable de la familia y las organizaciones que tuvieron que visibilizar el caso solo por redes sociales. En tanto, después de reunir una serie de elementos de prueba, Del Río Ayala llevó al acusado a audiencia imputativa, donde señaló que “ambos iniciaron una relación de pareja en 2002, convivieron durante más de 10 años y tuvieron dos hijos”. En ese sentido, expresó que el hecho "se produjo en un contexto de violencia de género, caracterizado por el maltrato físico, psicológico y económico. El físico consistió en golpes en su cuerpo y en su rostro en reiteradas oportunidades y de manera continua. Incluso, el imputado llegó a arrojarle objetos". Sobre la violencia psicológica dijo que “se manifestó a través de la culpabilización por lo malo que pasaba en la familia. También realizaba una vigilancia y persecución constantes sobre la mujer, ya que no le permitía salir sola ni hablar con hombres, le exigía que lo obedeciera, la obligó a aislarse de su familia y de sus amigas y la amenazaba con quitarle los hijos y con matarla”, describió en aquel momento. Por último, dijo que “la violencia económica consistió en impedirle que continuara trabajando para convertirse en el único aportante del hogar y generar que la mujer dependa económicamente de él”.

Zochi, que viene acompañando a la familia de la víctima, expresó que en la audiencia de ayer la defensa del acusado pretendía la libertad a partir de la Cámara Gessell a les niñes de 8 y 12 años. "Conviven con la familia del femicida, en Cañada Rosquín, desde el día del hecho, por lo que hubo pedidos a Niñez; pero ahora el tema está en la Justicia de Familia (de San Jorge)", desde donde esperan una respuesta favorable. "Nosotros creemos que ellos no están bien porque la familia está inculcándoles que defiendan al padre y no están haciendo el duelo por su madre. Lisandro dijo que ella sola fue, pero entorpeció la investigación limpiando la escena, entre otras cosas", lamentó Andrea, hermana de Verónica.  

Al mismo tiempo, Zocchi recordó que Verónica padecía violencia desde hacía años, pero que vivía con el "temor de que el acusado le quitara a les hijes"; y agregó que "esto suele suceder en localidades pequeñas", por lo que celebró también que la población se haya empezado a organizar contra la violencia de género.