“Mi objetivo es recomponer el financiamiento educativo”, afirmó el presidente, Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones legislativas y anunció un Gran Acuerdo Federal por la Igualdad Educativa. Prometió una nueva ley de financiamiento que recupere la histórica experiencia de la ley creada durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner y aseguró que retomará la convocatoria a debatir una nueva Ley de Educación Superior. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó a Página|12 que el "Gran Acuerdo Federal" delineado por el Presidente en su discurso será presentado en los próximos dos meses, y que lo pensaron "como un plan trienal que estará abocado a la mejora de todos los procesos educativos en la diversidad de realidades del país". 

La Ley de Financiamiento Educativo creada durante gobierno de Néstor Kirchner en 2006 proponía aumentar la inversión del gobierno Nacional en educación hasta llegar al seis por ciento del PBI. Algo que se logró durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010, y que se perdió durante el macrismo. La Ley también daba legitimidad a la paritaria docente que fue suspendida por DNU en 2018, y retomada, también por decreto, en enero de 2020 por la gestión de Fernández. En el marco del impulso a la inversión en educación, ciencia y tecnología que está llevando adelante el Gobierno, la semana pasada el Congreso aprobó un proyecto que permitirá aumentar la inversión en ciencia y tecnología hasta que llegue a significar, en 2032, el uno por ciento del PBI.

"Iniciamos este año con uno de los más significativos incrementos presupuestarios de la educación argentina en estos casi 40 años de vida democrática. Mi objetivo es recomponer al final de mi período presidencial el cumplimiento de la meta de la Ley de Financiamiento Educativo", anunció el Presidente en el Congreso. En esa línea Trotta señaló que "el mayor aumento en la inversión educativa ya está plasmado, en parte, en el presupuesto 2021. Ese fue un primer paso en la recomposición de la inversión para el sector". "El Presidente lo dijo con claridad: Durante los cuatro años de Macri, la inversión educativa cayó un 33 por ciento y un 16 por ciento la inversión en promedio en cabeza de las provincias argentinas", marcó.

Según explicó el ministro de Educación, "el Gran acuerdo Federal en el que venimos trabajando con algunas jurisdicciones tiene varios aspectos que vamos a presentar en los próximos dos meses e incluye a todos los actores del sistema educativo". Entre los aspectos centrales habrá una agenda específica para el desarrollo educativo de las diez provincias del norte grande, que es el territorio donde hay mayor desigualdad educativa, aunque el plan contemplará a todas las provincias.

La nueva ley de financiamiento, en ese sentido, "será central para, a partir de ahí, desplegar la agenda de un acuerdo federal que tendrá el eje puesto en las políticas socioeducativas; en las de inclusión como son las becas ProgresAr; en todo el esquema de formación docente; de infraestructura escolar, y que nos permitirá ir mejorando los indicadores educativos en los distintos puntos del país", explicó Trotta. 

Con respecto a las becas ProgresAr, Fernández adelantó en el Congreso que el Gobierno ampliará en más del 50 por ciento el número de estudiantes beneficiados. Según los números que maneja el Ministerio de Educación, de los 500 mil beneficiarios actuales la idea es pasar a 750 mil este año, con la meta para el próximo del millón de becados, la cifra con la que terminó su mandato Cristina Fernández de Kirchner".

La pandemia dejó a la vista la necesidad de que los alumnos y docentes cuenten con conectividad, dispositivos electrónicos y con la formación necesaria para desempeñarse en el mundo digital. La entrega de computadoras, política central las gestiones de los Kirchner, fue interrumpida durante el macrismo. En su discurso el Presidente aseguró que ampliará la inversión y distribución de notebooks para llegar a entregar más de 500 mil computadoras, y que se trabajará en un “ambicioso programa de formación docente para mejorar las competencias digitales de nuestros maestros y maestras”.

El Ministerio de Educación ya está trabajando en dos ejes para que las herramientas digitales sean accesibles a todos. El primero es el plan de conectividad Juana Manso, para la distribución de notebooks. "Ya estamos llevando a cabo un proceso de adquisición de computadoras con una licitación que está a punto de ser adjudicada la próxima semana, y que contará con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, y que además dará trabajo a más de 1200 personas, porque son fabricadas con mano de obra argentina", adelantó Tortta. 

También puntualizó que habrá "otra dimensión vinculada a la conexión de las escuelas y también la formación de nuestros docentes, tanto en la modalidad de educación a la distancia como en todo lo vinculado al uso de la tecnología, la información y las comunicaciones en el proceso pedagógico. Es lo que está llevando adelante el Instituto Nacional de Formación Docente".

Una nueva Ley de Educación Superior

Uno de los puntos centrales en materia de educación anunciados por el Presidente fue que retomará la convocatoria a debatir una nueva Ley de Educación Superior. 

La Ley 24.521, que rige actualmente, fue sancionada en 1995. En 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, el Congreso introdujo una serie de modificaciones impulsadas por la entonces diputada nacional Adriana Puiggrós, para garantizar el financiamiento de la educación superior por parte del Estado y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas. Sin embargo, nunca se cambió estructuralmente. Es un debate que a priori se presenta complejo, más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo. 

"Para nosotros es fundamental ver cómo fortalecemos una nueva Ley de Educación Superior, es algo que ya planteó el Presidente en el discurso de 2020. Lamentablemente la pandemia impidió la presencialidad en nuestros claustros para debatirla", aseguró Trotta a este diario. "Creemos que ese proyecto lo puede presentar el Ejecutivo, pero se tiene que dar el debate en una construcción democrática y recorriendo nuestras 57 universidades nacionales con participación de todos los claustros", subrayó. "Por supuesto que una nueva ley tiene que tener un fuerte componente de financiamiento que asegure la inversión del Estado Nacional en nuestro sistema universitario", puntualizó.

Para el ministro, a corto plazo, "la principal responsabilidad que tenemos es cuidar la presencialidad segura que estamos impulsando, acelerar la marcha en el proceso de vacunación de nuestros docentes, trabajar con cada jurisdicción en lo que debe ser el proceso que garantice los aprendizajes en el marco de este modelo dual. Y por supuesto desplegar todas las políticas relacionadas a la infraestructura escolar en el marco de la pandemia, pero también de la postpandemia". 

Alque que va en la línea con la premisa que enunció el Presidente en el Congreso: "Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro".