OPINIÓN

Una estrategia para amedrentar

A propósito del pedido de inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que presentó la Municipalidad de Roldán, de acuerdo al fallo de la jueza federal Sylvia Aramberri no se ha tratado la cuestión de fondo solicitada ya que, en primer lugar, la magistrada, revisó si se encontraban los requisitos formales para admitir el pedido de afectación de intereses colectivos, resolviendo por su inadmisibilidad. 

Todas las acciones judiciales de grupos conservadores que se oponen al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como venimos observando en distintas partes del país – Chaco, Salta, etc.- desde que se promulgó la Ley, se enmarcan en una serie diversa de acciones políticas, tal como el hecho que Roldán es un municipio que se declaró "pro vida" años atrás. Estos grupos perdieron su batalla en el Congreso nacional, ahora su estrategia es utilizar el sistema de justicia con fines políticos sectoriales. Saben que el sistema de justicia, más tarde o más temprano, sea en tribunales de primera instancia o de Cámara van a rechazar el pedido de inconstitucionalidad de una ley federal. Lo saben porque estos grupos tienen buenas asesorías legales. No es posible jurídicamente que una ley sancionada por el Congreso, una ley federal sea anulada por una jueza o un juez. Es antidemocrático y viola la división de poderes habilitar que una sola persona, dos o tres en la justicia, además, se arroguen funciones legislativas. 

¿Por qué recurren a la justicia, entonces? Para confundir, como estrategia de poder, porque creen que les da fuerza cuando en realidad los debilita; porque creen que van a amedrentar a los profesionales de las provincias o municipios, en definitiva, lo hacen para hostigar, algo que saben hacer muy bien, porque tienen acumulados siglos de experiencia. Coaccionar al personal de salud, también es una estrategia ya gastada, vetusta, estrategia que se aprovecha de las políticas débiles en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hostigan y presionan al personal de salud en el nivel primario para que sientan miedo y se nieguen a realizar las prácticas en el marco legal. Actúan en diferentes ámbitos, pero lo que logran es por el miedo. También esto tiene un final. Así como tuvo un final utilizar la justicia para denegar las prácticas de interrupciones legales del embarazo hasta que llegó el fallo FAL, luego llegaron las materias electivas sobre aborto en las universidades y más profesionales comenzaron a respetar la regulación del Código Penal y protocolos, recientemente la ley 27.610 que amplía las posibilidades de decidir y librarse de mandatos. Esto les molesta y mucho, cualquier forma de liberación molesta para los poderes que se nutren de la opresión.

Por eso necesitamos urgente en la provincia la ley de educación sexual integral y que la formación de profesionales de la salud esté atravesada con perspectiva de derechos humanos. Algo también debe quedar claro es que una cosa es la objeción de conciencia y otra muy distinta es desobedecer las normas. La primera es un derecho, la segunda constituye una infracción o, peor, un delito.

*Abogada. UNR - CLADEM

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