La Concejalía Popular de Rosario denunció que desde que comenzó la pandemia se iniciaron juicios de desalojo en los Tribunales provinciales por deudas de alquileres, 48 de ellos desde el pasado mes de febrero, a pesar que el decreto nacional que venció ayer lo prohibía expresamente. "Le pedimos a la Cámara de Diputados provincial que haga un pedido de informes, y que en la coyuntura el gobierno provincial tome las medidas concretas para evitar desalojos mientras dure la pandemia", dijo Nire Roldán, presidente de la Concejalía. Por su parte, desde la Defensoría del Inquilino insistieron con la continuidad del decreto nacional y que los tres niveles del Estado garanticen las instancias de mediación que plantea el artículo 21 de la ley de alquileres. "Son muchísimas las consultas que nos están llegando en estas últimas horas de inquilinos a los que les piden que este jueves entreguen las llaves del inmueble que están habitando", dijo Sebastián Artola, titular de la Defensoría.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020 del 29 de marzo de 2020 venció ayer, por lo cual el gobierno nacional puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales. A partir de hoy, los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Previo a esto, el gobierno nacional implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo. Y esta semana se creó el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto. Ayer se esperaba la firma de una resolución para reglamentar el protocolo.
De todos modos, las diferentes asociaciones defensoras de inquilinos recibieron muchas denuncias de pedidos de desalojos. Desde la Concejalía Popular señalaron que desde que comenzó la pandemia fueron cerca de 400, de ellas casi 50 en el último mes, de pedidos generales de cobro de pesos. Y aunque no se puede determinar exactamente que la razón originaria del desalojo sea el alquiler, consideran que centralmente es la modalidad. Con el vencimiento del decreto nacional advierten que a partir de la semana próxima los pedidos escalarán.
"Esto es terrible, por eso hacia adelante le pedimos al gobierno provincial que mediante una modalidad jurídica, tal vez en contacto con la Corte Suprema de Justicia, para evitar que existan desalojos mientras dure la pandemia. Hacia atrás, queremos saber exactamente por qué en el marco de la vigencia de un decreto de necesidad y urgencia, funcionarios de justicia han librado mandamientos y embargado sueldos. Tenemos información precisa que existen este tipo de cosas", dijo Roldán.
"Como habíamos advertido, si el Estado en sus tres niveles no está presente garantizando las instancias de mediación que plantea el artículo 21 de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario actúa por la fuerza, expulsando cada vez más personas a la calle”, señaló Artola, referente de la Federación Nacional de Inquilinos.
"Si el decreto no se extiende y los gobierno provinciales no se comprometen frente a esta realidad vamos a vivir muchas situaciones de desalojos ilegales y violentos. La realidad de muchísimos inquilinos es crítica y de no seguir el Decreto 320 muchísimos inquilinos y familias van a quedar en la calle, profundizando la crisis habitacional que vive el país”, agregó el titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario.
El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Social y Popular) se sumó al pedido de las organizaciones para que el gobierno provincial intervenga busque la manera de frenar los desalojos al señalar que "más allá de la imprescindible prórroga del decreto 320 del gobierno nacional para prohibir que se produzcan, le pido al gobernador Omar Perotti, con la mayor humildad y firmeza, que suspenda esos procesos judiciales hasta que dure la pandemia. Es una medida de estricta sensibilidad y justicia social".
