Marcelo Sebastián D’Alessio no tuvo éxito tampoco con el nuevo juez que quedó a cargo de la causa de espionaje después de que Alejo Ramos Padilla se mudara al juzgado federal 1 de La Plata. El falso abogado intentó hacer trastabillar la causa con un planteo sobre el peritaje inicial sobre sus teléfonos, más de dos años después de sucedido, pero el juez Martín Bava le cortó la intentona de voltear la causa de cuajo.

Más de dos años después, el abogado de D’Alessio pidió que se declarara la nulidad de la resolución que había dictado Ramos Padilla el 21 de febrero de 2019, que ordenaba que, si el falso abogado se negaba a dar las claves para acceder a sus teléfonos, se recurriera a la fuerza mínima indispensable y menos lesiva -- como se usa cuando una persona, por ejemplo, no quiere prestarse a la realización de un análisis de ADN.

No hizo falta hacerlo porque D’Alessio accedió a darle las claves a los peritos de la Prefectura, que estuvieron a cargo del estudio. Es más, lo hizo ante una veintena de personas, resaltó el juez Bava. Entre ellos, estaban los integrantes de la Prefectura, cuatro funcionarios de la Procuración que actuaron como veedores, el fiscal Juan Pablo Curi y el propio Alejo Ramos Padilla.

“Ni siquiera fue necesario utilizar el recurso coercitivo, ya que el imputado aportó las claves de acceso de manera voluntaria, lo que señaló abiertamente delante de todos los concurrentes al acto”, sostuvo el juez Bava. “No se advierte la más mínima conculcación de garantías constitucionales como consecuencia de lo resuelto”, añadió.

Sin embargo, con la salida de Ramos Padilla de Dolores, la estrategia de D’Alessio pasó por hacer un planteo que podría afectar prueba sustancial de la causa vinculada a las comunicaciones que mantenía el falso abogado con sus compinches, diciendo que Ramos Padilla había desplegado una actividad ilegal en la causa para buscar que D’Alessio se autoincriminara. Es curioso porque incluso antes de que lo llevaran para destrabar los dispositivos eléctricos, él le había ofrecido al juez mostrarle audios del fiscal Carlos Stornelli -- procesado en la causa -- o darle documentación que mostraba cómo funcionaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Todos esos ofrecimientos fueron hechos a cambio de irse a prisión domiciliaria, según consta en la resolución a la que accedió este diario y que firmó el juez Bava, que subroga en Dolores.

La defensa de D’Alessio ya había intentado torpedear la investigación de Ramos Padilla desde Comodoro Py al presentar un hábeas corpus, diciendo que el falso abogado había sido coaccionado por el entonces juez federal de Dolores al momento de la extracción de las claves. Después de consultar la causa, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó en junio de 2019 la presentación por inexistencia de delito, que se reeditó ahora bajo un planteo de nulidad ante Bava.

“Llama poderosamente la atención la extemporaneidad del planteo de la defensa de D’Alessio, el que fue presentado luego de más de dos años de la realización del acto que ahora pretende atacar”, escribió Bava.

D’Alessio está actualmente detenido en el penal de Ezeiza y afrontando su primer juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por la extorsión a la que habría sometido al empresario Gabriel Traficante con varios de sus consortes de causa en Dolores. 

Según declaró Traficante, D’Alessio le pedía sumas abultadas de dinero porque le decía que estaba involucrado en la causa conocida como de la mafia de los contenedores. Con ese dinero, según proponía D’Alessio, se podrían borrar sus registros telefónicos y evitar la publicación de notas en el diario Clarín. En esa operación, D’Alessio se habría presentado -- según relató ante el TOF Traficante -- como director de Observaciones Judiciales de la AFI -- que es el nombre que tenía la oficina de escuchas mientras estaba en manos de la Secretaría de Inteligencia (SI).

Si bien no se pudo probar que D'Alessio haya revistado en la AFI, sí Ramos Padilla dio por acreditada su participación en una organización paraestatal con vínculos con los servicios de inteligencia, organismos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal, dedicada a espiar y a extorsionar.