La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó en forma crítica con el gobierno mexicano por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. “Es preocupante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación", dijo la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, en conferencia de prensa en el Distrito Federal.

Junto a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, Arosemena defiende las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEL), que investigó el caso. El GIEL se movió con el apoyo de los familiares de los estudiantes, quienes desde un primer momento desconfiaron de de las autoridades pare resolver el caso.

Ya hace un año, un informe del GIEL fue lapidario respecto del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al que acusaron de obstruir la investigación. Por ejemplo, nunca se permitió entrevistar a los militares de la base de Iguala, ubicada cerca del lugar donde desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Ahora, Arosemena y Abrão remarcan que sigue sin saberse cuán implicados pudieron estar las fuerzas de seguridad, sobre todo el Ejército y la policía. El GIEL sostiene la hipótesis de un grupo narco que atacó a los estudiantes por usar un micro utilizado para traficar droga. Con todo, sigue sin saberse a ciencia cierta el móvil del hecho.

"La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señaló la relatora.

Así las cosas, sólo se destacan pequeños avances, como el rastreo de las comunicaciones la noche de la desaparición masiva y la implicancia de los policías de la localidad de Huitzuco.

Entre la pesquisa del gobierno y la del GIEL hay una diferencia sustancial. La Procuraduría sostiene que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural. "La emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero es de preocupación para la comisión", afirmaron desde la CIDH, que considera que no todas las víctimas tuvieron ese final.