El Tribunal Oral Federal 5 ordenó el cese de la intervención a las sociedades de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, y dispuso la devolución de la administración a la familia de la expresidenta y el fallecido mandatario, en concreto a Máximo y a Florencia, porque Cristina Kirchner renunció a sus bienes en beneficio de sus hijos. La resolución se tomó por dos votos a uno y el voto mayoritario estableció también el nombramiento de veedores de la AFIP que vigilen el andar de ambas empresas dedicadas a alquilar propiedades, principalmente hoteles, oficinas y casas. El abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, había denunciado que después de casi cinco años de una intervención ilegal, la administración judicial impuesta por Claudio Bonadio omitía cobrar algunos alquileres, no pagaba los impuestos, no hacía el mantenimiento e incluso hubo propiedades usurpadas y robadas.

Los jueces que votaron la restitución de Hotesur y Los Sauces fueron Adrián Grünberg y Daniel Obligado. En disidencia votó la jueza Adriana Pallioti. Grümberg y Obligado tuvieron el respaldo del fiscal Diego Velazco en el caso de Los Sauces, pero no en el de Hotesur. El criterio del fiscal fue que los bienes de los Kirchner deben ser garantía para el caso de que la justicia resuelva incautaciones y, de hecho, consideró que es suficiente con los bienes de Hotesur.

La razón del cese de la intervención es que el plazo ya resultó irrazonable. Es que la medida se dispuso en 2017 para el caso de Los Sacuces y en 2018 para Hotesur con una extensión de seis meses. El objetivo era, además, que los Kirchner no pudieran manejar sus bienes en tiempos en que se estaba haciendo la instrucción judicial. Como ocurrió en todos los expedientes, Bonadio no sólo desoía los pedidos de acceder a copias de las actuaciones, sino que impidió la realización de las pericias necesarias para establecer si existió o no un delito.

Uno de los grotescos en el que incurrieron los visitadores de Olivos y Casa Rosada es que, al principio del expediente Hotesur, se resolvió el apartamiento de Bonadio de esa causa porque, justamente, negaba todo los derechos a los imputados. El fallecido juez tomó, como en otros casos, por colectora: armó un expediente mellizo, Los Sauces, con bienes que ya eran de Hotesur. Y eso se lo convalidaron los visitadores de Olivos y la Rosada. Con un agregado: que luego de procesar a los Kirchner -incluyendo a Florencia que no tuvo la menor participación-, Bonadio se declaró incompetente. O sea, después de sumar su procesamiento número 13 contra CFK, admitió que nunca debió intervenir en esa causa. Nada se explica sin las visitas a Olivos y Casa Rosada.

Con la resolución del TOF, de todas maneras los bienes siguen embargados e inhibidos por lo que siguen siendo un respaldo, en caso de que en el juicio se determinen sanciones económicas. Grünberg y Obligado sostienen que hay formas menos gravosas que la intervención para tener los bienes inmovilizados. En el fondo, ambos ven que la existencia de delito es muy dudosa, porque ya hay una pericia favorable a los Kirchner y eso puede marcar el paso. Pallioti, en cambio, dijo que la intervención debe continuar para garantizar la inmovilidad de los bienes. En verdad, la postura de la juez conduce casi a la disolución de las empresas por las deuda que fueron acumulando los interventores.

El trasfondo de todo el caso se percibe en las visitas de los camaristas federales y de Casación a Olivos y Casa Rosada. Todos fueron parte de una orquesta que sólo tocaba un tema: sumar imputaciones contra la expresidenta y su familia. De esa manera, las causas se armaron sin pericias, sin prolijidad alguna y en el proceso de los juicios orales empiezan a naufragar. 

Las causas Los Sauces y Hotesur se basan en que, supuestamente, los Kirchner cobraban alquileres que serían retornos de la obra pública, porque buena parte de los bienes estaban alquilados a Lázaro Báez, a otros santacruceños, a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pero sucede que los alquileres fueron a precios de mercado, bancarizados, de manera que obviamente no podían incluir una coima. En el caso de Los Sauces ya hay una pericia favorable a la familia de la vicepresidenta. Pero en paralelo está transitando el juicio por la obra pública de Santa Cruz, en donde supuestamente se cometieron las irregularidades que derivaron en las coimas. Hasta ahora, en las audiencias, la acusación naufraga de manera notoria. Uno a uno, los testigos convocados por la propia fiscalía declaran que no hubo delito alguno.