Desde Santa Fe

La diputada Matilde Bruera coincidió que la orden del fiscal regional de Rafaela Diego Vigo a los fiscales de su zona para que “dejen sin efecto” la intervención del Organismo de Investigaciones del MPA en causas en trámite –porque está al mando de Marcelo Sain- “es ilegal”. Vigo “no tiene facultades para dar esa orden. El fiscal que decidió eso incurrió en una seria ilegalidad, como mínimo”, dijo la legisladora a Rosario/12.

Bruera fue la primera que advirtió que la resolución 15/2021 de Vigo es “arbitraria” y causa suficiente para iniciarle el proceso de remoción en la Legislatura y destituirlo del cargo. Lo planteó en la comisión de Juicio Político que sigue su operativo contra Sain, al que Bruera también calificó como “ilegal e inconstitucional”. Un “papelón” porque la denuncia de la diputada nacional Lucila Lehmann –de solo dos páginas- es “vergonzosa”, sintetizó.

El miércoles, el presidente de la comisión de Juicio Político Joaquín Blanco informó a sus pares que uno de los escritos que había incorporado (al operativo) era la orden de Vigo a los fiscales de Rafaela para que “dejen sin efecto la colaboración del Organismo de Investigaciones” en causas en trámite y pidan la devolución de los legajos.

“La orden de Vigo no sé si hay que tratarla en Juicio Político”, le contestó Bruera. “Lo que hay que discutir es cómo un fiscal regional es capaz de dar una orden ilegal a sus subordinados. Eso debe discutirse en otra instancia”, que es la comisión de Acuerdos. “Eso fue lo que planteé”, contó la legisladora a este diario. “No me dieron la razón, pero (sus colegas) tenían muy claro el hecho. Me dijeron que iban a analizar el tema. No fue rechazado. Creo que hay conciencia de que eso está mal”, agregó.

La impugnación de Bruera a la orden de Vigo porque “ilegal” y su pedido para que pase a la comisión de Acuerdos tiene seis testigos: Blanco y los otros miembros de la comisión de Juicio Político: Pablo Farías, Clara García, Julián Galdeano, Nicolás Mayoraz y Oscar Martínez.

El viernes, el Poder Ejecutivo –con la firma del secretario de Justicia Gabriel Somaglia- le pidió al jefe del MPA Jorge Baclini que anule la orden de Vigo que dispuso “de facto” y “sin sustento legal” el cese del Organismo de Investigaciones en causas judiciales en las que debe intervenir por mandato legal. Somaglia informó a Baclini que Vigo generó una “situación de gravedad institucional” en la “prestación del servicio de justicia” y que su “conducta conspira” contra el propio MPA. Por lo que le pidió que “deje sin efecto” la orden del fiscal regional de Rafaela, gire la denuncia a la comisión de Acuerdos de la Legislatura y notifique al fiscal en turno para que éste analice si el “comportamiento” de Vigo “configura la comisión de algún ilícito”, ante la “manifiesta extralimitación legal” en la incurrió al firmar la resolución 15/2021.

“Vigo no puede dar esa orden” a los fiscales de Rafaela para que marginen al Organismo de Investigaciones en causas judiciales. “Es una orden ilegal”, coincidió Bruera. “El Organismo de Investigaciones fue creado dentro del MPA para llevar adelante investigaciones complejas, con lo cual (Vigo) no tiene facultades para dar esa orden. Está incurriendo en una seria ilegalidad, como mínimo”.

Bruera interpretó que la conducta de Vigo “amerita pedirle el proceso de remoción porque ha dictado una orden ilegal y la ha hecho pública antes de notificársela a sus propios inferiores ¿Cómo puede un fiscal regional dar una orden de que los que trabajan con él no acudan al Organismo de Investigaciones que integra el MPA? Es un escándalo. Eso sí que es ilegal y amerita el proceso de remoción. Y no sólo ha dado una orden ilegal sino que la hizo pública antes de hacérsela llegar a sus inferiores jerárquicos, lo que quiere decir que forma parte de una maniobra política. Esto es escandaloso en Santa Fe, donde ya tenemos cuatro fiscales cuestionados por el juego clandestino y fiscales que se prestan a una opereta política. La única intención es impedir que Sain siga investigando sobre el crimen organizado y los vínculos judiciales y políticos”.