Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema provincial advirtió ayer que en "Santa Fe hay una puja de poder que pone en riesgo las instituciones". También fue crítico con las acciones de fiscales que suman descrédito al Ministerio Publico de la Acusación, y tajante al afirmar que se puede investigar si Marcelo Sain cometió alguna inconducta, pero siempre sentado en el sillón de director del Organismo de Investigaciones, no con una prohibición adelantada.
-¿Cómo están analizando los últimos capítulos que tiene a la justicia provincial en el ojo de la tormenta. Lo digo a partir de cierta disputa que parece haber entre actores de la estructura del Ministerio Público de la Acusación y un ministro saliente que ahora forma parte del organismo de investigaciones?
-Como ciudadano con un cargo de responsabilidad institucional lo analizó con mucha preocupación, porque está más que manifiesto que hay una puja de poder y lamentablemente no digo que las pujas de poder no existan o sean malas, sino que son preocupantes cuando esa pelea empieza a comprometer la integridad de las instituciones. Una república se basa en un sistema de pesos y contrapesos, donde ningún sector debe acumular un poder tal que suponga prácticamente carecer de límites, porque el poder tiende a arrasar con cualquier límite. Por eso eso es muy importante en este contexto analizar que cada uno de los sectores institucionalmente asuma su rol, recupere su posición y empecemos a pensar en como en alguna medida preservamos en la institucionalidad de la provincia.
-¿Usted entiende que en esta coyuntura la Corte Suprema de Santa Fe podría jugar ese rol interesante, en ese equilibrio, en ese balance de fuerzas entre avanzadas de distintos sectores?
-La Corte tiene obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, también la tienen los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Ejecutivo y por ende también los legisladores. De modo que sin duda la Corte y el Poder Judicial, digo la judicatura, hasta ahora ha demostrado una actuación destacada y muy independiente a la luz de los fallos que he podido analizar. Justamente, la función de la Corte es poner límites a lo que podría ser un ejercicio arbitrario del poder. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad que fue tomado de la Constitución americana, de modo que la Corte así juega un rol importante. En ese sentido, creo que nosotros estamos a la altura de las circunstancias de un tribunal colegiado que tiene personas con distintas concepciones, de modo que cada uno asume su posición en función de sus propias convicciones, siempre respetando la letra de la Constitución.
-El último jueves el senador Armando Traferri presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa una denuncia contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, a los que acusa de persecución, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y les pidió a los doce legisladores de esa comisión que estudien la documentación proporcionada y la actuación de ambos acusadores. Esa misma presentación que también fue hecha ante la justicia, avanza también sobre un análisis que hace Traferri sobre la imparcialidad o parcialidad de varias juezas que han participado en varias causas ligadas a la suya, por juego ilegal.
-No puedo opinar sobre la presentación del senador porque no la conozco, pero conozco al trayectoria de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, y no puedo dejar de pensar en los riesgos físicos, incluso personales de estos funcionarios y que los han asumido en los últimos años en distintas actuaciones que les ha tocado llevar a cabo. Por tanto no sólo el principio de inocencia rige para Traferri, también rige para Schiappa Pietra y Edery. Lo que sí me parece es que debemos llamarnos un poco a la reflexión y puedo opinar por ejemplo de un hecho que parece haber pasado inadvertido, que generó mucho malestar en el Poder Judicial, porque no es propio de una república que la legislatura convoque a una sesión especial solamente para dedicarse a criticar a dos camaristas y el contenido de un fallo que esos camaristas habían dictado. Así como la legislatura asumió la actitud de convocar a una sesión especial públicamente para criticar una decisión de otro poder del Estado, me siento en condiciones de poder expresar que no me parece lo más adecuado y me siento en la obligación de pedirle a los legisladores que reflexionen un poco, porque División de poderes, Independencia judicial y Legalidad es una trilogía que hace a la esencia de la democracia y al estado de derecho. Cuando en una provincia o en un país eso se rompe o se interfiere, entonces el problema es un poco más complejo y complicado. Por eso, vuelvo a repetir, creo que los actores institucionales deben asumir en este momento la responsabilidad que a cada uno nos cabe y tratar de que se diriman las diferencias y las distintas posiciones se resuelvan por los canales que prevé la Constitución, que están previstos legalmente. Y tratar de ser lo más delicados posibles para no afectar la institucionalidad de una provincia que durante algún tiempo se jactó de tener niveles de institucionalidad muy altos, y que ahora obviamente se encuentra atravesando una crisis, no hay que negarla. Usted verá las declaraciones públicas y las decisiones y las propuestas que se hacen y que evidencian que estamos en una crisis de la que hay que salir lo antes posible.
-En esta puja de poder el fiscal regional de Rafaela Diego Vigo le ordenó a sus fiscales de grado no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras Marcelo Sain esté sentado en el cargo de director. Esto motivó una denuncia de parte del secretario de Justicia Gabriel Somaglia . También Vigo se vio acompañado en su estocada a Sain por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti quien lo denunció ante el fiscal general Jorge Baclini por lo que suponen desmanejos. ¿Está en riesgo la conformación, la cohesión del Ministerio Público de la Acusación o su credibilidad pública? ¿Cómo analiza este proceso?
-Me preocupa mucho el Ministerio Público de a Acusación porque ha representado un avance en términos institucionales en su tarea investigativa. Leo con mucha sorpresa la decisión del fiscal regional de Rafaela, porque los fiscales del Ministerio Público tienen tres pilares que no pueden dejar de observar: uno es el principio de Unidad de actuación, otro es el principio de Objetividad y el tercero no hace falta que esté escrito y es el principio de Legalidad. Los fiscales están obligados a cumplir la ley antes que cualquiera, por lo tanto me sorprende que un fiscal diga que no va a cumplir por ejemplo con una ley que marca la creación del Organismo de Investigaciones, o que va a darle órdenes a sus fiscales para que no trabajen con un organismo creado con una competencia específica en delitos complejos. Realmente creo que el fiscal general debe poner las cosas en orden, porque no es solo que los fiscales deben cumplir la ley, sino que, además, hacer pública una decisión de este tipo verdaderamente pareciera trasuntar una desconfianza dentro de la propia institución. Creo que hay resortes como para que, si el fiscal regional cometió un error, lo asuma y lo corrija rápidamente. Lo digo con un sentido: hoy vivimos un mundo bastante complicado, donde hay un gran dilema en torno a quién nos gobierna, si nos gobierna la política o las corporaciones. En ese dilema, hay intentos muy claros que apuntan a generar un descrédito en las instituciones públicas, que apuntan a generar desconfianza en la democracia, que apuntan a debilitar los partidos políticos. Entonces, me parece que en ese contexto, y esto no lo digo yo, sino que se puede relevar es muchísimos trabajo de investigadores y de pensadores de distintos lugares del mundo, en este contexto creo que la política debe ser la primera en defender la política y que los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que ser los primeros en defender las instituciones, porque de lo contrario nos estamos generando un daño muy grande respecto a la base social, respecto de la ciudadanía. Y obviamente estamos alimentando una situación de desconfianza, una situación de descrédito que no es la más conveniente para poder operar en la vigencia plena de un estado de derecho y del funcionamiento democrático.
-¿El hecho de que se siga instruyendo en la Legislatura el juicio político a Marcelo Sain a pesar de haber dejado de ser ministro, es otro capítulo de esta disputa de poder?
-Pareciera que todo gira en torno al ejercicio del Ministerio de Seguridad de parte de Marcelo Sain y ahora su renuncia y reintegro al Organismo de Investigaciones. Me parece que es una situación que probablemente sea parte del problema, pero creo también que en un gran porcentaje sea un pretexto muy grande para otro tipo de cuestiones, de discusiones. No creo que el problema se límite a ese, sino que forma parte de lo que está atravesando la provincia. Hay que ser claros, Sain solicitó una licencia que se le concedió en el Organismo de Investigaciones y lógicamente si él renuncia al cargo, como se le concedió la licencia, tiene derecho ha reintegrarse al Organismo de Investigaciones. Ahora bien, si Sain cometió un acto de inconducta que merece ser juzgado, analizado o investigado, están previstos los canales y las competencias para que ese juzgamiento se lleve adelante. Lo que no se puede es aplicar una especie de cesantía anticipada sin su debido proceso y sin su derecho de defensa. Yo no puedo imponer como sanción, sin un proceso previo, el no ingreso de Sain. Si ya discutimos esto, es evidente que tenemos un problema con los asesores jurídicos. Esto hay que dejarlo claro: lo que haya hecho Sain que de lugar a un juicio político será decisión de la Legislatura, que verá hasta dónde y cómo lo lleva adelante. En fin, no voy a opinar sobre esa cuestión. Pero si Saín cometió una inconducta que debe ser juzgada en el ámbito del Organismo de Investigaciones y dentro del Ministerio Público de la Acusación, obviamente se hará con Sain adentro. Lo que no puede haber es ninguna duda para ningún actor institucional en que, de acuerdo a la ley, Sain interrumpió su licencia y pidió la reincorporación al organismo. O sea son dos cuestiones totalmente diferentes una es la cuestión vinculada al retorno de Sain al Organismo de Investigaciones y otra paralela es la cuestión vinculada a si Sain merece algún tipo de investigación por algún acto de inconducta que eventualmente sea motivo de un reproche o de una sanción.
-¿Usted comparte la percepción de que en la Legislatura hay sociedades políticas de distintos partidos o de distintos bloques que sumados terminan teniendo más poder que el propio Ejecutivo? ¿Ahí está el desbalance que tiene que venir a corregir la propia Corte?
-Eso es parte de un análisis, yo tengo mi opinión personal y no sería adecuado que la dé. Lo que digo es que los límites son feos pero existen, la periodicidad en los cargos es un principio republicano, porque apunta a poner límites. Cuando uno tiene la posibilidad de acumular y concentrar poder, obviamente tiene una tendencia natural a veces a pasar un poco por encima de sus límites. De modo que es necesario buscar el equilibrio y encontrar un sistema de pesos y contrapesos entre los límites y las competencias y los roles de cada uno de los actores legislativos, ejecutivos y judiciales. Nosotros tenemos un fallo muy importante, que fue la inconstitucionalidad de las leyes de la Reforma Procesal Penal por parte del anterior Procurador Bassó. Allí la Corte llegó a resignar la potestad que la Constitución le asigna respecto al poder disciplinario sobre los fiscales, en aras precisamente de preservar la autonomía de funcionamiento del MPF. De modo que con esto también le quiero dar otro ejemplo de cómo siempre la Constitución nos da la posibilidad de encontrar los caminos para que esos límites que son imprescindibles en el funcionamiento de cada uno de los poderes del Estado, puedan funcionar armoniosamente.
-Qué dijo la Corte en el caso Bassó?
-En ese caso se planteaba la inconstitucionalidad de la ley de organización del Ministerio Público, de la Defensa pública y de los tribunales penales porque básicamente el planteo del Procurador decía que se estaba violentando la Constitución provincial. Esto era porque la Constitución de la provincia establece que el Ministerio Público Fiscal esté dentro del poder judicial y que por lo tanto, toda la superintendencia de gobierno y la disciplina de los fiscales la tiene la Corte. Y no lo que preveía la ley 13.013 que era una suerte de tribunal de enjuiciamiento como el que tiene los jueces. Entonces, así la Corte dijo que sí es cierto que la Constitución de la provincia le da a la Corte la potestad disciplinaria, pero después la Constitución santafesina quedó a destiempo luego de la Reforma de la Constitución nacional en el año 94 . Allí se definió un Ministerio Público Fiscal autónomo, y así quedó claro que la Corte no podía disciplinar a los fiscales.
-Entonces, entiendo que la discusión sobre el planeo de inconstitucionalidad del régimen de remoción de fiscales que se arrogó la Legislatura ya estaría zanjado con este fallo anterior. ¿O en caso de expedirse por la constitucionalidad del mismo sería borrar con el codo lo que escribieron hace poco con la mano, verdad?
-La verdad es que no quiero decir eso. Lo que digo es que uno eventualmente, frente a una hipótesis determinada, puede cambiar de opinión en tanto pueda justificar y argumentar la razón por la cual cambió de opinión. Por eso no le voy a responder esa pregunta sino que voy a dejar como respuesta esta reflexión.
