El denunciante original ante la Justicia por las offshore del Presidente Mauricio Macri se presentará esta semana en Tribunales. El diputado neuquino Darío Martínez lo hará en apoyo del fiscal Federico Delgado y contra la decisión del juez Sebastián Casanello de declararse incompetente en la pesquisa por presunto lavado de activos. 

Martínez, del Frente para la Victoria, se presentó por primera vez en la fiscalía de Delgado hace un año, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió las primeras informaciones sobre las compañías inscriptas en paraísos fiscales. En las listas figuraba una empresa vinculada a Mauricio Macri, de nombre Kagemusha, inscripta en Panamá. Muy pronto apareció otra, Fleg Trading, inscripta en Bahamas.

Casanello dio por terminada la misión de su juzgado federal el 12 de abril pasado. 

Delgado se notificó el 17 y cuestionó la resolución del juez el viernes 21 mediante su apelación. Por encima de Casanello está la sala II de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah y Martín Irurzun. “Apelamos porque de acuerdo al artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación el juez debe reconstruir un hecho totalmente antes de tomar una decisión y aquí no lo hizo”, es una de las frases del escrito de Delgado. 

Este diario pudo saber que Martínez seguirá la misma línea del fiscal. 

Ventanilla

La Fleg de Bahamas creó sociedades para que el Grupo Macri operase en Brasil en tecnología, logística bancaria, administración de tarjetas de crédito y correo. Trianguló con otras dos firmas, Owners do Brasil (“owners” significa dueños) y Socma Americana. Socma es la sigla de Sociedades Macri. Esa información convirtió a Brasil en el terreno clave para obtener datos sobre el papel de Mauricio Macri en las sociedades y sobre la continuidad misma de ellas. 

Martínez buscó y obtuvo datos en Brasil. “En mi ampliación de denuncia aporté 86 copias de documentación que conseguí en la Junta Comercial del Estado de San Pablo”, dijo Martínez. “La misma documentación que el juez solicitó a Brasil y sobre la que aún no recibió contestación alguna.”

“Las copias certificadas se pueden obtener por ventanilla en la Junta Comercial de San Pablo, pagando el sellado correspondiente”, informó Martínez a PáginaI12. “Me ofrezco yo a conseguirle las copias.”

La práctica internacional permite que los consulados funcionen como escribanías para certificar que el documento que tienen delante suyo es lo que es. Como una escribanía. Es el trámite que siguió el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, para buscar desligarse de transferencias bancarias realizadas en el marco de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht. Arribas presentó en los tribunales federales copia de un correo electrónico del banco Credit Suisse y una certificación notarial.

Lo que fue aceptado en el caso Arribas no fue pedido con tenacidad por el juzgado en el caso Macri.

La Justicia argentina también quiso conseguir las cuentas bancarias de Fleg y de Owners en Brasil, protegidas por secreto bancario. Para levantar el secreto es necesaria una orden judicial brasileña. Fue pedida. Ni siquiera fue contestada.  

Las afirmaciones del diputado se enlazan con la queja del fiscal en el sentido de que la falta de datos en tiempo y forma desde Brasil no permitió contar con todos los elementos de prueba. Delgado se quejó de la Cancillería argentina y de la voluntad política de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. En las relaciones internacionales los Estados están representados por el Poder Ejecutivo de cada país y por eso cada documento tiene que pasar la frontera siguiendo el hilo que va de una administración judicial a su cancillería, de allí a la otra cancillería, de ahí a la otra administración judicial y lo mismo de retorno. 

Punto ciego

Uno de los puntos ciegos, más ciegos todavía por la falta de colaboración brasileña, es la operación de compra de acciones por parte de Fleg Trading a Socma Americana. Se trata de 9,3 millones de dólares de origen desconocido. “En nuestra legislación y en la de cualquier país, la tendencia no declarada de nueve millones de dólares en una cuenta bancaria o en efectivo en un bolso es suficiente prueba para presumir su origen ilícito”, dijo el diputado Martínez y aseguró que lo sostendrá en Tribunales. 

Tanto el Presidente como sus voceros insistieron primero en que Fleg Trading nunca tuvo cuenta ni movimientos de dinero. Pero cuando los indicios comenzaron a abundar se presentó en la Justicia el padre presidencial Franco Macri con un dato:  efectivamente en 1998 Fleg Trading sí tuvo un movimiento de 9,5 millones de dólares. 

Delgado dijo que la participación de Franco Macri agregó opacidad y no nitidez a la causa. 

Agregó Martínez: “Además no se han aportado los registros bancarios de Fleg y Owners que demuestren que los 9,3 millones de dólares sean el único movimiento de fondos que realizó”, y entonces “sería ilógico, ingenuo y poco serio en el marco de una investigación penal de las características y complejidad que ha descripto claramente el Señor Fiscal, pensar que esta sociedad se utilizó para este único acto y luego se desechó”. 

El diputado asegura que puede aportar pruebas de que “en el entramado societario del Grupo Macri en Brasil participaron otras sociedades creadas en guaridas fiscales con movimientos de fondos muy importantes”. 

Estela

En su apelación escribió Delgado que “este expediente es uno para la fiscalía, pero no es uno más para el demos”, o sea el pueblo. “Nuestro compromiso es doble: con la ley y con el demos”, señaló tras comprobar que los Panama Papers “dejaron la estela por los lugares que recorrieron”. 

Martínez informó que citará en su escrito datos de esa estela mundial. Citó una nota publicada por el periodista Liam Snack el 5 de abril de 2016 en The New York Times. Sin pretensiones penales pero con vocación informativa escribió Snack que Macri y funcionarios políticos de todo el mundo usaron los paraísos fiscales “para proteger su vasta riqueza”. Snack hablaba de Macri, del presidente ucraniano Petro Poroshenko, del primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, del primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif, del rey Salman de Arabia Saudita y del antiguo emir de Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani. También mencionó, entre otros deportistas y miembros del jet set, al futbolista argentino Lionel Messi. 

Aunque no le fue probado ningún delito, Gunnlaugsson renunció.

El entonces primer inglés David Cameron pasó por interpelaciones debido a un fideicomiso offshore con sede en Panamá. 

“Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el gobierno, y esto tenemos que ser muy rotundos”, dijo el ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, para explicar la renuncia del ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria. Montoro y Soria son miembros del Partido Popular de Mariano Rajoy, conservador.

Como las offshore de Macri, cuya inscripción está por cumplir 20 años, la firma de Soria era de 1995, cuando el ministro todavía no había entrado a la política. 

“No hizo falta ninguna trabajosa investigación para dar por sentado que la participación en sociedades offshore era ética y legalmente incompatible con un cargo público”, dedujo el diputado Martínez.

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