La fiscala de Derechos Humanos de Salta, Verónica Simesen de Bielke, informó que hasta marzo de este año se presentaron 745 denuncias por violencia policial y señaló a la División de Seguridad Urbana (911), a la Infantería y al Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR) como las divisiones más violentas de la Policía de la provincia. 

Asimismo, la fiscala detalló que la Comisaría 31, de Rosario de la Frontera, es el lugar más denunciado por hechos de violencia policial. Le siguen la Comisaría 42, de Tartagal, y la Comisaría 40, de Salvador Mazza, como las que registran más casos de violencia en el interior provincial. En Capital la mayor cantidad de denuncias son por actuaciones realizadas por la División de Seguridad Urbana.

"El sistema de denuncias web llevó a conocer lo del interior de la provincia", explicó Simesen de Bielke. Dijo que este canal facilita que la gente pueda realizar las denuncias por esta vía. La funcionaria añadió que trabaja con auxiliares fiscales del interior, y señaló que tiene inconvenientes por demoras en el envío de causas, una de las fiscalías con la que se suscitó ese problema fue precisamente la de Rosario de la Frontera. La fiscala adelantó que en esta semana se producirán más imputaciones de causas de violencia institucional de esa localidad. 

La fiscala detalló que el año pasado tramitó 42 legajos. "Arrancamos a trabajar el 1 de julio (cuando se hizo cargo de esta Fiscalía, especializada en investigar a los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales). La primera causa de 2020 fue la del comisario Walter Mamaní, estando de interina", recordó. 

La causa contra el comisario ya está con requerimiento de juicio. Con él están imputados también otros policías de la localidad de Apolinario Saravia por haber ejercido violencia institucional contra el joven Luciano Diez, que los denunció por una detención ilegal, malos tratos y por haber intentado armarle una causa. A raíz de esa acusación, fue apartado del cargo y también está ya próximo al juicio el ahora exauxiliar fiscal Sergio Dantur, por incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Filmaciones que se borran 

Simesen de Bielke señaló la importancia de que la madre de Diez haya buscado las grabaciones de la cámara del municipio de Apolinario Saravia que se encontraban en el Centreo Integrador Comunitario (CIC) justo frente al lugar en donde Mamaní disparó a Diez mientras éste circulaba en su vehículo, ya que al día siguiente el oficial dijo públicamente que el joven quiso pasarle el auto por encima. La madre también revisó las cámaras de su casa cuando fueron a detener a Diez y esas grabaciones sirvieron a la investigación fiscal.

La fiscala indicó que las cámaras de seguridad son importantes para la investigación pero dijo que las del Ministerio de Seguridad de la Provincia presentan inconvenientes. Las grabaciones de las cámaras del Ministerio "duran 6 días", por disposición del ministro Juan Manuel Pulleiro, contó. "Es muy grave, porque los elementos probatorios desaparecen. Además, cuando las pedís, la respuesta es 'no funcionan'. Como fiscales en estas investigaciones es gravísimo no tener cámaras", enfatizó. También señaló la utilidad de las cámaras que tienen los móviles de la policía y la geoposición, esto habría permitido identificar policías, corroborar hechos y los lugares y horarios en que actuaron.

Si bien Simesen de Bielke dijo que logró avanzar en varias causas de denuncias contra policías, precisó que es difícil que queden detenidos porque las acusaciones suelen implicar penas de prisión de condicional. 

Según explicó la fiscala, las defensas vienen insistiendo en que no se difundan las identidades de los policías denunciados. La fiscala consideró que sí se puede difundir estas identidades porque son funcionarios públicos y la gente tiene derecho a conocer estos datos, sin embargo, indicó que las están limitando al momento de requerimiento a juicio

La fiscala informó que avanzó en la investigación por denuncias de hechos cometidos en la Comisaría de Salvador Mazza. Allí había cámaras en la puerta y en el interior de la comisaría que habrían ayudado a determinar los hechos. 

Condiciones infrahumanas 

Por otra parte Simesen de Bielke señaló que "las condiciones de cárceles y centros de detenidos son infrahumanos" en Salta. En la misma Capital indicó que la Alcaídia tiene capacidad para 400  personas pero tiene alojadas a casi 800. Por otro lado, también dijo que en las comisarías del interior no debe haber personas detenidas cumpliendo condena ni en condición de procesadas. Contó que en General Guemes había condenados de la justicia federal y provincial alojados en la comisaría, algo que no debería ocurrir.

Actualmente hay 38 causas contra policías en espera de que los jueces de garantías dispongan la elevación a juicio. La fiscala también señaló que mientras las fiscalías tienen 4 meses para terminar las investigaciones, con posibilidad de prórroga, los juzgados de garantías no tienen límites de tiempo para resolver los requerimientos a juicio.

Por otra parte, en la Fiscalía de Derechos Humanos hay más de 20 legajos abiertos con imputaciones por la represión el año pasado en el barrio Parque La Vega. Los policías acusados pudieron ser ubicados porque los testigos informaron que actuaron efectivos de las vallas 4 y 5, y en las cámaras de los móviles de la fuerza se ve que "los que inician la agresión son los policías". También determinaron los móviles involucrados y quienes portaban armas, ya que no todo el personal policial estuvo armado. La fiscala contó que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó "40 cartuchos de disparos". En esta situación hubo al menos "20 personas con lesiones", entre ellas niñxs, precisó la fiscala, para quien "Los disparos eran innecesarios".

En otro orden, Simesen de Bielke contó que también han avanzado en imputaciones por las denuncias del año pasado por disparos a los ojos de parte de la Policía que provocaron que al menos 10 personas perdieron ese órgano. Para la fiscala, este proceder de la Policía tiene que ver con la falta de capacitación en el uso de las armas y de la fuerza, asimismo, consideró que falta preparación psicológica. Añadió que hay un reglamento de cumplimiento obligatorio para el uso de la fuerza y de las armas, pero "es como si no existiera". 

La fiscala también señaló que que tienen dificultades para identificar a los policías denunciados, ya que desde la fuerza le llegaron a enviar informes sobre los números de móviles que no eran los que habían sido usados en los procedimientos denunciados, y tampoco se provee la información con celeridad requerida. También recordó que en una oportunidad cinco policías del GOPAR asistieron armados a una audiencia.

La fiscala pidió anteayer la elevación a juicio para dos policías que están acusados de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, y para otros cuatro imputados por severidades y lesiones leves. Esta causa fue denunciada el año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia, y motivó un viaje de los integrantes de la comisión de Derechos Humanos para registrar denuncias y testimonios de víctimas de violencia policial durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de la covid-19.