La globalización, hija de las políticas de libre comercio y desregulación a los movimientos financieros entre países que se desarrollaron en el último tercio del siglo pasado, puso a competir a las economías del mundo por la atracción de inversiones. 

Débiles sistemas impositivos, elevada explotación laboral y bajos controles ambientales pasaron a transformarse en incentivos para la atracción de empresas. De esa competencia entre países por la localización del capital, derivó un ciclo de deterioro de las finanzas públicas, las condiciones laborales y ambientales a nivel global.

En consecuencia, muchas grandes empresas abandonaron sus centros de origen para radicarse en otros países, especialmente en China y en el sudeste asiático, donde las condiciones impositivas, laborales y ambientales eran más laxas. De ese cambio en la división internacional del trabajo derivó en el deterioro del poder de los Estados Unidos y Europa, y la emergencia de un mundo multipolar. Como trasfondo, se perdieron muchos empleos en los excentros industriales que migraron hacia las nuevas periferias en proceso de industrialización.

La reacción de la población de los centros fue el rechazo a la globalización que alimentó movimientos políticos de derecha nacionalista, como los encabezados por el expresidente Trump en los Estados Unidos. En un intento de sostener su base electoral, los demócratas de Biden buscan financiar un amplio programa de obras públicas con la recuperación de impuestos a las corporaciones que habían reducido los republicanos. Lanzaron una iniciativa para que las empresas multinacionales paguen una tasa impositiva mínima global.

El impuesto mínimo global a las multinacionales había sido impulsado por una serie de economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán. La idea es que las multinacionales paguen una tasa mínima impositiva (que rondaría el 21 por ciento aproximadamente) más allá del país en que estén localizadas. Si algún país le cobra menos, la casa central deberá pagar la diferencia en su país de origen. De esa manera, desaparecen los incentivos de cualquier gobierno a cobrar tasas por debajo de ese umbral.

De extenderse el impuesto mínimo global a estándares mínimos de remuneración laboral y cuidados del medio ambiente, se estaría atacando los elementos más tóxicos de la globalización. Si bien ello puede afectar a algunas economías puntuales (difícilmente afecte significativamente el proceso de industrialización ya maduro en Asia), favorece fuertemente a la Argentina. 

Nuestro país a luchado contra el proyecto neoliberal que promovía el deterioro impositivo y salarial (no así, en el plano ambiental) como estímulo para la atracción de inversiones. De esa manera, ha sostenido estándares impositivos y laborales por encima de otros países vecinos. La estrategia demócrata puede ser un empujón inesperado para la competitividad argentina en el plano regional.

@AndresAsiain