La decisión del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de desobedecer el fallo del fuero contencioso federal que suspendió las clases presenciales en CABA no estuvo basada en ningún dictamen de la Procuración General de la Ciudad, como se informó al anunciar que las escuelas continuarán abiertas y con actividad normal. Según le confirmaron a PáginaI12 fuentes del gobierno porteño, la opinión del procurador Gabriel Astarloa que se mencionó en el comunicado oficial fue verbal y no tuvo un sustento escrito, es decir, no hubo un dictamen con todas las de la ley de la procuración porteña, que es la dependencia de los abogados del Gobierno de la Ciudad. Esto implicaría que las consecuencias penales o jurídicas de lo obrado recaen exclusivamente sobre la cabeza de Larreta. Si bien al momento de tomar la decisión Astarloa no había firmado ningún escrito, en el gobierno porteño no descartaban que lo haga en las próximas horas, mientras llueven denuncias penales sobre Larreta.

Hasta el martes, cuando este diario pedía saber cómo se había tomado la decisión de habilitar las clases presenciales con un fallo de un fuero porteño --cuya jurisdicción estaba cuestionada--, la respuesta desde las altas esferas de la gestión de Larreta era: "Es simple: los fallos están para cumplirlos. No podemos elegir cuál cumplir y cuál no". Pero a partir de la orden del juez en lo contencioso federal Esteban Furnari de respetar el decreto presidencial que suspendió las clases presenciales hasta tanto la Corte Suprema resuelva la disputa, la idea cambió: Larreta eligió cuál fallo cumplir de los dos, y dijo que esperará a la Corte con las escuelas abiertas.

Para comunicarlo, esta vez no hubo conferencia de prensa noctámbula, como sucedió el domingo, sino un escueto texto. "Ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial", sostuvo el comunicado, que hacía expresa referencia a la intervención de Astarloa, que es el jefe de los abogados del gobierno porteño. El funcionario había participado de la reunión de emergencia que convocó Larreta luego de que se conoció el fallo, en el anochecer de un día agitado. Allí resolvieron que no darían marcha atrás con la decisión de la presencialidad y cuestionaron al juez federal. Los sonidos de las cacerolas en algunos barrios porteños y la creciente presión de Mauricio Macri quizás los ayudaron a definirse.

En base a lo que decía el comunicado sobre la "opinión jurídica" de Astarloa, este diario solicitó acceder al escrito en el que se daban las razones jurídicas por las cuales no se acataba un fallo del fuero federal, que le ordenaba a Larreta mantener las clases en forma virtual hasta tanto la Corte emita un fallo. Fuentes del gobierno porteño confirmaron que no existe un texto firmado por Astarloa que convalide el accionar del jefe de gobierno. Que el procurador simplemente le dio un consejo verbal, pero no lo plasmó en ningún escrito. Por lo general las decisiones que requieren una consulta a la Procuración, pasan por un sistema de documentos firmados digitalmente y se traducen en un dictamen de la Procuración.

Consultada por PáginaI12, una magistrada con años de experiencia en derecho administrativo indicó: "Previo a una decisión de gobierno tiene que haber un análisis de legitimidad de lo que se llama en la ley de procedimientos un servicio jurídico permanente, que es la procuración. No es verbalmente como se plasman las opiniones jurídicas". Otro juez, también versado en la administración del Estado porteño, indicó: "Los actos administrativos tienen que tener un dictamen jurídico que los avale. Pero en este caso no hay decreto o una resolución que diga que no se va a cumplir el fallo. Eso sí requeriría un dictamen obligatorio. Aquí es una más de las formas jurídicas que no se cumplieron: se ignoró el fallo federal, no se lo apeló".

Tras la consulta de este diario inquiriendo sobre la existencia del texto del procurador, no descartaban que se produzca finalmente ese documento, pero sería posteriormente a la toma de la decisión. El sistema informático del gobierno porteño, con firma digital, debería dejar registrado la fecha y hora en el que se produce ese dictamen.

No está claro si Artarloa no le puso el gancho a un documento de este tipo para evitar las eventuales consecuencias legales que puede tener desobedecer un fallo judicial (Larreta ya fue varias veces denunciado en el fuero penal tras su decisión), o si tuvo que ver simplemente con la velocidad con la que tomaron la decisión el martes por la noche. Lo cierto es que hasta el momento de la consulta, el documento no existía. Astarloa sí estuvo de paseo por distintos medios contestando preguntas sobre la decisión: “Acá nos estamos manejando con estricto apego a la legalidad. El primer fallo es el válido, el vigente. En la decisión conocida anoche hay un exceso de jurisdicción y un abuso de autoridad”, sostuvo el procurador porteño. Falta que lo firme.