La fiscal Gabriela Chaves, quien impulsa las causas por las que permanece detenida la dirigente de la Tupac Amaru Nélida Rojas y su familia, ordenó la liberación de Ángel Rojas, hermano de la referente presa, ante la falta de elementos que le permitieran mantener la detención preventiva por coacción agravada, según indicó el abogado defensor Alfredo Guevara. "Era una falsificación muy burda de la realidad", sentenció Guevara sobre la causa en la que la fiscal reconoció como "residencia habitual una vivienda sin techo, sin servicio y deshabitada en un barrio en construcción" para sostener la imputación por coacción. "Usan un delito con un mínimo muy alto que no permite hacerlo excarcelable, ese es el mecanismo de persecusión que se está utilizando en Mendoza", denunció en diálogo con PáginaI12.  

La detención contra Ángel Rojas fue dictada el 10 de abril. La causa por "coacción agravada" se basa en la declaración de la exsocia de la Tupac, Emilce Martínez Lama, quien había denunciado ser expulsada de su casa en el barrio en construcción de la organización social en la localidad mendocina de Lavalle. El propio Rojas, según figura en el expediente, la había denunciado por usurpación al ocupar una casa que no le estaba asignada y aún en etapa de construcción, y la Policía la había desalojado horas después.   

"Coacción agravada se imputa cuando alguien realiza una amenaza para obligar a alguien a abandonar su residencia habitual, pero acá estamos de un intento de usurpación de una casa sin techo, sin servicios, y que estaba deshabitada en un barrio en construcción. La prueba estaba en el expediente. Es una falsificación arbitraria y muy burda de la realidad. Es una persecución a la vista porque se considera como residencia habitual un lugar donde no vive nadie", describió Guevara a PáginaI12. Y agregó: "Es un delito con un mínimo muy alto que no permite hacerlo excarcelable, ese es el mecanismo de persecusión que se está utilizando en Mendoza".   

Tras el pedido de detención, Guevara presentó una demanda penal por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad al considerar que "hizo caso omiso" de la prueba que constaba en el expediente y que contradecía el argumento de la "residencia habitual" de la denunciante. Para ordenar la liberación, la fiscal indicó que Martínez Lama se presentó espontáneamente a declarar y sostuvo "yo vivo en otro lado". "Era insostenible la denuncia, lo liberó con el objetivo de no quedar ella más comprometida en la causa penal que está abierta", afirmó el abogado. 

La causa por "coacción agravada" era la única que sostenía la detención del hermano de Nélida Rojas, pero ella, su marido y sus dos hijas continúan detenidos, mientras que otra treintena de integrantes de la Tupac tienen causas abiertas. "Cuando un fiscal dispone una detención se tiene derecho a pedir ante el juez de garantías que, en el plazo de 2 días, ser revise la orden. Nosotros lo solicitamos el 10 de abril y aún no tuvimos respuestas. Estamos en un limbo jurídico", alertó Guevara y lamentó el "cerco mediático" que hay en la provincia.

El primer juez de Garantías de la causa David Mangiafico fue recusado por la fiscal por una supuesta filtración de información, mientras que otros tres se declararon incompetentes. "Se avanza con las detenciones y hostigamientos, además de que las obras de construcción en Lavalle están detenidos por el allanamiento al corralón donde está el material para las obras", enumeró Guevara e insistió: "Todo esto ocurre sin que un juez revise lo actuado por la fiscal". Mediante un hábeas corpus, el abogado solicitó la intervención de la Cámara para que se pronuncie sobre las detenciones o asigne un juez a cargo. "Veremos si hoy nos responden", indicó.   

Respecto de las causas abiertas contra la dirigente de la Tupac, Guevara describió otra muy similar al que terminó con la liberación de Rojas. Se trata de la denuncia de otra exintegrante de la Tupac en abril de 2015, cuando denunció "amenazas" al tiempo que la organización barrial la acusó por "usurpación". Entonces, la fiscal reconoció la usurpación pero la archivó por "estado de necesidad" de la demandada. Dos años después, según denunció Guevara, la fiscal reabrió la causa, sostuvo que la casa usurpada era de "residencia habitual" e imputó a la dirigente de la Tupac por "coacción agravada". "Está la firma de la fiscal que en un lugar dice A y en la otra dice B", resaltó el abogado.  

El resto de las causas, unas 20 notificadas, son por supuesta extorsión y asociación ilícita. El abogado indicó que las causas por extorsión se tratan de denuncias de exsocios de la organización que "pagaron una cuota social para integrar la Tupac. Cuotas de 80 pesos como máximo, que no significan pagar una casa, pero tenían la ilusión de alcanzarla, algo que se truncó con el cambio de Gobierno".

"No puede haber extorsión sobre la base de prácticas comunes de asociaciones. Todos tienen derecho a renunciar si no están de acuerdo y ninguno fue obligado a afiliarse. Se termina criminalizando solamente por el hecho de que les pedían concurrir a las marchas", señaló.

"La asociación ilícita se lo agregan una semana antes de la orden de detención, debido a que hay tantas denuncias anteriores. Hablan de que tienen autos no declarados, una cuenta en el Banco Nación a donde iban los fondos para las obras", recordó Guevara y advirtió: "Pero no existe una causa por enriquecimiento ilícito o administración fraudulenta. No pueden sostener la asociación ilícita".