En este caso le llegó el turno al ex gerente de ANSeS Salta, Marcos Vera, recientemente removido de su cargo; al intendente de El Quebrachal, Ricardo Rojas, y al diputado provincial de Los Toldos, Osbaldo Francisco Acosta, quienes junto a 24 concejales más, figuraban en los registros solicitando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aunque esta última tanda de imputados no llegaron a cobrarlo por haber sido rechazados.

Se trata de la cuarta investigación penal abierta en la provincia por irregularidades en la gestión y cobro del beneficio social. En esta, como en las anteriores, la fiscalía les atribuyó defraudación en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta, le dio 50 días hábiles al fiscal para continuar con las tareas investigativas. En ese lapso Toranzos deberá realizar los informes correspondientes y seguir los movimientos bancarios, así como determinar las IP geográficas de las terminales utilizadas por los acusados para la gestión del beneficio.

Además de Acosta, Vera y Rojas, el fiscal imputó a los concejales Guillermo Alemán, de Aguaray; Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Héctor Barraza y Analía Leal, de Orán; Iván Basterra, de Pichanal; Paula Brete, de General Pizarro; Silvia Concha, de Hipólito Iirigoyen; Juan Dávila y Noemí Egüe, de Embarcación; Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Pérez Stella Maris, de General Güemes; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Norberto López, de Seclantás; Maribel López, de Santa Victoria Este; Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez, de Cachi; Francisco Pereyra, de Rivadavia Banda Norte; Walter Raposo, de Chicoana; Marcos Rosas, de Rosario de Lerma; Carlos Sánchez, de El Potrero y Daniel Tilca, de Vaqueros.

Sobre el ex gerente de la ANSeS, que estuvo a cargo de la UDAI Sur de Salta, la fiscalía de Casos Complejos añadió que si bien al momento de solicitar el IFE no se encontraba al frente del organismo nacional, sí era asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

En otros tres procesos anteriores, se imputó a 38 personas más, de las cuales 26 son concejales, tres eran empleados jerárquicos en el PAMI pero que ya renunciaron, y otros nueve se desempeñan en la Municipalidad de General Pizarro, en el departamento Anta.

Ninguno de los imputados quiso realizar declaraciones públicas y alegaron que presentarán todos sus argumentos en la Justicia. En tanto que Toranzos le contestó a este medio que no emitiría opinión por el momento. 

Sin embargo, desde esa fiscalía informaron que todos los funcionarios apuntados buscaron desvincularse de los hechos. Algunos de ellos, como el diputado oriundo de Los Toldos Osbaldo Acosta, o el intendente Ricardo Rojas, siguen negando haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE y pidieron que se investigue al respecto a fin de determinar a los presuntos responsables.

Otros sostuvieron que tampoco ingresaron sus datos, aunque sí reconocieron que otros lo habían hecho por ellos, y apuntaron a sus hijos, compañeros de militancia “y hasta una nuera”, entre otros familiares. Muchos de los concejales, señalaron que el ingreso de datos y gestiones se hizo con el fin de conocer cómo eran los pasos para así ayudar a pobladores que acudían a ellos, por ser conocidos, con distintas preguntas sobre las gestiones a realizar.

Por último, Marcos Vera, o el edil por Vaqueros Daniel Tilca, repitieron lo que ya en su momento le habían comentado a este medio, que habían ingresado sus datos con el fin de elaborar instructivos o tutoriales para enseñarle a llenar los requisitos a otros vecinos. Pero también hubo quienes acusaron a otros empleados nacionales y provinciales de haber incurrido en las mismas maniobras, y pidieron que también sean investigados.

Las investigaciones se iniciaron en una denuncia periodística que se difundió en FM Noticias en julio de 2020, cuando ya se había lanzado el programa de ayuda a desocupados, monotributistas de las categorías más bajas y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En ese momento los periodistas cruzaron datos de funcionarios en la página de ANSeS. Este beneficio, explicó el fiscal, había sido creado por el gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia 310/2020 “y tenía por finalidad ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia”.

“La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, señaló Toranzos en sus argumentos ante la jueza. A diferencia de las investigaciones anteriores, aclaró que los funcionarios ahora acusados hicieron las gestiones para el cobro del IFE pero habían sido rechazados por el sistema informático al detectar que las presentaciones realizadas no cumplían con los requisitos exigidos.

A pesar de que la maniobra no se llegó a consumar, el fiscal recalcó que la sola acción de gestionar el cobro del beneficio “indica la intención de dolo por parte de los funcionarios, la cual se encuadra en el delito y grado imputado”. Y les recordó que son o eran funcionarios públicos, “sobre quienes rigen las normas de ética vigente para la función pública”, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional. Por ello también los imputó por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público