A un año y medio de la muerte de Adrián Rodríguez, el bajista de Raras Bestias electrocutado en el escenario del Café de la Flor, la Fiscalía pidió pena de tres años para el inspector municipal que controló el local. La causa está prácticamente lista para llevar a juicio al dueño del bar y a un electricista; y se pretende sumar al empleado municipal. Para el primero, la fiscal Valeria Piazza Iglesias pidió --meses atrás-- cuatro años de prisión; y cinco para el hombre a cargo de verificar la instalación eléctrica. Ahora, el juez Alejandro Negroni deberá resolver entre la acusación fiscal y un pedido de sobreseimiento, para Pablo Akerman, por parte del defensor Héctor Superti, ex ministro de Justicia de la provincia. "Fue una suerte que haya habido una sola víctima, porque los peritos dieron cuenta de que todos los presentes en el show pudieron haber muerto. Las condiciones del lugar eran deplorables, y no se clausuró", lanzó Piazza Iglesias.

La audiencia preliminar al juicio oral se realizó ayer, después de tres suspensiones. La misma tuvo como fin incorporar la acusación contra el inspector municipal Pablo Akerman, de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, para que llegue a juicio con otras dos personas, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, ya que se le achacó haber firmado un acta para dar fe de que el local de Mendoza al 600 cumplía las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento.

La madrugada del 12 de octubre de 2015, Adrián Rodríguez, de 34 años, tocaba el bajo con su banda Raras Bestias en el Café de la Flor y murió en pleno show, al recibir una descarga eléctrica. Por esos días, el hecho causó una fuerte conmoción y la polémica se desató en torno a las precarias condiciones de seguridad para los músicos y artistas del under en ese tipo de espectáculos.

Fueron imputados Ariel Scharf, dueño del Café de la Flor desde julio de 2015, a quien la fiscalía achacó una "actitud negligente por inobservancia de sus obligaciones" y lo acusó de "violación del deber de cuidado y homicidio culposo". Piazza pidió que sea penado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación.

Fernando Campodónico, el electricista que trabajó en la instalación eléctrica, fue imputado hace un año. La Fiscalía lo acusó por los delitos de "homicidio culposo por negligencia, impericia y no observancia del cumplimiento de deberes como electricista". Campodónico fue quien manipuló la instalación eléctrica y dejó desconectado el interruptor (disyuntor) para que no haya más cortes de luz por fallas en las instalaciones del local. Es el acusado con el pedido de pena más alto, que asciende a cinco años y diez de inhabilitación. Ambos imputados esperan el juicio en libertad.

En tanto, Akerman fue el último en controlar las instalaciones del local nocturno, en abril de 2015. Mientras éste dio el visto bueno sobre las instalaciones, un informe de peritos reveló a la Justicia que las conexiones tenían deficiencias importantes desde hacía tiempo. Parte de esos informes llegaron al Ministerio Público de la Acusación en diciembre de 2015, y otros a principios de marzo de 2016. En ellos se constató que las instalaciones presentaban fallas serias. La fiscal imputó al inspector por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad", y también lo dejó en libertad; pero ayer pidió la pena de tres años de prisión condicional.

La defensa del nuevo imputado se quejó de que la causa contra su cliente vaya al mismo juicio oral en el que se acusa a dos personas por homicidio culposo. Para Piazza Iglesias, se trata del mismo caso, la misma investigación, y alegó que "no puede producirse un desgaste jurisdiccional en un sistema que ideó el propio defensor", dijo por el ex ministro de Justicia, Héctor Superti, que pidió el sobreseimiento de su cliente. El juez se tomará cinco días para resolver si envía a juicio al sindicado.