El gobierno porteño les pidió a las escuelas que informen qué familias adhirieron al DNU presidencial de suspensión de las clases para denunciarlos por “vulnerar” el derecho de sus hijos a la educación. Así consta en una comunicación interna que fue enviada el viernes al mediodía a las directoras y directores de escuelas del Distrito 10. 

Una copia del mail se filtró y circuló en las redes sociales durante el fin de semana, generando, como es lógico, miedo y preocupación entre las familias que no están mandando a sus chicos a la escuela por la segunda ola de contagios. Un docente confirmó a PáginaI12 que el mismo viernes, desde la dirección, le pidieron los nombres para armar un listado. “Les dije que no tenía ninguno”, contó. En el mismo sentido, la directora de un colegio privado reveló a este diario que la supervisora de su distrito escolar le sugirió, a ella y otras directoras, “que labrasen actas para registrar formalmente” a las familias que adhirieron al DNU.

Este mecanismo de presión no es un hecho aislado. La semana pasada, en las escuelas de CABA hubo directivos que prohibieron a los docentes dar clases virtuales a los alumnos que se quedaron en casa, a raíz del DNU. Otros fueron acusados de “hacer política” por haber escrito a las familias que les mandarían trabajos prácticos.

El mensaje a los directores de escuela  fue enviado por la Supervisión del Distrito Escolar 10,  que tiene a su cargo los establecimientos educativos  ubicados en los barrios de Belgrano, Núñez y Saavedra. La instrucción que da a los directivos es que reenvíen los mails de las familias que escribieron a las escuelas manifestando que adherían al DNU, por lo que sus hijos no irían a clases presenciales por los 15 días de su vigencia. 

Cuando se filtró a las redes, hubo dudas sobre si se trataba de un mensaje apócrifo  porque la dirección desde la que fue enviado no termina en @bue.edu.ar, que corresponde a los correos oficiales del sistema. Sin embargo, este diario accedió a otras comunicaciones del Distrito 10 a las escuelas, en las que se puede constatar que la dirección de gmail del caso denunciado es la que el Distrito emplea habitualmente para mandar información a los directivos.

Por otra parte, un docente confirmó que, como tiene acceso al correo de su escuela, ubicada en el Distrito 10, pudo ingresar a los mails de su lugar de trabajo y corroborar la existencia de la comunicación, que quedo incluso registrada con un número interno, el 193. 

"Esa misma mañana uno de las personas que integran la conducción de mi escuela pasó por mi grado y me preguntó quiénes de mis alumnos habían adherido al DNU. Le contesté que no tenía ninguno", agregó el consultado a PáginaI12.

Este diario ubicó a la directora de una escuela primaria privada de CABA que confirmó que los privados también recibieron una "sugerencia" del mismo tipo. "Nuestra supervisora nos sugirió, a mí y otras directoras, que confeccionáramos actas con las familias que adhirieron al DNU. Es decir que registráramos formalmente los nombres de quienes decidieron no mandar a sus chicos a la escuela. La supervisora dijo que lo recomendaba a título personal y en respuesta 'a las consultas que venía recibiendo'". 

Desde el gremio docente UTE, que este lunes entró en su sexto día de paro, Eduardo López repudió las acciones que discriminación y amedrentamiento a las familias que apoyaron la suspensión de las clases presenciales. "Todo esto sucede porque el gobierno de la Ciudad está presionando a los directivos, para que ellos a su vez hablen con los docentes, no docentes y familias y aumenten la presencialidad. Algunos  directivos hacen propias estas presiones; otros,  aún a riesgo de recibir sanciones laborales, priorizan el cuidado, la salud, la vida y el cumplimiento de las leyes por sobre la campaña electoral de Rodríguez Larreta".

UTE acaba de presentar una denuncia penal  contra el gobierno porteño por haber incumplido tanto el DNU que suspendió las clases como la orden de la justicia federal que ratificó su vigencia.  El escrito pide que se investigue al jefe de gobierno porteño por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece penas de 6 meses a dos años de prisión "el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". La demanda quedó a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.