Tras más de 20 años de conflictos, desde que la firma francesa Pernod Ricard, que explota la ex bodega Etchart y que produce los vinos Cafayate, ocupó 32 hectáreas que sus ex titulares habían donado al municipio para emplazar allí el aeródromo Arnaldo Etchart, la Justicia está a un paso de determinar a quién le corresponden esos terrenos.

La causa se inició recién hace tres años, cuando la municipalidad realizó el reclamo judicial, luego de que el intendente Fernando Almeda fuese obligado por una ordenanza del Concejo Deliberante.

La historia data de 1962, cuando Carmen Ulivarri de Etchart donó al municipio local una fracción de la finca de la familia ubicada sobre la ruta nacional 40, ya que hasta ese momento Cafayate no contaba con pista de aterrizaje. Esa donación fue aceptada en 1979 y ratificada un año más tarde por decreto provincial.

Los años pasaron y en el 2000 se inauguró el aeródromo Gilberto Lavaque, que conocen todos los que viajan hacia aquella ciudad turística desde Salta atravesando la Quebrada de las Conchas, ya que está ubicado a unos kilómetros del caso urbano, sobre la ruta nacional 68. 

En ese momento la bodega Etchart ya pertenecía a la multinacional francesa Pernod Ricard, la que ante el abandono de la vieja pista ocupó esas tierras, sin que haya reclamos de los intendentes y concejales de turno.

Si bien intentó en un principio, a través de una nota al Concejo Deliberante, llegar a un acuerdo que le permitiera usar el inmueble a nombre del municipio, al no obtener respuestas la empresa decidió avanzar alambrando el predio, plantando algunas vides y cerrando el camino de acceso desde la ruta nacional 40. “Era un claro intento de comenzar a hacer posesión y así obtener la usucapión (o posesión veinteañal)”, contó a este medio el periodista cafayateño Silvio Aguirre.

Aguirre fue uno de los primeros en desnudar las intenciones de Pernord Ricard; con otros vecinos buscó ingresar a la ex pista de aviones para visibilizar la situación, pero rápidamente la empresa los denunció y la misma jueza que hoy debe decidir sobre el futuro de las tierras en ese momento ordenó el desalojo.

“Nos sacó y puso una medida cautelar prohibiéndonos entrar a nosotros, pero a la empresa, que tampoco era la propietaria en sí, en lugar de dictar una medida de no innovar (le permitió continuar en la ocupación)”. Por eso mismo, y en señal de protesta, decidieron armar una carpa al ingreso del terreno, medida que sostuvieron por dos años.

La falta de viviendas es uno de los principales problemas de la zona y aseguró el vecino que en Cafayate ya no quedan tierras públicas.

En 2013, asediados por grupos de vecinos que reclamaban tierras para vivir, el cuerpo deliberativo de Cafayate solicitó al intendente Almeda que “articule los medios necesarios” para resolver el conflicto. En ese momento, la empresa ofreció un canje de las 32 hectáreas por otras 70 de su propiedad. Pero que según los vecinos, eran terrenos no aptos para ningún tipo de desarrollo urbanístico, ya que eran desérticos y en zona inundable, algo que confirmó la Dirección de Inmuebles de la provincia.

Sin embargo el ofrecimiento fue aceptado por Almeda, y en 2016, apoyado por los siete ediles, se firmó un convenio para realizar el canje. Sin embargo, la Carta Orgánica de Cafayate establece que no se pueden enajenar bienes municipales mediante un simple instrumento legal, sino que se tiene que dictar una ordenanza. 

Por eso, en diciembre del 2017, cuando asumió la nueva composición del cuerpo deliberativo, el tema volvió a cobrar fuerza y finalmente, tras mucho tire y afloje, se rechazó el acuerdo y se exigió al municipio que accione judicialmente contra Pernod Ricard para que restituya el inmueble en cuestión.

Meses más tarde, el municipio de Cafayate representado por Cesáreo Pastrana presentaría la demanda, que originó una investigación que se extendería por tres años en los que la jueza María Virginia Toranzos escuchó a los distintos testigos, entre ellos tres ex intendentes que aseguraron que allí había una pista de aterrizaje. 

El abogado municipal reconoció que fue gracias Silvio Aguirre y a movimientos sociales que reclamaban tierras que se descubrió lo que estaba sucediendo con el ex aeródromo y de allí comenzó todo el periplo antes descripto. También detalló que los integrantes del Concejo se negaron a que sean los representantes legales del municipio los que encaren el litigio y por eso se lo eligió a él para enfrentar a la empresa, “la municipalidad me hizo un poder para representarla e iniciar una acción de reivindicación”, contó el abogado.

Lo que pide el Ejecutivo local es la devolución de esas tierras, ya que aún posee la escritura de donación y es su titular dominial. Pastrana aseguró que presentaron muchísima información respecto no solo de la posesión, sino también de la existencia de la pista de aterrizaje que allí había.

El 16 de abril se realizaron las audiencias de prueba, en las que, entre otras cosas, fueron a ratificar su firma tres ex concejales que habían rubricado el convenio de canje que luego se dio de baja por el mismo cuerpo. 

En la misma audiencia declararon cinco testigos presentados por la municipalidad, el ingeniero y ex concejal Arturo Cayata, quien trabajó en el lugar. También lo hizo Enrique Valderrama, un ex diputado y concejal que fue secretario general del gremio vitivinícola, quien según el abogado, “fue muy preciso” al describir cómo en 1991, mientras ocupaba su banca de diputado, viajó a Salta con el ex gobernador Hernán Cornejo “y salieron de esa pista”, y ratificó que esas tierras habían sido donadas por sus antiguos dueños al municipio.

Por último, atestiguaron los ex intendentes Jesús “Susin” Ávila, Ricardo Jesús Strizich y Juan Esteban Ocampo, que aseveraron ante la jueza Toranzos que la pista de aterrizaje sí existió y añadieron que ellos mismos la utilizaron durante sus gestiones. Incluso Strizich, quien también fue concejal y senador, detalló cómo salían aviones sanitarios de mediano porte desde ese aeródromo.

En el marco de esas audiencias se llevó a cabo la inspección ocular en donde constataron que en la ex pista ya habían cultivado dos hectáreas y media con viñas, “y lo demás es un pequeño monte pero que se puede voltear fácilmente”, relató Pastrana. En la actualidad, se encuentran presentando oficios en Inmuebles y Vialidad para lograr restablecer el camino provincial de poco más de un kilómetro que entraba hasta ahí y que la firma francesa decidió cerrar.

Ante la fuerza que tiene la evidencia presentada por el Estado municipal, Pernord Ricard ya adelantó su voluntad de devolver el terreno, aunque quiere evitar pagar los años de usufructo y hasta los honorarios de representación, “quieren entregar de manera voluntaria pero con la condición de que quede todo ahí y que la municipalidad renuncie a cualquier otra acción”, indicó el abogado. Algo que desestimó, por lo que esperarán la sentencia, que, según sus cálculos, podría llegar antes de fin de año, una vez presentados los oficios y tras los alegatos de las partes.

“Una vez que se tramiten los oficios, solo restarían los alegatos, y después el plazo que establece el Código para la sentencia es de tres meses”, describió Cesáreo Pastrana. La defensa está a cargo del conocido abogado Raymundo Sosa.