Desde Santiago, Chile

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.