“Lo que llena de asombro no es que durante treinta años hayamos errado el rumbo sino que ciertos grupos sigan insistiendo que los alimentos deben ser baratos, sin querer advertir que ellos significa bajos salarios y una pobreza generalizada”. Este párrafo corresponde a las Memorias de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de 1976. Si bien ya pasaron 45 años, no deja de tener vigencia en el contexto actual.

La inflación de marzo fue de 4,8 por ciento acumulando 13 por ciento en los primeros tres meses del año, y el aumento de los alimentos y bebidas en los últimos seis meses fue de 28 por ciento. El precio de la carne ha aumentado 75 por ciento en los últimos doce meses y las exportaciones fueron record, según el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

La economía argentina necesita exportar y es necesario para llevar alivio a las cuentas fiscales. Pero no le sirve a la economía en su conjunto exportar de esta manera. Exportar a costa de cargar a los precios locales el precio de exportación.

Historia

Cuando el precio de los alimentos en el mercado mundial está en alza grandes productores y agroindustrias locales se benefician. La cuestión de los precios internos y externos incide sobre el costo de vida general. Ahora bien, esto ha sido abordado por distintos gobiernos, democráticos, conservadores y también dictatoriales.

Ya en la presidencia de Bartolomé Mitre existió la intervención pública a través del sistema de retenciones. No sólo eso. El sistema de regulación de los precios externos tuvo mayor incidencia con la creación en la década de 1930 de la Junta Reguladora de Carnes y la Junta Reguladora de Granos. Vale aclarar para algún desprevenido que la creación de las mismas se dio bajo el gobierno militar de Agustín P. Justo.

La forma de funcionamiento de dichas Juntas era muy sencillo: el Estado a través de ellas compraba a un precio determinado a los productores (sin que incurran en pérdidas) y luego exportaban los saldos. Durante el gobierno peronista el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) absorbió las funcionalidades de las Juntas reguladoras y tambien de la importación de bienes esenciales.

Luego durante los sucesivos gobiernos de distintos color político se fueron aplicando niveles de retenciones. La Memoria de la SRA de 1962 refería lo siguiente: “Para incrementar las exportaciones debe reducirse la influencia de los dos factores que las disminuyeron en los últimos veinte años: el consumo interno y las medida de gobierno que despojaron al campo en beneficio de una industrialización forzada llevada a cabo en forma inorgánica”.

En la Memoria de la SRA de 1964 se referían a que era “injusto” e “inconveniente” que se grave al campo, “fuente básica de la riqueza sobre la que se estructura la vida económica de la nación”.

En 2002 el presidente de la SRA, Enrique Crotto, afirmaba que Argentina es el único país del mundo que impone tributos a los que ingresan divisas. Otro presidente de la SRA, Hugo Biolcati, en 2009 sostenía que el Gobierno “viene confiscando la renta agropecuaria desde hace al menos seis años a través de las retenciones”.

Ganancias

Esas posiciones en la actualidad no han cambiado. Hay un sector que pretende exportar la mayor cantidad de alimentos a un mayor valor que el que obtendrían de venderlo en el mercado local, a costa de un menor acceso de los mismos a la población.

Un ejemplo en concreto es el consumo de carne vacuna que en los primeros tres meses de 2021 fue el más bajo de los últimos 18 años. Así lo informaron desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

Se encuentra dentro de la lógica capitalista la maximización de las ganancias. Por eso es de suma importancia la regulación estatal. No pasa por una cuestión de dogma, puesto que a lo largo de la historia distintos gobiernos conservadores han intervenido en el mercado de carnes y granos.

Ejemplo de lo antes mencionado es lo que sucede en Estados Unidos o en la Unión Europea, donde los gobiernos destinan enormes montos de subsidios a los productores agropecuarios. Vale esta mención para todos aquellos que se horrorizan de cualquier tipo de intervención estatal, pero a la vez miran como ejemplares las políticas de los países desarrollados. 

Rol del Estado

La Secretaria de Comercio está mostrando activamente su rol de contralor. Durante las últimas semanas ha dejado expuesto como varias empresas multinacionales de consumo masivo practicaban lisos y llanos abusos a los consumidores, tratando de escapar a los controles de precios consensuados. También ha solicitado información sobre precios, el nivel de producción, las ventas y el abastecimiento de productos a las 1000 empresas formadoras de precios. Es importante y necesario el rol que desempeña la Secretaria.

Igual un mayor control aún no alcanzará para frenar el aumento de los alimentos, puesto que las subas se debe básicamente al alza del tipo de cambio y el traslado a precios que realizan las empresas productoras de alimentos. En lo que va del año el tipo de cambio oficial de ajustó casi 11 por ciento.

Debido a esto es imperioso la creación de una empresa estatal que regule el mercado agroindustrial, que tenga presencia en toda la cadena alimenticia y, a la vez, sirva de referencia frente a los pocos grupos hegemónicos del sector. Esas empresas operan de forma oligopólica: unas veinte elaboran el 80 por ciento de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno, siendo las más importantes Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez, Molinos Cañuelas y Morixe. El objetivo sería que el Estado pueda adquirir a precios menores que los internacionales, y así abastecer a la población de alimentos a precios accesibles.

* Maestrando en Historia y Políticas económicas (UBA). [email protected]

@alancosentino