"El uso que le des no sería de mi incumbencia". La frase que surge de un intercembio de mensajes por WhatsApp entre un imputado y un agente revelador --que se hizo pasar por cliente de la banda mixta que vendía armas y que fue desbaratada e imputada esta semana--, le dio la clave a los fiscales de la unidad que investiga balaceras de la importancia de la causa que recién comenzaba, en marzo pasado. Lo que advirtieron es que "a esta gente no le importaba si le vendía a un cazador, a un tirador aficionado, o a un delincuente, ya sea narco o sicario, de alguna banda criminal", expresó el fiscal Pablo Socca, quien estimó que el accionar de la banda se traduce en "un aporte importantísimo" a los ataques violentos que vienen ocupando páginas en las crónicas policiales. 

Tres policías y otras cinco personas fueron imputadas por delitos de asociación ilícita, provisión ilegal de armas, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento; uno de los policías quedó implicado por tenencia de un arma que no era la reglamentaria. Para los fiscales de la unidad de balaceras, la banda tenía por objeto "la puesta en circulación y provisión ilegal de armas de fuego y municiones de diversos calibres a título oneroso, entregando dichos efectos a quienes se muestren interesados y a sabiendas de que los receptores no revisten la condición de autorizados para la adquisición de material controlado, aprovechando económicamente las ganancias ilegales obtenidas", reza la acusación.

Tras exponer, en una audiencia de alrededor de cinco horas, las escuchas, mensajes y otras evidencias reunidas en dos meses de investigación, la fiscal Valeria Haurigot dijo ayer en Radio2 que los acusados introducían armas al mercado negro "sin importar a quién y para qué finalidad". 

Al mismo tiempo, la fiscal dijo que se abrirá una investigación paralela a uno de los acusados que quedó preso en la audiencia imputativa, ya que no puede justificar con su trabajo de sodero la adquisición de 18 armas 2.500 balas, que le secuestraron en su casa de zona sur, el lunes pasado.

La funcionaria judicial también recordó que antes de los 12 allanamientos de esta semana, la figura del agente revelador permitió realizar entregas controladas de armas y municiones. "Fueron cinco operaciones. Se fueron midiendo porque corre riesgo (el policía). Por eso también pusimos un freno en la causa; consideramos que el tiempo era más que suficiente para avanzar", señaló sobre la banda que al parecer, primero accedía a vender armas para caza y luego, a medida que se aceitaba una relación de confianza con el cliente, ofrecía armas de otros calibres y municiones. "Las primeras que se compraron fueron fusiles y carabinas que habían sido robadas en Córdoba", dijo.

Además, la organización criminal --expresó Haurigot--, incluía en las operaciones de venta el "servicio" de brindar tarjetas de consumo de municiones en armerías. "No preguntaban si tenías tarjetas para municiones ni para qué finalidad las querías. Lo daban como un servicio. La Anmac funciona bastante mal. Ya se lo planteamos a la jueza. En Rosario podés ir a cazar en cotos de caza o disparar en clubes de tiro. Si una persona con su tarjeta adquiere frecuentemente armas, municiones, y no está asociado a club de tiro o en cotos de caza, eso termina siendo un enchastre", dijo.

La audiencia terminó con la prisión preventiva del policía Sergio González, su hermano Cesar González, el sodero José Luis Andino y el policía Alan Juárez. A los demás se les impuso fianza y medidas de restricción.