Desde Santa Fe
Mario Paez tenía 14 años cuando lo secuestraron en febrero de 1980. Cumplió los 15 en un centro clandestino de detención, en San Martín y Obispo Gelabert, a una cuadra del bulevar Gálvez, donde operaba un grupo de tareas integrado por agentes de inteligencia de la Policía de Santa Fe, más conocido como D2. Desde su celda, escuchaba que en el piso superior vivía una familia, en un departamento con ventanas a la calle San Martín, que el Estado asignaba a jefes policiales. El jueves, Mario será el primer testigo y víctima en declarar ante el Tribunal Oral de Santa Fe en el juicio a seis ex policías de la provincia imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos tres del D2: Germán Raúl Chartier (ex jefe del área en la Unidad Regional I), el ex oficial Eduardo Enrique Riuli (que se recicló como locutor) y el ex sargento Rubén Oscar Insaurralde. Los otros tres son Fernando Sebastián Mendoza (ex jefe de la comisaría de Laguna Paiva), y los cabos Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina.
La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia Horacio Coutaz, que aportó mucha prueba de la caída del último jefe del PRT en Santa Fe, Catalino Paez en febrero de 1980 y el secuestro y torturas a su esposa embarazada, a su hijo Mario que era un niño de 14 años y a once de sus compañeros que trabajaban en el Frigorífico Nelson y en el Ferrocarril en Laguna Paiva y Villa Constitución.
El Ministerio Público Fiscal pidió las indagatorias y las detenciones, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez, recién las ordenó en agosto de 2016. Catalino no pudo verlo porque falleció un mes antes, el 26 julio. Dejó testimonio de su secuestro, el de su compañera y el su hijo Mario, en una fábrica de ladrillos en la zona de Lima, en la provincia de Buenos Aires y el derrotero hasta una casa de campo en las afueras de Santa Fe –donde operaba la patota- y la vuelta al D2, en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert. Allí puedo identificar a sus interrogadores: un subcomisario (Oscar) Natali que le dijo: “Acá no se jode. Mira que llamo a uno que te pegue una apretada”. Y desde la pieza de al lado otro le contestó: “¿A quién hay que matar? ¿Querés que te vuele la cabeza de tiro?”. “Ese era el Pollo (Héctor Romeo) Colombini”, contó Paez. Colombini y Natali eran adscriptos al Destacamento de Inteligencia Militar 122, del Ejército.
Entre las pruebas que aportó la Secretaría de Derechos Humanos hay “información de relevancia” y una lista de 38 nombres de oficiales y suboficiales del D2. Seis de ellos son los imputados en el juicio que comienza el jueves ante los jueces del Tribunal de Santa Fe, José María Escobar Cello (que presidirá las audiencias), María Ivón Vella y Luciano Lauría. Hasta principios de junio van a declarar 57 testigos, entre ellos la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, Norma Ríos, que es querellante en la causa, el diputado Carlos del Frade y el politólogo Agustín Prospitti, investigador de la persecución del terrorismo de estado a los trabajadores y al sindicalismo combativo.
El 26 y el 27 de mayo están previstas tres inspecciones judiciales. El jueves 26 en la comisaría de Laguna Paiva (donde estuvieron dos de las víctimas). El viernes 27, primero, en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), por donde pasaron Catalino, su esposa, su hijo Mario y su hermano Miguel Paez, que también fue secuestrado junto a su familia. Y luego, en la esquina del D2, donde hoy funciona la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad. Esta inspección fue solicitada por el fiscal Martín Suárez Faisal y la querella porque allí estuvieron secuestrados los Paez, y sus compañeros.
Suárez Faisal dijo que cuando propuso recorrer la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, descubrió que “ese edificio usado como centro clandestino de detención interrogatorios y torturas por donde pasaron muchas de las víctimas de este juicio” había sido modificado. “Si bien conserva la fachada original, después de tantos años se realizaron muchas modificaciones en el interior y las dependencias ya no estan igual que en la época de los hechos, en 1980”.
El fiscal convocó entonces a un equipo de la Facultad de Arquitectura de la UNL que investigó cómo era el edificio -antes de las alteraciones- y realizó una reproducción a escala de la estructura. “Es maqueta muy significativa, desmontable, en la que se puede ver cada una de las dependencias del edificio que fue centro clandestino de detención y puede tener dos utilidades. Por un lado, permitir que los testigos puedan encontrar los lugares donde estuvieron cautivos, dónde fueron torturados o interrogados, y así determinar las responsabilidades de quiénes operaban allí”. Pero también puede quedar como acervo del Archivo Provincial de la Memoria para ser exhibida a las nuevas generaciones y mostrar cómo era y qué ocurrió en esos lugares del terrorismo de estado".
Mario también pudo identificar a los represores: Riuli y un canoso que el día lo dejaron salir, le dijeron: “Hijo de puta, fíjate lo que vas a hacer ahora porque no queremos que seas como tu padre cuando salgas afuera”.
