En una sesión que se realizó por la noche del martes, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza decidió darle tratamiento a un pedido de Juicio Político contra su intendente, Rubén Méndez, por desobedecer la Carta Orgánica municipal y desoír los pedidos de ese cuerpo.

De los nueve concejales que tiene la localidad, seis fueron los que asistieron y votaron a favor de avanzar en el juicio contra el jefe comunal por incumplimiento de sus deberes. Los tres restantes, adujeron estar enfermos, una de ellas, Claudia Subelza, que llegó a la banca acompañando a Méndez, por estar con síntomas compatibles con Covid, otra, la también oficialista Claudia Casas, presentó licencia médica unas horas antes de la reunión, mientras que el ex presidente del cuerpo y primero en denunciar en la Justicia al intendente, Bladimir Villalba, se está reponiendo de una operación y tiene carpeta médica hasta el día de hoy.

Los concejales que presentaron la denuncia de Juicio son el radical Fabián Renfiges y el de Kolina, Cristian Crauzas. Este último fue el autor de la denuncia, y en diálogo con Salta/12 sostuvo que sus argumentos son los ya conocidos públicamente y que tienen que ver con no presentar los balances de fin de año ni rendir cuentas del erario público, ni al Concejo ni a la Auditoría de la provincia, “pero tampoco se digna a presentar los proyectos de presupuesto anual para ser evaluados y aprobados por este cuerpo, no respeta el sistema democrático argentino”, detalló Crauzas.

A su vez, añadió que ese accionar “lo viene arrastrando al menos desde el 2018 que estoy yo”, aunque aseguró que desde que llegó a ocupar la intendencia se mueve de esa manera. Por estos días el Concejo llamará a una sesión extraordinaria para presentar lo que será el proyecto de Juicio Político y conformar la Comisión investigadora, que estará presidida por Fabián Renfinges. Una vez aprobada la ordenanza, el intendente tendrá 15 a 20 días para hacer su descargo y deberá presentarse ante la comisión para responder a las denuncias.

Crauzas afirmó que el Juicio será un hecho, debido a que los ediles opositores y convencidos de avanzar son siete sobre nueve, y recordó que a este juicio, se suman “las ya varias imputaciones que tiene en su haber”.

Entre las denuncias que pesan contra Méndez se encuentra la que lleva el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, que imputó al jefe comunal por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, a instancias de la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de ese momento, Bladimir Villalba.

En aquel momento, Villalba había intentado sin éxito avanzar con el Juicio Político que recién el martes se concretó. Por lo que presentó toda la documentación en la Justicia, en las que sostiene que entre otros cosas “es un vetador serial”. A pesar de que el municipio cuenta con su Carta Orgánica desde 2018, ratificada por la Legislatura y promulgada por la Ley 8.111, que fija las pautas obligatorias para el Ejecutivo, el intendente jamás la puso en funcionamiento, así como tampoco a ninguna de las áreas establecidas por esa normativa, a pesar de los reiterados pedidos del Cuerpo deliberativo.

En su denuncia, el edil detalló que el Concejo Deliberante dictó la ordenanza 47 de 2019, para crear un Juzgado Administrativo de Faltas, pero ésta fue vetada por el Ejecutivo ese mismo año mediante la resolución 124. Otra de las ordenanzas vetada por el jefe comunal fue la creación del Tribunal de Cuentas municipal. Lo mismo sucedió con la ordenanza 48/19, que preveía la creación de la Procuración Municipal y también fue vetada, y al ser insistida por los ediles, nunca se puso en marcha.

Asimismo, según consta en el decreto de imputación de Cazón, el intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos no envía el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, “lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe” y consta en la denuncia.

Para seguir sumando vetos, Méndez dio de baja la ordenanza que exigía que presente el presupuesto 2019. Algo que se volvió a solicitar por parte del Concejo local pero fue desoído en reiteradas ocasiones, así como los pedidos de informes sobre lo actuado por la Secretaría Administrativa y la entrega de mercaderías. Tampoco respondió el pedido de informe que requirió la primera ejecución trimestral del 2020 y de la Cuenta General del Ejercicio 2018 vencida. El pedido que requería informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue, los gastos por los corsos de 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019.

El último veto, y que le valió otra denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot, le negaba la ayuda económica solicitada por el Concejo a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.

Pero el jefe comunal además tiene una investigación en curso en la Justicia Federal que lleva el juez Carlos Martínez Frugoni, en una causa por evasión fiscal que sería de sus negocios particulares. Y se suma a una denuncia por violencia de género de su ex pareja y un par de intentos de remoción por parte de los concejales, que hicieron saber que esta semana irán por su destitución nuevamente. 

En 2017 Méndez ya había sufrido un juicio político en su contra que llevó hasta la Corte de Justicia de Salta, y allí durmió hasta caducar en el 2019. 

En Potrero a instancias de Auditoría

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó al intendente del Poterro, Carlos Mur Reynaga, como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.

La denuncia que originó la investigación fue realizada por el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, en relación al Ejercicio 2015 presentado por el mencionado municipio, de cuyo análisis surgen ciertos hechos que podrían constituir delitos con encuadre en el Código Penal Argentino.

Del informe de Auditoría definitivo, se concluye que el Ente Auditado ha incumplido con la Ley de Contabilidad- Decreto Ley N° 705/57, la Constitución de la Provincia de Salta, la Ley Provincial N° 7.103, la Ley 6.838 y la Ley N° 1.349 Orgánica de Municipalidades.

Del análisis surge que El Potrero no posee un sistema de registro contable integral, que incluya los subsistemas presupuestario, financiero, patrimonial y de gestión, de manera que permita llevar la contabilidad en legal forma y producir los informes financieros y de gestión pertinentes, relacionados al cumplimiento de la normativa vigente para la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

En las extensas observaciones realizadas por la Auditoría General, se detallan irregularidades vinculadas a la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2015, donde no se detalla el criterio de imputación de los recursos y gastos correspondientes, ni expone los recursos y gastos de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Reynaga fue acompañado de un defensor oficial y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.