Con el debate de la presencialidad de las clases lejos de estar zanjado, el gobierno porteño vuelve a ser protagonista de una situación cuestionable. En esta ocasión, la Cooperadora de la Escuela N°12 del Distrito Escolar 7 Facundo Zuviría, ubicada en el barrio de Flores, denunció que la administración de Horacio Rodríguez Larreta les informó que no enviará más insumos destinados a mantener los protocolos de cuidado sanitario. Tras la denuncia, las autoridades porteñas intentaron aclarar que en realidad enviarán fondos a las escuelas, pero que serán las cooperadoras de las propias instituciones las que deberán adquirir los insumos necesarios.

Las autoridades y docentes la Escuela N° 12 comunicaron la situación en una nota a las familias. Allí señalaron que “el Ministerio (de Educación) de CABA anunció que no cuenta con presupuesto y dejará de enviar insumos para combatir el covid-19”. Además, sostuvieron que la última partida que recibieron, la semana pasada, consistió en un bidón de alcohol y 30 barbijos para las 70 personas que se desempeñan dando clases.

De esta manera, el gobierno de la ciudad más rica del país les niega barbijos y alcohol en gel a los alumnos y docentes de sus escuelas públicas, al mismo tiempo que los obliga a asistir a clases presenciales sin tener todo el personal vacunado.

“Me indignó la noticia pero no me sorprendió por la violencia a la que nos somete el gobierno que no garantiza las condiciones ni de la presencialidad ni de la virtualidad”, expresó a Página/12 Andrea, ex integrante de la Cooperadora del Zuviría y madre de dos alumnos que acuden a la institución. “Es una muestra más de cómo gestiona el vínculo con las escuelas públicas y cómo desoye los pedidos de la comunidad educativa”, añadió.

Desde el gobierno porteño salieron a desmentir lo comunicado por el equipo directivo y docente de la escuela de Flores. Primeramente, negaron la situación informada y presentaron una planilla con fecha del 4 de mayo en la que se detalla la entrega de 30 barbijos, 15 difusores de alcohol líquido y 51 bidones de alcohol líquido a la Escuela Primaria Común N° 12 Facundo Zuviría.

“Lo que tengo de información concreta es de un equipo de conducción y docente que tiene mi apoyo y mi confianza, con una nota muy clara dirigida a la comunidad, aclarando y especificando acerca de una preocupación que tenemos todas las familias desde principio de año”, sostuvo Andrea. Y contó también que el 31 de marzo la cooperadora de la escuela debió comprar todo tipo de insumos ante la ausencia del Ministerio de Educación porteño, y agregó: “Quién debe garantizar las condiciones adecuadas para el cumplimiento de los protocolos es el gobierno de la Ciudad. Más que salir a desmentir, debería ocuparse de garantizar esas condiciones”.

Fuentes del Ministerio de Educación porteño, sin embargo, sostuvieron a Página/12 que desde el Zuviría “salieron a contar al revés” lo que, en realidad, es un nuevo Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria, destinado a las cooperadoras de todos los establecimientos educativos de la Ciudad. De este modo, se les entregaría un fondo anual --en dos pagos, uno en mayo y otro en septiembre--, calculado en función de la matrícula de cada escuela, para que cada establecimiento se encargue de la compra de los insumos de bioseguridad necesarios, con todas las demás acciones implícitas en el proceso.

El primer problema es que, si bien la nota que comunica a las instituciones educativas sobre este programa tiene fecha del 12 de mayo, la comunicación del Zuviría ocurrió el día anterior, por lo que no podrían haber “contado al revés” algo de lo que no tenían conocimiento. 

El segundo problema es que el gobierno porteño “está dejando de hacer un laburo que deberían hacer ellos y donde generarían equidad en la cantidad de elementos, para que las cooperadoras lo hagan de forma gratuita”, según explicó Andrés Alonso, ex presidente de la Cooperadora del Zuviría y actual presidente de la de la Escuela Media N°1 del D.E. 12 Julio Cortázar. “Se sacan un problema de encima y nos lo pasan a nosotros, para cumplir con protocolos con los que no estamos de acuerdo”, agregó. En este sentido, también Andrea se preguntó si no "sería más razonable que el gobierno que insiste en esquemas de presencialidad garantice las condiciones por igual”.

De esta forma, el gobierno porteño se desentiende de sus obligaciones con la justificación de que “las comunidades educativas conjuntamente con los equipos de conducción son los que pueden advertir de manera inmediata las necesidades diarias que tienen los establecimientos educativos”. Al respecto, Alonso sostuvo que “la cooperadora tiene que comunicar lo que es necesario en las escuelas para que un gobierno aparezca y lo ponga, no hacerlo de manera gratuita”. Sumándole a esto que la responsabilidad de cualquier error --al no ser profesionales ni especializados en la materia-- recaería en madres y padres voluntarios.

Otras cooperadoras también expresaron su malestar porque se les pretende delegar una responsabilidad del Estado local. “Es una jugada macabra como todo lo que hacen”, sentenció Alonso, añadiendo: “Seguro a ellos les sale más barato poner esta guita en nuestras manos para que hagamos su laburo, seguir reduciendo el presupuesto en educación y desentenderse de la logística de entrega que bastante mal les ha salido”.

Informe: Sofía Moure.