La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke pidió la elevación a juicio para nueve policías de la Comisaría 104, de la Subcomisaría de Grand Bourg y de Villa Asunción, acusados de haber violentado a un vecino de barrio Palermo 1 quebrándole la mandíbula. 

El vecino denunció que el 19 de diciembre de 2020, cuando caminaba junto a su amigo, frenó frente a ellos un móvil de la comisaría 104 de barrio Palermo I con cuatro policías que comenzaron a insultarlos, dijo que ellos hicieron “oídos sordos” y siguieron caminando, pero los efectivos los seguían “bardeando”.

Indicó que cuando el amigo les pidió que los dejaran de molestar, los policías se bajaron del vehículo y los siguieron hasta el domicilio de éste donde esperaron a que el móvil policial se fuera. Sin embargo, al lugar también llegaron otros dos móviles de la subcomisaría de Grand Bourg y de la subcomisaría de Villa Asunción.

Según se consignó en la denuncia, los efectivos patearon la puerta del domicilio donde se encontraban estos dos amigos, rompieron un vidrio con piedras e ingresaron contra la voluntad de la dueña de casa, ahí tiraron al piso al denunciante, lo esposaron y lo golpearon. Este aseguró que la familia trataba de que los policías se fueran pero que no hacían caso y seguían con los insultos. Contó que en la casa había niños asustados. 

Finalmente, el denunciante que relató fue subido a los golpes a uno de los móviles y que al llegar a la Comisaría lo tiraron al piso. Luego, se sumaron más policías y entre todos, lo patearon.

Después los policías llevaron al vecino al hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron doble fractura de mandíbula, se la inmovilizaron y le dijeron que necesitaba una prótesis de platino y medicamentos. Sin embargo, el denunciante afirmó que fue llevado a la Alcaidía y que no le dieron ninguno de los medicamentos indicados en el hospital y que no podía comer.

Investigación Fiscal

La fiscala Simesen de Bielke logró identificar a los policías que participaron en el operativo. Los cabos Santiago Delfín Jonatan Alcoba y María José Miranda, el sargento Aldo Daniel Chauque y el suboficial principal Leonardo Corrillo, de la Comisaría 104 de barrio Palermo I fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves y falsedad ideológica.

Los sargentos ayudantes Jorge Alfredo Guitián y Jorge Valdiviezo, junto al sargento Jorge Alberto Saracho, cumplían funciones en la subcomisaría de Grand Bourg; y el cabo Álvaro Guanca junto al agente Cristian Cruz, en la subcomisaría de Villa Asunción, todos fueron acusados de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves.

La acusación de falsedad ideológica se debe a que los efectivos labraron un acta en la que hicieron constar que la dueña de casa sí había autorizado el ingreso al domicilio, lo cual no sucedió según constató la fiscala.

Simesen de Bielke señaló que cuenta como pruebas de estas acusaciones con la declaración de la víctima, testigos del hecho, informes médicos y el estudio de imágenes. Para la fiscala se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.

El informe médico del Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicó que la víctima presentaba una fractura de mandíbula y que por las características de la lesión, sería compatible con traumatismo contuso, al golpearse o ser golpeado con o contra un elemento o una superficie dura, con un tiempo probable de curación superior al mes y de incapacidad laboral de entre 40 y 60 días. 

Pandemia y abusos policiales en 2020

Un informe de la Agrupación Hijxs Salta y de la Asociación de Pensamiento Penal relevó 17 casos de violencia institucional ejercida por la policía salteña en la provincia, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por Covid-19 solo desde el 19 de marzo hasta el 23 de junio.

Los abogados Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la APP e Hijxs han patrocinado algunas de estas causas que se han denunciado ante la Justicia. Plaza indicó que solo hubo avances en una causa judicial, del 26 de mayo pasado en la que el denunciante es José Mercado de la localidad de General Ballivián quien perdió un ojo tras el disparo de la policía a la cara. Este caso ya tiene 4 imputados y los policías están requeridos a juicio.

Mercado denunció que cuando se encontraba con sus hijos pequeños en su casa, un policía baja de un móvil y sin dar ninguna explicación salta con una patada pegándole al portón de ingreso de la humilde vivienda destruyéndolo e ingresando a la casa sin orden de allanamiento. Entre dos policías lo sacaron de adentro de su casa a la calle. Mientras el hijo de 6 años desde el portón que miraba todo lo que pasaba, entró en llanto. El denunciante luego de un forcejeo logró reingresar a la casa. Entonces, cuatro policías entraron a la vivienda y lo sacaron otra vez hasta la vereda, arrastrándolo media calle por el piso, propinándole golpes. El hombre indicó que en total había 5 policías, 2 en la moto y 3 en el móvil. Todos policías masculinos. En ese trayecto, uno de los efectivos efectuó un disparo, a corta distancia, impactando el proyectil (bala de goma) en su cara. Esto le produjo la pérdida del ojo, generándole un daño irreversible, en tanto perdió la vista. 

El informe, citando al CELS especificaba que la violencia institucional es ejercida contra grupos poblacionales especialmente vulnerabilizados y sobre los que recaen estigmas sociales. 

En lo que respecta al barrio Palermo de la ciudad de Salta, la militanta barrial Macarena Chosco consultada por Salta/12 indicó que conoce al menos otros dos casos de violencia policial. En uno de éstos dijo que hubo denuncia, y que la víctima contaba que fue golpeada por efectivos y que le quebraron el cráneo.