El gobierno porteño les está traspasando a las cooperadoras escolares la responsabilidad de comprar los insumos de bioseguridad para las escuelas. “Fuimos notificadas hace unos días sobre que recibiremos un monto de dinero, ‘un fondo de emergencia’, que el ministerio de Educación va a acreditar en nuestras cuentas. Esta semana, en reuniones que distintas cooperadoras tuvieron con la funcionaria a cargo de la Dirección General de Servicios Escolares, nos confirmaron que una vez que recibamos el dinero, ellos no mandarán alcohol ni barbijos: quedará a cargo nuestro”, dijo a Página/12 Mercedes Austral, delegada de las cooperadoras de la Comuna 13.

Tal como anticipó este diario, la primera parte de esta movida fue una resolución del 10 de mayo pasado. En ella se comunicó a las cooperadoras que recibirán una asignación “para solventar gastos relacionados a los elementos de protección personal” para “garantizar el desarrollo de las actividades presenciales”. Los fondos van a ser depositados en dos cuotas, una en el mes de mayo y otra en septiembre.

Las cooperadoras -integradas exclusivamente por las familias de la comunidad educativa- tienen como nexo con el gobierno porteño a la Dirección General de Servicios Escolares. “Es bastante difícil que nos reciban, pero algunas cooperadoras pudieron reunirse en estos últimos días con la funcionaria a cargo. Fueron a esas conversaciones preocupados por los alcances de la resolución, que tiene muchos grises, y salieron con una preocupación mayor, porque les confirmaron que, una vez que se acrediten los fondos, quedará a nuestro cargo proveer a las escuelas de elementos de bioseguridad. Por supuesto, esa es una tarea de la que se tiene que hacer cargo el Estado, no las familias”, agregó Austral.

En la resolución el gobierno porteño dejó escrito que seguirá garantizando la provisión de elementos de higiene. Nada dice, en cambio, de garantizar los de bioseguridad.  

Ante esta situación, las cooperadoras se convocaron a encuentros para poner en común la información que había recibido cada una y sentar una postura. Entre las madres, padres y abuelos que las integran la lectura es que, tras el envío de los fondos, presentado como una medida proactiva  para "fortalecer" a las cooperadoras, el gobierno porteño se está desligando de tareas que sólo él puede hacer. Así lo expresaron en un texto en el que pusieron en común su alarma y enviarán a la ministra de educación, Soledad Acuña.

“Las asociaciones cooperadoras cumplimos un lugar importante en la escuela, y durante toda la pandemia venimos ayudando a los equipos de conducción a realizar una serie de acciones que van desde la organización de tareas de la escuela (compra de insumos menores), organización de las viandas escolares, así como de detección de situaciones de las familias que requirieron mayor atención socio sanitaria. En ningún momento hemos dejado de colaborar con las escuelas”, señalan en la nota.

Luego advierten sobre la compra de insumos de bioseguridad: “No hemos sido consultados en ningún momento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre esta nueva responsabilidad que esta resolución nos impone”.

“Consideramos que las cooperadoras no estamos capacitadas ni es nuestra tarea, no contamos con el tiempo ni creemos que sea nuestra responsabilidad comprar materiales de bioseguridad que las escuelas requieren en esta pandemia”

Las familias se preguntan cómo podrían realizar una tarea que implica pedir presupuestos y elegir el mejor, asegurarse de que el alcohol y los barbijos cumplan las normas de calidad, responsabilizarse de la logística y del gasto de los recursos. Obviamente, la seguridad sanitaria de cada escuela no puede estar a cargo de las familias.

Finalmente, está el punto de la responsabilidad en el manejo del dinero, del que serán responsables los firmantes de cada comisión directiva. Sobre este tema, la resolución que le traspasa a las cooperadoras la responsabilidad de la compra de barbijos y alcohol señala que el dinero se enviará “tanto a las asociaciones debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación” como a “las pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus funciones”.