Tres policías están imputados, irían a  juicio, tras el pedido de la fiscal a cargo de la investigación. Se les atribuye haber golpeado y causado lesiones graves, entre éstas la perforación del intestino, a un hombre, en 2019 en el sector 6 A del barrio Democracia. 

La fiscala Verónica Simesen de Bielke imputó al suboficial mayor Marcos Andrés Singh, al sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y al agente Darío Alejandro Delgado por vejaciones calificadas ante el uso de la violencia y lesiones graves. 

Según la denuncia de la víctima, el pasado 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los policías patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial Singh, por inmediaciones del barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de la ciudad de Salta. En esas circunstancias los policías interceptaron al denunciante mientras estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas. Los policías lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron al Sector 6 A del barrio Democracia, donde lo golpearon y le causaron lesiones graves.

La fiscala determinó que esos actos constituyeron "un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, pues al encontrarse la víctima en estado de ebriedad, sus posibilidades de defensa, sumado a la superioridad en número de los efectivos policiales que acometieron contra su integridad física, resultaron de tal magnitud que le causaron una perforación en el intestino delgado y que por dicho cuadro, corrió riesgo de vida".

Simesen de Bielke consideró que había compatibilidad entre las manifestaciones de la víctima y de un testigo que estaba detenido el día de los hechos. Este hombre pudo observar como la víctima fue atacada por los efectivos policiales. Además, se indicó que habría otros testimonios. Para la fiscala, el accionar de estos policías es reprochable porque son "funcionarios" y "deben velar por la seguridad de los ciudadanos".

Además, Simesen de Bielke tuvo en cuenta que el reglamento policial para el uso de la fuerza pública se encuentra regido por una serie principios; entre ellos, la “racionalidad”, y especificó que por ende debe apelarse a ello ante circunstancias específicas "por lo que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención".

Los reproches del ministro 

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, fustigó ayer a la fiscala Simesen de Bielke por haber criticado a los policías. El funcionario recordó que además de cumplir funciones de prevención, la Policía trabaja en investigaciones para los fiscales, por lo que interpretó que si se cometen hechos de violencia policial, lo hacen bajo las órdenes de fiscales. 

"Si esa policía haciendo investigación es criticada por los mismos fiscales, entonces ellos están criticando su trabajo. Algo están haciendo mal los fiscales", sostuvo el ministro antes de asegurar que Simesen de Bielke "se está tirando tierra ella misma" cuando critica a la policía. 

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y feministas emitieron comunicado de repudio a "las expresiones públicas en este contexto del militar retirado Juan Manuel Pulleiro, actual Ministro de Seguridad", especialmente porque sostuvo que la fiscala tiene animosidad al investigar a sus subordinados. 

Las organizaciones recordaron que se han denunciado graves conductas de violencia institucional perpetradas por personal de las fuerzas policiales de Salta. "Todos los denunciantes han sido víctimas o testigos de delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia, tortura entre otras graves violaciones a los derechos Humanos", contextualizaron las organizaciones. Consideraron que las declaraciones de Pulleiro, obstaculizan la investigación que lleva adelante la fiscala "por estos hechos aberrantes que vulneran los derechos fundamentales de las personas víctimas del personal policial a su cargo y en el ejercicio de sus funciones".

Y añadieron exigencias: "que no se ampare ni se proteja a los responsables de estos hechos lesivos a la dignidad humana, por parte del Ministerio de Seguridad y que se deje trabajar y actuar con la debida diligencia a la fiscal Dra. Simensen de Bielke". 

Además, pidieron que se investigue, se sancione a los autores de estos delitos y se dé una reparación adecuada a las víctimas de violencia institucional, además de la capacitación en buenas prácticas en materia de derechos humanos tanto para el titular del Ministerio de Seguridad como para toda la fuerza policial de Salta.

Que funcione el Comité contra la Tortura

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sigue sin funcionar en la provincia porque falta que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia,  a cargo de Ricardo Villada, lo oficialice. 

"Que el Estado Provincial ponga de inmediato en funcionamiento el Comité contra la Tortura, como órgano de contralor, seguimiento y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos salteños", sostienen en el comunicado de repudio a Pulleiro, distintas organizaciones sociales de Salta. 

Además, la delegación de Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expresó "preocupación por el retraso que lleva la oficialización del Comité Para La Prevenciónde la Tortura".

La violencia institucional es definida por el INADI como "un fenómeno complejo que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta las formas más extremas de violencia como la tortura física y psicológica o el asesinato". 

Por ello el INADI sostiene que cuando se habla de discriminación, racismo y xenofobia se hace hincapié en el reconocimiento de un conjunto amplio de prácticas, discursos y procedimientos sociales e institucionales que, sobre la base de pretextos o asignación de atributos, dan como resultado la restricción de los derechos de las personas. "Entre esas prácticas se encuentra el hostigamiento y maltrato institucional -violencias-, ejercido con particular virulencia sobre los grupos históricamente discriminados. Por todo ello sostenemos que es fundamental el trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales en materia de prevención de la violencia institucional, teniendo en cuenta que muchas veces son los marcos regulatorios emitidos por los gobiernos los que habilitan a las fuerzas de seguridad a ejercer prácticas vulneratorias de los derechos y garantías de las personas", manifestó el organismo.

Enfatizó asimismo en la necesidad del diseño de estrategias institucionales para la prevención de la violencia policial y para la promoción del respeto a los derechos humanos, para que sean reconocidos y ejercidos por todas las personas. Además, consideró necesario el fortalecimiento de la justicia para sancionar a las personas responsables de este tipo de delitos y reparar a las víctimas, "rompiendo el patrón común de la impunidad".