La ONG Mujeres Tras Las Rejas y la Asociación Pensamiento Penal -capítulo Santa Fe- plantearon "preocupación" ante un pedido fiscal de elevar a juicio una causa contra una mujer en estado de vulnerabilidad, por el intento de robo de una bicicleta, hace un año. En ese sentido, cuestionaron la política de persecución penal aplicada al caso y hablaron de “juicios de clase y género: frecuente y lamentablemente observamos la realización de procesos penales en contra de mujeres pobres por hechos que cualquiera consideraría insignificantes. Estructuralmente ignoradas por el Estado, ausente durante toda su vida, que interviene para perseguirlas con el fin de aplicarles una pena", expresaron sobre el caso de N.R., quien está presa hace diez meses en la Unidad 5 y será llevada a juicio oral y público el 1 de junio. Apuntan a la aplicación de salidas alternativas al juicio oral.
Desde ambas asociaciones --que manifestaron interés en constituirse como amicus curiae en la causa--, expresaron que se trata de "una mujer en situación de calle, que pasó su infancia en un hogar de huérfanos, que tiene 7 hijxs, 5 de los cuales se encuentran al cuidado de su madre, y otros 2, con abuelas paternas, debido a que ella no cuenta con las herramientas para poder hacerse cargo y los padres permanecen ausentes. A las claras, hablamos de una ciudadana en estado de vulnerabilidad", reprocharon en una nota dirigida al fiscal Gastón Avila.
La preocupación que plantearon en el escrito también tiene que ver con "la negativa de aplicar un criterio de oportunidad a este tipo de causa y por el contrario, decidir llevarla a juicio oral". Al mismo tiempo, consideraron "que el hecho en cuestión viola la exigencia constitucional de respeto por el principio de lesividad, de racionalidad, de uso del poder punitivo como última ratio y de no discriminación por razones de género"; por lo que apuntaron a la necesidad de aplicación de "las 100 Reglas de Brasilia" y a que "el fiscal debería buscar una forma alternativa a la resolución de este conflicto; no sólo por la trascendencia del hecho que se achaca a N.R sino porque al hablar de que se considera vulnerable (conforme las reglas de Brasilia), buscar resoluciones alternativas al litigio contribuye a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad", aseguraron.
También plantearon: "Sin pretender inmiscuirnos en la política criminal del MPA, observamos con gran preocupación que se dediquen recursos para investigar hechos como el presente y que esos recursos no sean volcados, por ejemplo, al esclarecimiento de los múltiples homicidios que diariamente sufre la comunidad. En este sentido, parece menos razonable aún que esta causa llegue a la instancia de juicio oral, la que en ciudades como la nuestra de elevados índices de violencia, narcotráfico, lavado de activos y corrupción de funcionarios públicos, debería reservarse para el debate de tales situaciones, que son graves y realmente ponen en peligro la paz social".
En el mismo texto, consideraron que "el pedido de pena de dos años, unificado en cinco años de prisión efectiva, resulta irracional e infundado". Además, lamentaron que en el expediente "pueden leerse declaraciones que evidencian la mirada y el accionar patriarcal que se utilizó en su contra".
Para las asociaciones, "la Fiscalía cuenta con herramientas legales para aplicar la racionalidad que, en algunas ocasiones, no demuestran las víctimas. Tal es el caso de los llamados criterios de disponibilidad de la acción penal o criterios de oportunidad. Resulta más penoso aún saber que N.R ofreció la suma de $1.500 a modo de reparación por el daño causado, daño que no es material porque la bicicleta fue recuperada instantánea e inmediatamente y en el mismo estado de conservación".
N.R se encuentra presa hace 10 meses. "El encierro, como es esperable, la ha afectado de manera negativa, ocasionando un deterioro innecesario y evitable en su persona", cierra la presentación.
