La defensa de la libertad religiosa se ha transformado, de diferentes formas, en una de las principales estrategias del activismo conservador para confrontar el avance de los derechos sexuales y reproductivos en distintos escenarios nacionales y transnacionales. Los sectores más conservadores de distintas tradiciones religiosas consideran que las demandas de los movimientos feministas y por la diversidad sexual, en tanto portadoras de un “secularismo radical”, lesionan dicha libertad. Este viraje expone una especie de camuflaje por el cual la defensa de derechos que buscan proteger la libertad religiosa o de conciencia de determinados individuos también tienen como propósito confrontar la legitimidad de las legislaciones que amplían los derechos sexuales y reproductivos. 

En este contexto, no es sorprendente que la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral (2006) haya dado lugar a la politización de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas bajo el eufemismo de la libertad religiosa y el reduccionismo de sostener que las religiones son las únicas proveedoras de discursos éticos. Si bien esta discusión atrasa más de un siglo retorna de maneras estratégicas y refinadas. Ya no se defiende la educación católica en las escuelas sino la posibilidad que “todas las religiones tengan su espacio” (palabras del ministro Esteban Bullrich) para dar lugar, obviamente, sólo a aquellas que tienen los recursos materiales y simbólicos para realizarlo (la educación religiosa en Salta es un claro ejemplo en este sentido). Frente al derecho a recibir educación sexual que instaura la ley, los sectores más conservadores politizan la familia (como espacio exclusivo) y la enseñanza religiosa (como estrategia de resistencia). 

La pregunta es, entonces, por qué un ministro de Educación se proclama a favor de la enseñanza religiosa en un país de tradición laica. Por supuesto que se pueden arriesgar distintas interpretaciones, desde las biográficas a las coyunturales, pero creo que Wendy Brown propone una que parece atinente ya que excede el caso argentino: el neoliberalismo en tanto racionalidad del mercado precisa del neoconservadurismo en tanto racionalidad moral. Mientras el estado fragiliza el sostenimiento de los principales servicios públicos fortalece, según la autora, su rol de guardián moral. A ello se agrega que un Estado que busca desprenderse de la educación o la salud se vuelve cada vez más dependiente de las instituciones religiosas como prestatarias de estos servicios. Esta afinidad entre neoliberalismo y neoconservadurismo la experimentamos claramente en los 90 cuando el discurso de un Estado mínimo y privatizado iba acompañado por un estado moralista y alineado con los sectores más conservadores a nivel nacional e internacional. 

Afirmar la necesidad de incluir la enseñanza de “todas las religiones” en la escuela pública (sea como proyecto o como mera fantasía) podría implicar no sólo la intensificación política del neoconservadurismo moral sino también un paso más en el proceso de desmantelar la educación pública.  

* Juan Juan Vaggione es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba/Conicet.