A cuatro años y medio del crimen de Jimena Salas, atacada el mediodía del 27 de enero de 2017, cuando estaba en su casa del barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, el juicio que se sigue contra los dos únicos imputados por hechos colaterales entró en su etapa final, con los alegatos de las partes. Si algo quedó claro de las exposiciones, es que la investigación prácticamente no aclaró nada, y en este debate tampoco se pudo avanzar mucho para dar con los autores materiales del crimen, que siguen sin ser identificados. La sentencia se conocerá el próximo miércoles.

En una extensa jornada, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscala Ana Salinas Odorisio y los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Gustavo Torres Rubelt, pidió 12 años de prisión para Sergio Vargas, el vendedor ambulante acusado como partícipe secundario, y 5 años y seis meses para el viudo Nicolás Cajal Gauffín, imputado por encubrimiento. 

La abogada del niño, Marta Aguilar, quien participa del juicio como querellante en representación de las hijas de Salas y Cajal Gauffín, adhirió a los pedidos de condena de la Fiscalía y añadió el pedido de que se le quite la responsabilidad parental al viudo.

También hubo una manifestación de familiares de Vargas y de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) pidiendo por su libertad y en reclamo de justicia por Salas.

Tanto lxs fiscalxs como las defensas de Vargas y Cajal Gauffín reconocieron la complejidad de esta causa.

Y hubo un reconocimiento implícito de las falencias en la investigación. La fiscala Salinas Odorisio incluso apuntó contra el primer fiscal, Pablo Paz, que fue apartado de esta causa, a quien le reprochó que no hubiera preservado el cuerpo de la víctima, que fue cremado a las 72 horas del asesinato. 

Ramos Ossorio dijo que se trató de un crimen inusual, cometido un viernes al mediodía en un barrio tranquilo, y mencionó que Jimena fue asesinada con 57 puñaladas en presencia de sus dos hijas pequeñas. 

Al momento de hablar de los acusados, consideró acreditadas las intervenciones de ambos. Sobre Vargas, que terminó involucrado en esta causa porque el día y la hora del crimen anduvo por el barrio vendiendo puerta a puerta, dijo que ofrecía "un solo par de sandalias que encima habían sido compradas por su suegra". "Con este elemento entabló diálogo con Jimena Salas", aseguró, a pesar de que ningún testigo declaró que el hombre hubiera hablado con la víctima. 

A Cajal Gauffín la acusaron de encubrimiento por no haber informado que en la casa había un maletín que supuestamente contenía dinero y estupefacientes. Ayer en los alegatos la Fiscalía aseguró que eso fue acreditado, pero en las audiencias ni la Policía Federal ni el personal de la AFIP logró establecer precisiones respecto a qué contenía el maletín y si realmente tenía algo al momento del crimen. 

La misma Fiscalía terminó ayer solicitando que se envíe copia de los legajos de investigación sobre este tema a la Fiscalía Federal para que se investigue a Cajal Gauffín respecto a esta hipótesis de que los asesinos buscaban lo que había en ese maletín. En el lugar del asesinato se encontraron rastros de sangre de dos atacantes, denominados Hombre 1 y Hombre 2, Salinas Odorisio sostuvo que buscaban "sustraer lo que él ( Cajal Gauffín) tenía en el maletín". 

Luego la fiscala aseguró que el viudo "no se concentró en el cuidado de las niñas", que pasaron de estar encerradas en un baño (donde las dejaron los atacantes), a una habitación y después al auto. 

Asimismo, adujo que en vez de asistir a sus hijas, el hombre se puso a hacer llamados por teléfono, que no avisó a la policía que la niñera Paula Torres era la última persona que vio a Salas, que no buscó en sus cosas de valor qué le faltaba, que no informó que la alarma no funcionaba desde el día anterior. "¿Será casualidad?", interrogó. 

"La acusación fiscal es una mentira"

El abogado Pedro Arancibia, defensor de Cajal Gauffín, aseguró "lo del maletín es una falacia" y remató: "La acusación fiscal se basa en una mentira". 

Sobre la acusación, aseguró que no se configura el delito de encubrimiento en ninguna de sus modalidades, porque la figura exige que se establezcan los motivos o intereses personales que llevarían a ocultar información. "¿Por qué el concubino encubriría el crimen de su propia esposa sin tener un interés en ello?", cuestionó antes de insistir en que la Fiscalía no logró establecer qué interés tendría en ocultar. Para el abogado, el interrogante "es quiénes y por qué asesinaron a Jimena Salas". 

En cuanto al maletín, Arancibia sostuvo que su defendido informó que tuvo dinero, pero años antes, porque ahí guardaba las sumas que retiraba del banco del crédito Procrear.  

En cuanto a los cuestionamientos por la cremación del cuerpo, dijo que era la supuesta voluntad de la víctima. Para el abogado, también es una "falacia" que lxs fiscales afirmen que "se hubieran podido descubrir cosas que ahora no se pueden" y que no expliquen qué se hizo mal en la autopsia médico legal realizada. "La entrega del cuerpo se hizo sin condicionamientos", indicó Arancibia. 

El defensor dijo que lxs fiscales reconocieron haber elevado la causa a juicio porque se vencía el plazo y de lo contrario iban a tener que dictar el sobreseimiento. Además, sostuvo que hay "responsabilidad de la jueza de Garantías 5 (María Edith Rodríguez" por haber permitido que se haya imputado sin evidencias. 

En este sentido Arancibia recordó que antes, los fiscales Paz, Ramiro Miralpeix, Pablo Rivero y el mismo Ramos Ossorio no encontraron elementos para acusar al viudo y que luego la acusación se hizo sin que la investigación aportara nuevas pruebas. Aseguró que hubo una "mala praxis", que algunos testimonios fueron reinterpretados, y acusó a lxs fiscalxs de prácticas indebidas, de haber realizado imputaciones sin motivos. Reprochó que desde el Ministerio Público Fiscal se desinformó y difamó, además cuestionó la exposición  de la vida íntima del viudo. 

En cuanto a la falla de la alarma un día antes del crimen, Arancibia dijo que un informe detalló que se debió a deficiencias de la conexión de internet. Y consideró que en su estado de shock no se le podía exigir al viudo que informara esto. 

Asimismo, sostuvo que la fiscalía intentó instalar que Cajal Gauffín manejaba sumas de dinero de origen espurio, de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, manifestó se demostró que no incrementó su patrimonio. 

Sin nexos entre los acusados

Los abogados Luciano Romano y Marcelo Arancibia, a cargo de la defensa penal de Vargas, repasaron el recorrido de su defendido el 27 de enero, y aseguraron que no se logró establecer nexos entre Vargas y Cajal Gauffín, tampoco entre Vargas y el hombre que fue visto por otros vecinos con un perro caniche y que ingresó a la casa de Salas y es el principal sospechoso de haber obrado como actor material. 

Los defensores ratificaron que el hombre vendía de manera ambulante cuando no tenía otros trabajos de albañil o plomero y que esta es una actividad que desarrollaba desde que se encontraba con su última pareja, Iris Fabián. Señalaron que diversos los testigos que vieron a Vargas ofreciendo un par de alpargatas y de sandalias de niñas. 

Respecto al delito que se le imputa, afirmaron que no hay pruebas y que Vargas no debió ser imputado solo por haber estado en el barrio San Nicolás. Manifestaron que Vargas no negó haber estado en Vaqueros, y lo único que han podido señalar los testigos es su presencia en el lugar pero ninguna vinculación delictiva. Señalaron que Vargas anduvo a cara descubierta, al mediodía y que preguntaba por mujeres, usando el nombre de sus exparejas como una estrategia para vender. Marcelo Arancibia consideró que hay miles de maneras de marcar un domicilio, y que esta exposición no sería congruente con una actividad delictiva. 

"La sociedad espera que les proporciones elementos claros, serios y convincentes", manifestó. Destacó que el crimen de Jimena Salas a cuatro años y medio continúa impune, además dijo que es un crimen complejo que la Fiscalía no ha logrado resolver ni dar una respuesta a las hijas de la mujer. 

"A Vargas se lo privó de su libertad sin justa causa", manifestó Arancibia. Insistió en que no se probó cuál es la cooperación que habría brindado, en qué contribuyó al crimen de Salas y cuál fue su aporte imprescindible.

"Damos fe: era vendedor ambulante"

En las afueras de la Ciudad Judicial la FOB se movilizó para pedir por la libertad de Vargas y justicia por Jimena Salas. El referente Fernando Corregidor, contó a Salta/12 que Vargas es su compañero en la organización social y trabajaba cocinando junto a las mujeres en un comedor comunitario en el barrio San Calixto hasta que lo detuvieron, dijo que esperaba poder ingresar a un programa social. 

"Trabajó con nosotros, conocemos a su familia, su historia", manifestó. "En el juicio se han vertido un montón de versiones sobre la participación de él, primero como autor, después como campana, ya lleva casi dos años detenido y no tienen ni una sola prueba contra él", aseveró. 

Dijo que alrededor de 2018 que Vargas se acercó a la organización, y consideró que un hombre que hubiera estado implicado en un delito como el que le imputan y que haya recibido una recompensa por ello no habría recurrido a pedirles trabajo. 

"Damos fe de que era vendedor ambulante. Cuando le llegaba alguna mercadería salía a venderla, si le salía una changa de albañil salía a hacerla", aseguró.