Colombia deportó este martes al dirigente social Juan Grabois, quien formaba parte de una una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos humanos en medio de la represión a las protestas que siguen sacudiendo al gobierno de Iván Duque. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció además que fue agredido por el personal de migraciones del aeropuerto internacional de Bogotá y lo subieron a un vuelo con destino a Lima, Perú. La delegación argentina informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, había sido "demorado" por asumir la defensa de Grabois al momento de ser retenido. La idea de la misión es permanecer en Colombia hasta el dos de junio y visitar, además de Bogotá, otras ciudades que acumulan múltiples denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad como el caso de Cali.

"Cuando realizaba el ingreso migratorio saltó una alerta en el sistema y fui derivado a una supervisora que me informó que se me denegaba el ingreso. Solicité que se me informe la causal, me indicaron que debía retirarme del lugar y me llevaban a un lugar desconocido", relató Grabois desde la mesa de entradas de la puerta de embarque donde permaneció retenido a la espera de un vuelo de regreso a Argentina.

"Habida cuenta de las violaciones de derechos humanos que ya sucedieron en Colombia, nuestro protocolo acordado con congresales colombianos era que siempre estuviéramos acompañados por un abogado, un testigo. Solicité la presencia del abogado Jalil y en ese momento el personal de seguridad se puso muy agresivo", aseguró Grabois, que es además miembro del ministerio social y ambiental del Vaticano. Los llevaron a ambos a la fuerza a "una puerta sin conexión con el resto de las instalaciones, donde fui agredido a través de empujones y un golpe en el rostro por dos funcionarios de migraciones".

Grabois destacó que otros funcionarios más calmos le denegaron el acceso por considerar que su presencia "era una amenaza para la seguridad del Estado colombiano". Cuando pidió reconsiderar la decisión, le respondieron que no. Poco después, el mismo Grabois contó en su cuenta de Twitter que lo subían a un vuelo con destino a la capital de Perú. "Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!", manifestó.

"Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto", explicó uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa del movimiento Patria Grande, desde Bogotá. Por su parte el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, criticó la decisión del gobierno de Iván Duque. "Grabois es miembro del Consejo Asesor (Dicasterio) del Papa Francisco y muy cercano al presidente Alberto Fernández. ¡Qué error!", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron, cientos resultaron heridos y 129 permanecen desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que todavía persiste.