Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe tiene el problema de que la sala de audiencias es muy chica para cumplir el protocolo sanitario en pandemia. El 20 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo decretó el confinamiento en el país, suspendió el juicio por la persecución al último jefe del PRT en Santa Fe Catalino Páez (a su familia y a nueve compañeros de militancia) hasta el 3 de junio. La causa es conocida como Chartier por el apellido de uno de los imputados. Y el jueves, decidió pasar el debate al “modo semipresencial” con restricciones que sorprendieron a la querella, a los organismos de derechos humanos y al Programa de Protección a Testigos. La acordada “dejó sin efecto” la inspección judicial al D2, donde operaba el grupo de tareas –y vivía en la planta alta el jefe de Policía de la provincia-, que iba a ser la primera al sitio, en 14 juicios de lesa humanidad que se realizaron en Santa Fe desde 2009 hasta ahora. Ordenó a las partes limitar la cantidad de testigos “a los estrictamente necesarios” bajo “apercibimiento” de que si no cumplen la reducirá “de oficio”. Y dispuso que a partir de ahora, a la sala sólo asistirán los jueces, víctimas y testigos: los abogados deberán participar “en modo virtual o remoto”. El plan “es reducir al mínimo el riesgo de contagio” por covid, argumentó el Tribunal.

Las restricciones escandalizaron a sobrevivientes del terrorismo de estado. "Detrás de esto –dijo uno de ellos a Rosario/12- lo que se pretende, aunque no lo digan, es achicar la lista de testigos, que no hablen más de 40 minutos, que es lo que tampoco dicen y que lo hagan sin los abogados que los patrocinan. Yo lo interpreto como una estocada al proceso de memoria, verdad y justicia”. Otro de sus compañeros –que participó como querellante en otros juicios- lo consideró como “un ataque al derecho de justicia de las víctimas. Estuvieron 40 años sin habla y ahora las apuran. Además pretenden que los testimonios no tengan más de 40 minutos y esto es lo que no se atrevieron a escribir”.

En las primeras dos audiencias por la persecución a los militantes del PRT en marzo y abril de 1980 –que no eran más que activistas gremiales y políticos-, el juicio reveló el secuestro y la persecución a 16 niños y niñas desde 15 años a 18 meses. Uno de ellos, Mario Páez, hijo de Catalino, que tenía 14, estuvo secuestrado en el D2 casi dos meses. Y sus cuatro primos: una adolescente de 15 años y sus hermanitos: Miguel, de 8, Santiago de 5 y Rodolfo, que era más chico fueron rehenes más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada. Los cuatro eran sobrinos de Catalino y recién pudieron declarar en este juicio. “Yo tenía 15 años”, les dijo Graciela a los jueces. “Yo tenía 8”, les contó Miguel.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario –que es querellante- coincidió que “la situación sanitaria es grave”, pero “eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de memoria, verdad y justicia. Hace más de cuatro décadas que las victimas esperan este momento tan importante de reparación histórica”. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe adhirió al reclamo y consideró que las restricciones que impuso el Tribunal “son una vulneración al derecho de las víctimas y una fuerte afectación al juicio en su conjunto”.

La APDH le solicitó al Tribunal –integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella- que “mantenga la inspección judicial en el D2” (en San Martín y Obispo Gelabert), que operaba como un centro clandestino de la patota, porque “la medida se puede hacer sin violentar la normativa sanitaria” y “en horarios no laborales”. "Las inspecciones judiciales -planteó el Programa de Protección a Testigos- son parte esencial de la tramitación de los efectos de la tortura, dado que la oportunidad que representa para las víctimas regresar al lugar donde fueron perpetrados sus padecimientos, ahora en posición de testigos y ante la Justicia, significa para las mismos un acto de reparación del que no se las puede privar”. Por supuesto que avalaron "que se realicen en el marco de la pandemia y con todos los cuidados y condiciones necesarios”.

En cuanto a la cantidad de testigos, la APDH ya desistió de tres de ellos que son “testigos de concepto”, pero requirió al Tribunal que mantengan los “testigos directos, familiares y dos que explicarán el contexto en el que operaba el terrorismo de estado en Santa Fe”, sobre todo la persecución a trabajadores y militantes sindicales.

Cuando los sobrevivientes se enteraron que debían testificar “en soledad” y sin sus abogados cerca porque ellos lo harían “de modo virtual”, eso originó “muchas sensaciones negativas y de angustia”, dijo la APDH.

El Programa de Protección a Testigos adhirió al pedido de la APDH, para que los abogados estén presentes en los testimonios. El acompañamiento es importante porque ellos "reviven la sensación de extrema soledad" y las "escenas traumáticas que atravesaron cuando el Poder Judicial era parte del aparato criminal". 

“Todo testimonio que en su momento fue ofrecido y se aceptara, es necesario”, dijo el coordinador del Programa, Oscar Pellegrini. “No puede primar aquí la premisa del discurso jurídico que contemplara como suficiente lo escuchado hasta la fecha”.

“Tampoco se puede banalizar el acto de testimoniar aduciendo que alguien que ha sido vulnerado en su vida por hechos de semejante magnitud se tenga que referir acotadamente en su relato sólo a lo que se investiga y se ajuste a hablar sólo de ello. Se piensa lo relatado como un fragmento, con suerte a veces como un rompecabezas que “entre todos” se va completando. Entonces, en determinado momento pareciera ser “más de lo mismo”. En realidad, la condición particular de estos testimonios hace que cada detalle relatado por quien toma la palabra en condición de testigo, sea como un holograma, es decir: en cada parte está el todo”, concluyó.