Las organizaciones sociales vienen construyendo circuitos alternativos de producción, distribución y consumo. Ese universo denominado economía popular y solidaria, tiene como uno de sus eslabones las comercializadoras que en un trabajo de hormiga, fueron enlazando pequeños productores y cooperativas con un amplio abanico de consumidores. 

Esos circuitos de comercio sólo excepcionalmente tienen lugares físicos de venta directa al público, siendo habitual el pedido vía redes y la distribución casa por casa o por puntos donde los consumidores organizados retiran la mercadería en conjunto. Esas formas alternativas de distribución adquirieron un fuerte impulso durante la pandemia, donde las medidas de aislamiento favorecieron los circuitos de comercio no presenciales.

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) viene realizando un seguimiento del costo de la canasta básica alimentaria en Organizaciones de Comercialización y Consumo Social, Solidario y Popular (OCyC) de CABA y AMBA. Los mismos son comparados con los precios online promedio de grandes supermercados de la región (IPS-CESO) y la medición de la canasta alimentaria que mide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, se puede monitorear la eficiencia en materia de precios de la economía social frente a las formas tradicionales de venta y también su evolución en el tiempo (inflación).

El costo de la canasta alimentaria en abril de este año fue de 10.715 pesos para la OCyC, 10.871 pesos para los supermercados y 11.197 pesos según el IPC-CABA. Es decir, los circuitos de comercio generados por las organizaciones sociales son competitivos respecto a los tradicionales. Estos circuitos generan mercados a productores que conforman la base de la pirámide social, permitiéndole romper circuitos perversos donde los intermediarios los someten a un intercambio desigual. La canasta es competitiva y, además, le mejora los ingresos y condiciones de venta a los productores.

En materia de inflación, el informe del CESO muestra que no hay diferencias significativas en la evolución de los precios en el tiempo entre las distintas canastas. En los últimos 10 meses el promedio de inflación mensual en la ESSyP y en los supermercados es similar 3,73 y 3,75 por ciento, respectivamente. Hecho que muestra que el problema inflacionario atraviesa por igual a actores tan diversos como grandes supermercados o circuitos de comercios de la economía popular.

Aún así, las comercializadoras de la economía social pueden ser aliados claves a la hora de sostener políticas públicas de venta de productos a precios determinados. Sus motivaciones grupales ancladas en la búsqueda de disminuir desigualdades sociales parecen más favorables a respetar acuerdos de precios, que grupos económicos cuya lógica exclusiva está guiada por la búsqueda de ganancias. Por otro lado, toda política que fomente su expansión tendrá un impacto económico mucho más amplio, ya que su beneficio queda distribuido en asociaciones, cooperativas y pequeños productores y no en empresas extranjeras que giran dividendos al exterior.

@AndresAsiain