Desde Santa Fe
La vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Norma Ríos declaró esta semana en el juicio a seis ex policías de la provincia imputados por el secuestro y torturas al último referente del PRT en Santa Fe, Catalino Páez, a su esposa, su hijo de 14 años y ocho compañeros de militancia, entre febrero y abril de 1980. En tres semanas de audiencias, el debate reveló una trama de crueldad infinita porque para capturar a Catalino, el grupo de tareas se ensañó con sus hermanos, Miguel y María Ceferina, y con 16 niños de las tres familias, que fueron secuestrados, abandonados o esclavizados. Mario Páez –hijo de Catalino- cumplió los 15 en el centro de torturas del D2, donde estuvo cautivo dos meses. Y los cuatro hijos de Miguel, la mayor de 15 y los más chicos de 8, 7 y 5 años fueron rehenes un mes y medio en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), otra prisión que operaba el Ejército. “Nunca me voy a explicar por qué Víctor Brusa no es juzgado en este juicio ya que todas las víctimas lo nombran”, les dijo Norma a los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe al plantear que en el proceso falta la pata judicial. Brusa cumple una condena unificada de 23 años de prisión en tres causas, pero en su casa, desde diciembre de 2018.
Ríos fue propuesta como testigo por la ADPH –que es querellante en la causa- para que repase el contexto de la persecución a Páez y a sus compañeros, que eran trabajadores del Frigorífico Nelson, ferroviarios y uno de ellos supervisor en Acindar, en 1980, cuando el PRT ya no existía. “El objetivo de la dictadura era cambiar el modelo económico”, pero el “obstáculo” era la “clase trabajadora”, que antes del golpe de 1976 “obtenía el 50% de la distribución de la riqueza”, explicó. “Y esa reducción de los ingresos sólo la pudieron conseguir con un genocidio, desaparecidos y el robo de niños”.
“Todos los obreros de esta causa eran parte de los que debían quebrar, destruir y echar de sus lugares trabajos”, precisó Norma. “Pero para aterrorizarlos y quebrarlos”, el terrorismo de Estado martirizó a los más vulnerables, que eran sus hijos. Las 16 niñas y niños de 14 años a 18 meses. “Sin duda lo lograron, porque hoy a 41 años de la persecución, hay gente que nunca llegará a un juicio”.
Norma explicó que Páez y sus compañeros fueron perseguidos por ser “delegados gremiales, militantes políticos, por tener una identidad política y defender al país frente a una dictadura feroz. Ellos se oponían a la miseria planificada que avanzó en la destrucción del tejido social, que nos ataca hasta el día de hoy. El terror aplicado en forma sistemática para generar la disolución social”. Y para eso “necesitaban destruir la organización de los trabajadores, que se consolidó con los burócratas-empresarios y los entregadores de sus propios compañeros”.
Catalino y los demás militantes “luchaban contra la dictadura, algo que no hicieron muchos, porque pagaba y paga más ser amigos y convivir con los genocidas, aún sabiendo quiénes son”, agregó.
Al profundizar sobre el ataque del terrorismo de Estado a los niños y niñas, Norma recordó que “490 nacieron en cautiverio y mataron a sus madres para robarlos. Hasta ahora fueron recuperados 106”. El plan sistemático demostró que eran “las primeras víctimas”, los “secuestraban y entregaban a familias amigas para que se criaran como niños de una sociedad que no tuviera nada que ver con sus padres, que no sintieran ni pensaran como ellos, sino como sus enemigos”.
Dijo que en su archivo encontró un escrito con una pregunta: “¿Los niños de la época de la dictadura serán guardianes de la memoria o contribuirán a silenciar el relato sobre el pasado? Bueno, estoy muy feliz. Porque esta causa me da la respuesta, como me la dan los hijos y los nietos. Hoy, son hombres y mujeres que vinieron acá (ante el Tribunal) a testimoniar qué les pasó cuando estuvieron secuestrados en centros clandestinos o en comisarías, donde fueron esclavos sexuales o de trabajo”, recordó Norma. “No me puedo olvidar de Mario Páez, un niño de 14 de años que tenía que escuchar: ‘Hacé lo que te digo o no la vas a contar’, mientras veía todo lo que vio. Las víctimas cuentan del uno al diez por ciento de lo que vieron. Nuestras cabezas no están preparadas para escuchar tanto horror. No hay palabras que puedan decir lo que esa gente pasó”.
“El Estado ni siquiera llegó a la instrucción de esta causa con todas las víctimas”, criticó Norma. En el juicio se juzgan hechos contra once de ellas, pero los testimonios en las audiencias ya duplicaron ese número. “Sí hay que agradecer una cosa. Estos niños no fueron empalados, asesinados y tirados al mar como el Negrito (Floreal) Avellaneda o al Río de la Plata como Pablo Míguez. No mataron a Juana (la esposa de Catalino) para robarle a su hija, como pasó con María Pía Klotzman Barral, nieta 103 recuperada en el año 2011. María Pía vivía con la identidad cambiada, apropiada por la prestigiosa entre comillas familia Kerz, de Santa Fe. Ahí donde viven ustedes”, en el casco histórico de la capital.
“Las víctimas tienen derecho a la justicia”, planteó Ríos. “Los trabajadores que están en esta causa, sus esposas, sus hijas y sus hijos, que fueron secuestrados y torturados en 1980, cuando ya habían asesinado a 22.000 personas en la Argentina”.
“Escuchamos en este juicio, 41 años después, el testimonio de niñas abusadas y de niños violentados. Se necesitaron 41 años. Y que el abogado de la APDH, Federico Pagliero –que es querellante con su colega, Anabella Marconi- fuera a la casa de aquellos niños y niñas a explicarles que podían conseguir justicia, que hay jueces que los iban a escuchar y fiscales que los iban a ayudar. Que tenían derecho a contar lo que pasaron y hacer justicia para los compañeros y para ellos mismos”, finalizó Norma.
