“Ante la extrema gravedad de los hechos denunciados”, una de las víctimas del intendente de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz (61), pidió al Concejo Deliberante de esa localidad que se convoque a una sesión especial para tratar el apartamiento provisorio del funcionario público y además, recusó a Ester Guaraz, hermana del jefe comunal y presidenta del CD, para que no participe de esa sesión, debido a que su juicio podría verse viciado.

El pedido fue solicitado ayer por Shirli Cordero, quien denunció a Guaraz por acosarla sexualmente. La solicitud se hizo por recomendación de su abogada, Natalia Páez.

“Recuso formalmente a la Presidenta del Concejo Deliberante toda vez que se encontraría incursa en las inhabilidades para el ejercicio del cargo que describe”, afirma Cordero en el escrito, que le fue presentado al concejal Mario Orlando Páez. Con este fin menciona el artículo 21 de la Ley 4046 que establece situaciones particulares, como inhabilidad de los parientes de segundo grado. “Cuando se produzca el caso contemplado en este inciso se proclamará al que figure en la lista que hubiere obtenido mayor cantidad de votos”.

El documento aclara que conforme lo estipula la ley citada, por su relación de hermana con el denunciado intendente, “su juicio puede ser viciado de parcialidad y ausencia de objetividad”. El Concejo Deliberante de Bañado de Ovanta cuenta con sólo 3 concejales. 

En segundo término la denunciante pide que se convoque a una sesión extraordinaria en el CD con el fin de "tratar en el orden del día el apartamiento provisorio de su cargo al actual intendente hasta tanto se expida la justicia en virtud de la extrema gravedad de los hechos denunciados y que son de público conocimiento”.

La abogada Natalia Páez dijo a Catamarca/12 que Guaraz fue denunciado por su asistida en los términos del artículo 119 del Código Penal en el marco del artículo 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, “que establece como violencia de género la violencia sexual por acoso. También en marco del decreto nacional 2385/93, que define el acoso sexual de un funcionario público”, explicó. La pena que le cabría en este caso al intendente sería de entre 6 meses a 4 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercicio de la función pública.

Asimismo, la letrada contó que la denunciante "es acosada por Elpidio Guaraz desde hace cinco años”, y agregó que  tiene todas las pruebas necesarias para fundamentar la situación. “Ella se siente hoy con mucho temor porque son de público conocimiento las características de la personalidad de Guaraz y aparte de eso, no quiere que esté más en la Municipalidad porque ese ámbito de poder sólo lo está ejerciendo para favorecer su situación y aprovecharla para acosar a las jóvenes del pueblo. Desde este punto de vista Shirli presentó este pedido para que se lo aparte”, resaltó.

Al referirse a la necesidad de apartamiento y de imputación inmediata del funcionario señaló: “No estamos frente una persona que realmente nosotros podamos entender sus condiciones psíquicas, psicológicas porque todo nos indica que no son las correctas para llevar a cabo un municipio. Si podemos analizar un poco lo que sucedió con la otra denunciante, que tenía 15 años cuando comenzó a seducirla y mi defendida apenas 20, podemos ver que se trata de una persona que padece algún tipo parafilia o pedofilia. En este caso hablo de la efebofilia que es un deseo sexual donde estos sujetos sienten preferencia hacia jóvenes muchos menores o púberes”, aclaró.