Entre 1976 y 1977, autoridades del cementerio de la localidad correntina de Empedrado enterraron en una fosa común cinco cuerpos sin nombre. Habían sido hallados en el río Paraná por pescadores de la zona y compartían características: estaban maniatados con alambre, desnudos, con un tajo grande en el abdomen, las yemas de los dedos cortadas y signos de ejecución.

Eso se sabría muchos años después, cuando organismos de derechos humanos y la Unidad Fiscal especializada en lesa humanidad locales empezaron a tirar de la piola para dar con la identidad de esos restos. El trabajo, que comenzó hace casi 20 años y sigue, permitió el hallazgo de otro cuerpo más y la identificación de tres de ellos: eran Rómulo Artieda, víctima del Centro Clandestino RI 9 Corrientes; Carlos Terenzcuk, secuestrado y encerrado en la Jefatura de Resistencia de la Policía del Chaco y Julio “Bocha” Pereyra, caído en lo que se conoce como la Masacre Margarita Belén.

“Con las identificaciones comprobamos que la práctica era sistemática, que los genocidas usaban el río para ocultar pruebas, para enterrar los cuerpos y que no aparezcan”, puntualizó Marisa Sanauria, militante histórica de la temática en Corrientes, trabajadora de la Fiscalía de la provincia y una de las responsables en el impulso de una convocatoria, que junto a las Unidades de Derechos Humanos del Ministerio Público de Resistencia y Corrientes, y las fiscalías federales de las ciudades de Reconquista y Goya lanzaron a principios de mes para dar con testigos que hayan visto cuerpos sin vida en las aguas del Paraná, que sepan de enterramientos clandestinos, que hayan oído historias. 

“El tiempo pasa y necesitamos apurarnos para poder seguir identificando cuerpos, acudimos a lo que siempre tuvimos de nuestro lado: la memoria del pueblo”, señaló Sanauria en diálogo con este diario a propósito de la convocatoria que lanzaron para reunir más testimonios sobre la descarte de cuerpos de víctimas de la última dictadura militar en el Nordeste argentino en el Río Paraná.

El trabajo, que cuenta con el aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense, es una coordinación de sectores del Ministerio Público de cuatro zonas diferentes apostadas en las cercanías de la costa norte del Paraná involucradas en la Subzona 2.3 de la distribución que el Ejército aplicó al territorio nacional durante la última dictadura cívico militar. La iniciativa convoca a quienes “conozcan y deseen” a aportar información “sobre cuerpos y/o restos de desaparecidos” de la última dictadura cívico militar “que hayan sido arrojados al Río Paraná entre los años 1975 a 1980”; también solicitan datos de “sepulturas en cementerios próximos a éste u otro lugar en alguna localidad de la costa o en zona rural o isla”.

El objetivo es poder hallar más cuerpos ya que tienen “la certeza” de que “fueron muchos los que eliminaron” arrojándolos a las aguas, aseguró el fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Resistencia, Diego Vigay.

Según lo reconstruido a lo largo de los años, “logramos reconstruir que existió una práctica similar a los vuelos de la muerte, pero sin aviones ni helicópteros. Creemos que con barcos”, añadió Vigay. Sanauria insistió en que “los genocidas de la zona no necesitaban los aviones si manejaban la Prefectura”.

El puntapié

Sanauria lleva el comienzo de la línea de tiempo en el conocimiento de esta sistemática de exterminio de víctimas de la última dictadura en el Nordeste argentino a 1984. Entonces, la Bicameral que se había constituido en Corrientes Capital para reunir información sobre los crímenes de lesa humanidad todavía frescos recibe la denuncia de un poblador “ermitaño” de Empedrado, Tito Cheme, que advierte que en 1976 y 1977 “varios cuerpos” habían sido descartados en las aguas del Paraná y enterrados como NN en el cementerio local. Ése es el primer dato que la Comisión de Derechos Humanos, organismo de derechos humanos de la provincia, encuentra cuando empieza a rastrear datos sobre el tema en diarios de la época. Era 2004, “supimos por los diarios que Cheme se habÍa acercado a la Bicameral, que la Bicameral había ido al cementerio, que el Cementerio había entregado partidas de defunción. Y nada más. El trabajo fue de hormiga e involucró a la fiscalía y al EAAF. Halalron partidas de defunción de cuatro cuerpos NN, con el nombre testigos y de un médico que revisó a esos cuerpos antes de ser enterrados. “Otto Manzolillo fue fundamental porque nos contó las características de esos cuerpos, de que estaban maniatados, tajeados en la panza para que se hundieran, con las huellas digitales cortadas, con tiros de gracia en la cabeza o el pecho”, describió Sanauria. La búsqueda del EAAF, en 2006, dio con cuatro cuerpos NN enterrados en ese cementerio. La identificación del primero sucedió en 2007: se trataba de los restos de Rómulo Artieda. Por entonces, su hermano había iniciado la querella para investigar su secuestro y desaparición en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, en 1977. Recuerda Sanauria que “eso allanó el camino, movió el avispero en el pueblo y la gente empezó a hablar. Unos pescadores comenzaron a compartir lo que habían vivido, que habían visto pasar cuerpos en el agua, mucho más que cuatro cuerpos”. Pero quedó ahí. 

El siguiente paso se dio recién en 2014, cuando llegó la identificación del “Bocha” Pereyra, desaparecido en la Masacre Margarita Belén cometida el 13 de diciembre de 1976. Entonces, “todos los ojos volvieron a Empedrado”, indicó Sanauria. La identificación involucró a la Fiscalía de Resistencia en el tema. “Nos dimos cuenta de que los cuerpos no eran solo de Corrientes, y solo de un centro clandestino, sino que era zonal. Definieron ambas empezar a tomar testimonio a los pescadores. Se recopilaron relatos de siete personas que vieron cuerpos, avisaron a las fuerzas de seguridad y recibieron “amenazas y malos tratos” por eso, apuntó Vigay. “Las identificaciones fueron muy reparadoras. Sabemos que pueden haber otros cuerpos y que se puede llevar esa misma reparación a otras familias, queremos hacerlo, es nuestro deber”, sostuvo Vigay, quien insiste en que “la convocatoria nos permite abrir puertas para dar con más caminos que nos lleven a esos hallazgos nuevos”. La investigación, impulsada por las cuatro fiscalías, no cuenta con responsables penales sino que “apunta a dar con la verdad”, sumó Sanauria. Quien tenga información, puede enviarla a los siguientes correos: Unidad de Derechos humanos de Corrientes: [email protected]. Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Chaco: [email protected] [email protected]ía Federal de Reconquista, Santa Fe: [email protected]ía Federal de Goya, Corrientes: [email protected]