Con críticas al Estado provincial, por la insuficiente capacitación a la policía, "en función de la necesidad de contar con más efectivos, contra la inseguridad", los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón justificaron su propio fallo que absolvió a una agente del Comando Radioeléctrico y dictó leves condenas a otros cuatro efectivos, por el crimen de Jonatan Herrera. "Hay hechos y circunstancias que quedaron en la duda", reza el decisorio que pretende argumentar la liberación de la policía Gladys Galindo, por falta de pruebas en su contra. En el caso de Ramiro Rosales, sindicado por uno de los disparos mortales, dijeron que no se probó la intención homicida y lo condenaron a seis años y ocho meses, por homicidio culposo (mató sin querer). Sobre las circunstancias que provocaron la muerte, aseguran que el accionar policial fue "desordenado y poco profesional". Y dejaron un mensaje: "Resulta indispensable hacer saber al gobierno provincial y al Ministerio de Seguridad las cuestiones expuestas para que tomen nota a los fines de maximizar la calidad, profesionalidad y eficacia de las fuerzas de seguridad, con el objeto de evitar que a futuro se repitan situaciones trágicas".

"Está más que claro que fue la policía la que mató a mi hermano, no fue un accidente, no fue un error, como dicen los jueces. Entendemos que no hubo abuso de armas de parte de los otros policías, sino una tentativa de homicidio. Mi hermano no era un peligro para ninguno de ellos. No vamos a entender nunca y creemos que hay complicidad entre jueces y fiscales. Es terrible cómo se manejó la causa. Es increíble que todavía no sepamos quién le disparó en la cabeza a mi hermano. Llegaremos a las ultimas consecuencias", prometió Julieta Riquelme.

Tras las justificaciones que los llevaron a tomar una decisión que afectó fuertemente a la familia de la víctima, el pasado 6 de abril cuando se conoció el veredicto, los jueces le hablaron a los funcionarios provinciales y se refirieron a los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que el 4 de enero de 2015 bajaron de un colectivo, cuando habían terminado su servicio, para "colaborar" con la persecución del Comando Radioeléctrico a un ladrón que acababa de robar una juguetería a pocas cuadras de donde Jonatan lavaba su auto, en barrio Tablada. La intervención provocó una balacera policial que terminó con la vida del pibe de 23 años. "Fueron promovidos con escasos 6 o 7 meses de cursado en la Escuela de Policías, con solo 3 o 4 prácticas de tiro, cuando para ello, deberían cumplir con un curso de dos años y la consiguiente aprobación de las materias correspondientes". La crítica tiene que ver además con que ello se dio "en función de la necesidad de la provincia de contar con un mayor número de policías para poder responder a las necesidades de la sociedad ante la creciente ola de delitos e inseguridad existente", reza el voto de Zvala. "Este juzgador no desconoce la real existencia del panorama social, pero a los efectos de dar respuesta al mismo, las autoridades provinciales deberían proceder con mayor cautela y estudio para la problemática, a los efectos de reducir toda posibilidad de que la solución a implementar pueda tener efectos negativos o contraproducentes, como ocurrió en el hecho, donde personal joven, inexperto y con insuficiente capacitación ha intervenido en un enfrentamiento armado y ha contribuido con su accionar en el irreparable resultado", lanzó.

 

"Está más que claro que fue la policía la que mató a mi hermano, no fue un accidente, no fue un error, como dicen los jueces.

 

Curto, en tanto, fue el primero en dar su opinión y apuntó a que los acusadores (Fiscalía y querellas) no lograron explicar "cómo Galindo participó de la detención del ladrón y a su vez de los disparos hacia Herrera, en un momento temporal diferente". Para el magistrado, las pruebas producidas en la audiencia "contradicen la posición de los acusadores". Indica que en un lapso de 44 segundos, la secuencia de disparos fue una. Y atribuye esa versión a la declaración de "la mayoría de los testigos". Consideraron que le relato que apuntó a que la bala "rozó el cráneo de la víctima, rebotó en la pared de atrás y cayó al suelo" es parte de "elucubraciones" del perito, ya que él mismo habló de "cierta probabilidad de verosimilitud". Curto aseguró que no fue probado que el disparo del cráneo haya sido realizado por la oficial del Comando, ya que la fiscalía dijo que partió de su arma porque la bala fue la única encontrada detrás del cuerpo del chico, y que la dirección desde donde partió pertenecía a Galindo. Desacreditan esa versión, también, teniendo en cuenta que la escena del hecho fue modificada por los propios agentes al levantar vainas.

Sobre Rosales, los magistrados coincidieron en que "no se probó la intención homicida". Para Curto, los acusadores no respondieron a la pregunta de las defensas acerca de cuál fue el motivo para descender del colectivo y matar a Jonatan. Además, si bien la Fiscalía habló de un disparo por parte del ladrón, para los jueces no quedó claro por qué tres de los imputados alegaron que el joven les disparó a ellos y que repelieron el ataque. "Demasiados disparos para una sola bala", dijo Curto.

Sin embargo, destacaron que Rosales mostró "gran desprecio por la vida ajena", con una actitud "irresponsable". Y lamentaron que ninguno de los imputados mostrara arrepentimiento. Sobre el accionar de los condenados por abuso de armas a penas de 3 años y 8 meses de prisión (para quienes los acusadores pedían entre 12 y 14 años por tentativa de homicidio), los jueces aseguraron que "nada los autorizaba a descender del colectivo y desenfundar sus armas".

Además, dieron por probado que dos de los disparos que recibió Jonatan fueron mortales, "pese al esfuerzo de la defensa de Rosales por decir que con una rápida atención el disparo que ingresó por el muslo, no habría provocado la muerte".